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Colombia: ¿Por qué quieren objetar el tribunal de paz?

Víctimas del conflicto armado colombiano conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, el 10 de diciembre de 2018.
Víctimas del conflicto armado colombiano conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, el 10 de diciembre de 2018. Raul Arboleda / AFP

El presidente Iván Duque debe decidir antes del 11 de marzo si aprueba la ley estatutaria de la Justicia para la Paz, un tribunal creado en las negociaciones con la exguerrila de las FARC para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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La política colombiana atraviesa un momento convulso. Antes del 11 de marzo el presidente del país, Iván Duque, deberá decidir si avala o no la ley estatutaria de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, uno de los pilares de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno del hoy expresidente Juan Manuel Santos con la exguerrilla de las FARC en 2016 y que pusieron fin a un conflicto armado de seis décadas.

El tribunal juzga de manera especial a exintegrantes de las FARC, miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que participaron en el conflicto y que voluntariamente colaboran con el esclarecimiento de la verdad y la restitución de las víctimas a cambio de penas menos severas.

A pesar de que la jurisdicción está en funcionamiento desde marzo de 2017, cuando se convirtió en norma constitucional, aún hace falta que el Gobierno colombiano sancione el proyecto de ley estatutaria de la JEP, que sería el que determinaría su funcionamiento. Pero existe todo un debate político alrededor de la implementación de esa normativa.

Varios sectores políticos, empresariales y académicos han solicitado al presidente Duque que objete el proyecto de ley por considerar que pone en riesgo que las víctimas puedan obtener una justicia real y que sean reparados. Encabezando el debate figura el senador del partido Centro Democrático y expresidente, Álvaro Uribe.

El líder del actual partido de Gobierno considera, entre otros aspectos, que los casos de delitos sexuales contra menores deberían ser juzgados por la llamada Justicia ordinaria, que los integrantes de las Fuerzas Armadas no deberían ser sometidos a la JEP y que se permita la extradición por aquellos crímenes cometidos después del 1 de diciembre de 2016, fecha límite fijada para juzgar dentro de la JEP los delitos llevados a cabo en el marco del conflicto.

Por esos motivos se prevé que el presidente colombiano objete la ley estatutaria, algo criticado por la oposición: "Hay sectores dentro del Gobierno, sectores dentro del partido Centro Democrático que tienen reales intereses de hacer trizas el Acuerdo de paz, a través de distintas decisiones de política pública, aseguró a France 24 en español Juanita Goebertus, congresista por el Partido Alianza Verde.

Juanita Goebertus alerta que el Acuerdo de paz en Colombia está en riesgo

El presidente, que ha expresado en distintas ocasiones su voluntad de modificar los Acuerdos de paz, tiene distintas opciones: firmar el proyecto -aprobado con anterioridad por el Congreso y la Corte Suprema-, oponerse a este en su totalidad, o bien, a algunas de sus partes a través de mecanismos llamados objeciones por inconveniencia política.

La JEP seguirá funcionando con o sin la aprobación del presidente

En los últimos meses se ha abierto en el país un debate sobre si el presidente puede o no objetar un texto de ley ya aprobado por la Corte Suprema. "En principio todas las leyes pueden ser objetadas por el presidente de la República", aseguró a France 24 el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Manuel Charry.

Pero cabe destacar que, aunque el presidente no dé su visto bueno a la ley, la JEP continuaría existiendo, pues el sistema judicial ya forma parte de la Constitución colombiana.

"El hecho de que el presidente objetara la ley no pone en riesgo la Jurisdicción especial de Paz. Ya existe, establecida en una reforma constitucional del año 2017. (...) No estaría en riesgo la existencia de la JEP, sino uno de sus elementos jurídicos que es su ley estatutaria", asegura Charry.

Víctimas del conflicto armado colombiano conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, el 10 de diciembre de 2018.
Víctimas del conflicto armado colombiano conmemoran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Bogotá, el 10 de diciembre de 2018. Raul Arboleda / AFP

"La falta de credibilidad de la JEP también se expresa al interior de los excombatientes"

Sin embargo, y a pesar de que la JEP siga adelante, si el proyecto de ley no llega a pasar el filtro del presidente, la jurisdicción especial quedaría sin un marco normativo que determine qué penas imponer a los culpables y de qué manera reparar a las víctimas.

Para algunos esto significa un debilitamiento del proceso de paz, pues muchos exactores del conflicto dejarían de presentarse ante la Justicia por miedo a la falta de una normativa que determine las penas a cumplir: "La falta de credibilidad de la JEP también se expresa al interior de los excombatientes de las extintas FARC, de los militares y de los civiles que se han acogido a ella", aseguró a France 24 un exasesor de la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo de paz.

También preocupa que por ese motivo, exintegrantes de las FARC que se desmovilizaron y entregaron sus armas, pudieran unirse a las disidencias de la antigua guerrilla y que los esfuerzos para esclarecer la verdad sobre los crímenes cometidos quedaran frustrados: "En medio de todo quedan las víctimas más débiles, sin saber la verdad porque los victimarios tienen pocos incentivos para declararla", insiste la fuente de la Comisión de Seguimiento.

¿Cuáles son los diferentes escenarios posibles para la ley estatutaria?

En caso de que Duque rechace el proyecto de ley, ya sea total o parcialmente, el Senado y la Cámara de Representantes deberían decidir si aceptan dichas objeciones. En caso de que una de las cámaras aceptara la objeción, el proyecto de ley o las partes de este resultaron objetadas, quedarían suprimidas.

Luego los congresistas deberían enviar una nueva versión del proyecto de ley para que la Corte Constitucional lo revisara y el Alto Tribunal reenviaría el texto nuevamente para que fuera aprobado por el presidente. En caso de negarse, la responsabilidad pasaría entonces al presidente del Congreso.

Por otro lado, si la Cámara y el Senado rechazaran la objeción, Duque debería firmar el proyecto de ley, de oponerse a ello, la responsabilidad recaería, de la misma forma que en el caso anterior, en el presidente del Congreso.

La discordia, una herida abierta durante el plebiscito sobre el proceso de paz

El debate acerca de la Ley estatutaria de la JEP refleja una profunda polarización que divide al país, forjada, en gran medida, durante la campaña del plebiscito de 2016, en el que los colombianos debían decidir si daban o no su apoyo a los Acuerdos de Paz y en el que finalmente triunfó la apuesta por el 'No' con una leve mayoría. Finalmente, los acuerdos fueron aprobados meses más tarde por el Congreso.

Para Charry el actual debate se debe a la falta de legitimidad política con la que fueron aprobados los acuerdos: "El Gobierno anterior impuso la negociación de paz con las FARC con las mayorías gubernamentales y no se acudió a lo que acá se llama pactos o acuerdos nacionales, donde todos los partidos se ponen de acuerdo e impulsan en la misma dirección".

Por otro lado, el reciente escándalo que protagonizó Carlos J. Bermeo, fiscal de la JEP, al ser detenido por presuntamente recibir sobornos millonarios a cambio de influir en el retraso de la extradición del excomandante de las FARC, Jesús Santrich, acusado por narcotráfico en 2018, ha sumado más leña a la hoguera.

En caso de que Iván Duque decidiera finalmente objetar el proyecto de ley, sería la primera vez en la historia de Colombia en que un presidente se negara a firmar una ley ya aprobada por la Corte Constitucional y por el Congreso.

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