La falta de prevención y el impacto de la corrupción impiden a Perú hacer frente a las lluvias

“Se emitió un aviso sobre el caudal del río Tumbes. Es muy probable que sigan las lluvias, y que por lo tanto que siga creciendo el caudal del río”, explicaba en una radio peruana un funcionario del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) a inicio de semana.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ya había emitido la alerta roja y recomendó a las autoridades "activar planes de emergencia".

Desde que empezaron las lluvias en diciembre del 2018, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que depende del Ministerio de Defensa, contabilizó hasta este inicio de marzo 19.272 afectados, 6.796 damnificados, 172 heridos y 71 fallecidos.

"Estamos soportando picos altos, descargas de fuertes lluvias y los ríos están creciendo de una manera no continua, explica Juvenal Medina, director de Preparación de Indeci. El río Tumbes inundó sobre todo el sector agrícola, sin afectar viviendas. Lo cual no desmerece el impacto en el sector económico de las poblaciones, pero es un impacto menor comparado a otros años".

En términos de infraestructura, este año, 7.608 viviendas fueron afectadas, .2221 son inhabitables y 457 fueron destruidas. Además, 27 puentes colapsaron y 39 quedaron afectados.

Sobre la pregunta de por qué Perú padece siempre de las lluvias, el director de Preparación de Indeci reconoce que es un "problema viejo".

"Tenemos un crecimiento muy centralista y desordenado. Los gobiernos locales se ven desbordados frente a estas situaciones de lluvias. Debemos sensibilizarlos y acompañarlos en el manejo de crisis pero no solo eso, sino también sobre el hecho de que deben cumplir con la gestión de riesgo para que no se generen más situación de vulnerabilidad", explica Medina.

El costo de la no prevención y de la corrupción

El continente americano es el que sufre más de la no prevención en términos de pérdidas económicas frente a desastres climáticos: asumió el 53% de pérdidas económicas mundiales entre 1998 y 2017, según un reciente estudio publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres y por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres: 'Pérdidas Económicas, Pobreza y Desastres, entre 1998 y 2017'.

Las pérdidas humanas en el continente americano representan el 15% del total mundial, mientras que Asia asume el 53%.

"Estas cifras nos deberían alertar. ¿De qué manera nos estamos protegiendo?, ¿de qué manera se integra la obra pública y la prevención en los ministerios de economía o en el sector privado?", reflexiona Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, con sede en Panamá.

Según el mismo informe, las inundaciones representan el 43% de los desastres climáticos en las últimas dos décadas a nivel mundial y 2.000 millones de personas fueron afectadas por estos mismos eventos.

Salazar añade que el principal problema en nuestra región tiene que ver con la gobernanza.

"La falta de credibilidad genera desconfianza. La debilidad institucional no permite hacer frente a fenómenos crecientes. El impacto de la corrupción en la gobernanza impide que se apliquen las medidas de prevención en desastres", subraya el oficial de Naciones Unidas.

Un lento proceso de prevención

Para el sociólogo Gilberto Romero Zeballos, director del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), una institución que existe desde los años ochenta en Perú, los gobiernos no tomaron en serio esta situación.

"Ningún gobierno asumió la prevención. No existe una cultura institucional de la prevención. Se trabaja en minimizar los riesgos en el día a día y a corto plazo", analiza.   

Desde febrero 2011, Perú tiene una ley que crea el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, promulgada por el gobierno del entonces presidente Alan García, actualmente investigado en el caso de corrupción Lava Jato.

Esta norma especifica que "las entidades públicas deben priorizar la programación de recursos para la intervención en materia de gestión del riesgo de desastres".

El plan nacional de gestión del riesgo de desastres se lanzó para que se cumpliera con la política nacional de la gestión de riesgo de desastres del 2014 al 2021 y reducir la vulnerabilidad de la población.

Juvenal Medina, en el cargo de director de Preparación de Indeci desde abril del 2018, reconoce que si bien existe el marco legislativo, aún no se termina de implementar del todo la ley del 2011 y que los cambios de gobierno han afectado la implementación:

"Nos falta trabajar más. La ocupación del territorio no debe ser tomado a la ligera. Y tenemos que sensibilizar a los funcionarios para evitar que permitan malas construcciones".

Para Raúl Salazar, de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, si bien hay un avance en el sistema nacional de gestión de desastres, no es suficiente.

"Existe una gran brecha entre lo que se planifica a nivel nacional y las capacidades a nivel local, municipal o regional", dice.

Perú suscribió el Marco de Sendai en 2015, un acuerdo internacional con el que los países se comprometieron en entender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza para la gestión de estos, invertir en la reducción de riesgos y aumentar la preparación para una mejor reconstrucción, hacia el 2030.

"Existen ejemplos de prevención en nuestra región que se deben rescatar como Argentina que integró en su marco legislativo una gestión integral con autoridades locales; o como Colombia que integró en su política de concesiones de contratos que integren la reducción de riesgos; o El Salvador que lanzó un proceso de obras públicas que consideran deslizamientos de terrenos y por último Chile que sistematiza el conocimiento científico y permite generar procesos de evacuación de grandes poblaciones", comparte Salazar.

Inundaciones más intensas y frecuentes

"Tenemos eventos climáticos desde hace siglos. Sin embargo, los eventos climáticos extraordinarios han aumentado en frecuencia", explica a France 24 Gilberto Romero Zeballos, director del Predes.

El fenómeno de 'El Niño' es conocido por los pescadores desde finales del siglo XIX explica el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en su página web. Este se traduce por un incremento de la temperatura del mar a lo largo de la costa norte.

Romero recuerda que hubo un fenómeno de El Niño muy intenso en 1925, luego pasaron 58 años hasta que se volviera a registrar un fenómeno de tal magnitud en 1983.

"El último fenómeno de El Niño ocurrió en 1998. Pasaron menos de veinte años, hasta el año pasado, en 2017 con el Niño Costero para que nos volvieramos a acordar de las lluvias inusuales", observa. "Este año tenemos un evento inusual que fueron las fuertes precipitaciones en la costa sur del Perú, algo parecido al Niño Costero. Pero además, llegaron las lluvias que corresponden al fenómeno de El Niño en el norte del país".

Este año, el Senamhi anunció que el estado de alerta de El Niño, era de magnitud débil. Sin embargo, no descartó la posibilidad de fuertes lluvias en la costa norte: "para el mes de marzo la ocurrencia de lluvias más intensas de lo normal, más no extraordinarias como en los años 1983, 1998 o 2017".

"Los propios campesinos dicen que ya no llueve como antes. Y esto afecta sus cultivos y su actividad. Por lo que hay una necesidad de adaptación climática y eso se traduce por una migración de la sierra a la selva y por una deforestación", añade Romero al preguntarle sobre el impacto del cambio climático.

A nivel global, el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres analizó que en 2018 los eventos meteorológicos extremos dejaron 61,7 millones de personas afectadas.