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Nicaragua: el presidente Daniel Ortega llama a un diálogo nacional para el 27 de febrero

Un hombre mira una transmisión del presidente nicaragüense Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 21 de febrero de 2019.
Un hombre mira una transmisión del presidente nicaragüense Daniel Ortega, en Managua, Nicaragua, el 21 de febrero de 2019. Oswaldo Rivas / Reuters

Tras casi un año de protestas, el presidente puso fecha a un nuevo diálogo “para fortalecer la paz”, que contaría con empresarios, y el cardenal y el arzobispo de Managua. Sin la liberación de detenidos, la oposición desconfía de este paso.

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso reanudar un diálogo nacional el próximo miércoles 27 de febrero, que contaría con menos actores negociadores, “sin multitudes” ni “terroristas”, y no sería televisado, ya que “eso no es correcto en una negociación”.

Este anuncio llega casi un año después del inicio de las protestas en abril de 2018, y meses después de que Ortega, de forma unilateral, abandonara en julio un diálogo con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que tenía como mediador a la Conferencia Episcopal nicaragüense y que en ese entonces era retransmitida a todo el país.

La nueva reunión contaría, a priori, con el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, y un gran grupo de empresarios nacionales, cuyos nombres están aún por confirmar y con los que el sábado ya habría iniciado una primera conversación, “para hablar del tema de la estabilidad, la seguridad, la paz, el tema económico” porque de “allí salen los temas políticos”.

Mientras que Alianza Cívica, de cara a este diálogo, ha anunciado la conformación de un equipo negociador; y el Ejecutivo espera revelar a sus negociadores, los que sí estarán son el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el dirigente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham).

Un diálogo “para fortalecer la paz” versus "liberación de presos políticos"

Según el mandatario, en una próxima mesa de diálogo estaría en juego “fortalecer la paz” y buscar una “nueva ruta” a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua: “(Negociar) la consolidación de la paz en nuestro país para construir ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el pueblo nicaragüense se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del fallido golpe de Estado de abril”.

Sin embargo, ese sería el gran punto de discrepancia con la oposición, que no solo ha pedido elecciones anticipadas y transparentes, sino también el reconocimiento de más de 300 muertos en el marco de las protestas, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos y otros tantos que terminaron en el exilio. Sin la puesta en libertad de los “presos políticos”, la oposición no confía en unas verdaderas negociaciones.

Tanto esta misma oposición, como otros sectores del país, reclaman al Gobierno sandinista hacer caso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pide la liberación de los manifestantes, así como el fin de la represión y la garantía de libertades públicas.

Una garantía puesta en duda, luego de que este lunes el granjero Medardo Mairena que se había manifestado en contra de Ortega fuera condenado a 216 años de cárcel, pese a que una disposición en la ley nicaragüense limita las sentencias a 30 años.

A ojos de Ortega, las protestas ocurridas entre abril y julio, contra las reformas al sistema de seguro social, fueron una conspiración para expulsarlo de un cargo que ostenta desde 2007, pero que entre 1979 y 1990 ya había tenido en sus manos, siendo el político que más tiempo ha sido presidente.

Y aunque el 22 de ese mes terminó por revocar dichas reformas, los organismos humanitarios siguen denunciando las “ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores” que se produjeron después.

En ese sentido, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó este 22 de febrero “la criminalización de la disidencia en Nicaragua”, con arrestos a líderes de la oposición, activistas, estudiantes, campesinos y periodistas que “dificultan claramente la creación del entorno propicio para mantener el diálogo genuino e inclusivo que el Gobierno dice querer”.

"Es un principio fundamental de la democracia que personas de todos los sectores de la sociedad puedan participar libremente en el debate sobre el futuro de su país, sin temor a ser arrestados o intimidados", expresó Bachelet.

Según fuentes del diario El País, todas las partes podrían reunirse en los próximos días para concluir las condiciones de este diálogo e iniciar una invitación a organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Unión Europea, que actuarían como observadores.

Con EFE y Reuters

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