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Colombia: Presidente Duque objeta ley esencial para la continuidad del proceso de paz en el país

El presidente colombiano Iván Duque anuncia las objeciones a la JEP en una alocución pública
El presidente colombiano Iván Duque anuncia las objeciones a la JEP en una alocución pública Presidencia de Colombia vía EFE

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció que objetará seis puntos de la ley estatutaria que regula la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La ley ya había sido aprobada por la Corte Constitucional.

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El presidente colombiano, Iván Duque, decidió oponerse "por inconveniencia" a seis puntos de la legislación que ordena la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano de justicia transicional creado en los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos por los participantes en el conflicto armado.

Las objeciones tocan puntos clave en el funcionamiento de la JEP. Por ejemplo, Duque objetó los artículos 150 y 153, que definen el mecanismo para extraditar o no a los victimarios sometidos a la jurisdicción. El presidente colombiano opinó que la ley actual puede causar impunidad dado que la extradición está sujeta a que los acusados digan la verdad sobre los hechos del conflicto armado.

También objetó el párrafo 2 del artículo 19, donde se establece que los exguerrilleros que no sean "máximos responsables" de crímenes de lesa humanidad puedan evitar severas penas a cambio de ofrecer la verdad sobre los hechos. Según Duque, esa "renuncia a la acción penal constituiría impunidad".

Según Duque, estas reformas tienen el objetivo de garantizar "de forma genuina la verdad, la justicia" y construir "una paz que una" a los colombianos. El presidente aseguró no estar "ante un choque de trenes", como se llama en Colombia a las confrontaciones entre los máximos órganos de justicia o entre estos y el ejecutivo, y reconoció a la Corte Constitucional como "guardiana de la carta política".

Las objeciones devolverán la ley estatutaria al Congreso colombiano, donde el presidente difícilmente contará con mayorías para aprobarlas. El mandatario subrayó que su voluntad es "buscar consensos", aunque sus modificaciones recogen las propustas que han hecho los críticos del proceso de paz que llevó al desarme y desmovilización de la guerrilla de las FARC a fines de 2016. En particular, recoge las de su mentor, el expresidente Álvaro Uribe, que hace unos días lo llamó a objetar la ley, citando varios de los puntos mencionados por el presidente en su alocución.

La JEP seguirá "funcionando plenamente" a pesar del anuncio

La presidenta de la Jurisdicción para la Paz, Patricia Linares, afirmó en un comunicado que recibe "con todo el respeto" la decisión de Duque y dice tener "la tranquilidad que brinda la afianzada tradición democrática que ha caracterizado el país".

Agregó que la JEP "seguirá funcionando plenamente" con el "compromiso de contribuir a la obtención de la verdad plena" y de buscar "la reparación integral de las víctimas".

La ley estatutaria objetada por Duque es el mecanismo legal que regula el funcionamiento específico de la JEP. Esta legislación ya había sido aprobada por los órganos legislativos colombianos y por la Corte Constitucional después de amplios debates entre los partidos políticos del país.

La JEP es una columna vertebral del acuerdo de paz con las FARC

La JEP es una de las columnas vertebrales del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Este sistema de justicia transicional prioriza que los victimarios -ex guerrilleros, militares y civiles que intervinieron en el conflicto de más de medio siglo- digan la verdad sobre los hechos a cambio de penas rebajadas.

El órgano judicial ha estado en el centro del debate, especialmente a raíz del caso Santrich. El exguerrillero y negociador del acuerdo de paz Jesús Santrich está detenido desde el 9 de abril de 2018 con base en una circular roja de la Interpol que lo reclamaba para ser juzgado en Estados Unidos acusado de planificar la exportación de 10 toneladas de cocaína al país norteamericano.

La JEP ha tratado de esclarecer si este presunto delito sucedió antes o después de la firma del acuerdo de paz: si fuera antes, sería un crimen relacionado con el conflicto armado y por lo tanto Santrich debería ser juzgado por la jurisdicción de paz. Sin embargo, las autoridades estadounidenses se negaron recientemente a aportar documentación a la JEP con este propósito.

El caso Santrich ya ha apartado a otros exguerrilleros del proceso de paz. El número dos de las FARC, Iván Márquez, quien debía liderar el nuevo partido polítco heredero de la guerrilla en el Senado colombiano, se encuentra en paradero desconocido desde hace meses y afirmó que "entregar las armas fue un error".

Las objeciones responden a las voces críticas con la paz

El partido de Iván Duque, el Centro Democrático, ha sido uno de los principales contrarios a la JEP y del acuerdo de paz. La organización política hizo campaña por el "no" en el referendo de octubre de 2016 para aprobar el pacto final.

El líder de las FARC, Rodrigo Londoño conocido como 'Timochenko' llega a su primera audiencia ante la JEP en julio de 2018
El líder de las FARC, Rodrigo Londoño conocido como 'Timochenko' llega a su primera audiencia ante la JEP en julio de 2018 Raul Arboleda / AFP

Las objeciones del presidente colombiano están en la línea de quienes han sido críticos del proceso y ven en la JEP una institución por fuera del control de los organismos tradicionales del establecimiento colombiano, como el expresidente Uribe y el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

Los cambios sugeridos por el mandatario y quienes lo respaldan introducen dudas en los compromisos del Estado colombiano con la ex guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político. Los que apoyan el proceso alegan que podrían estimular a más excombatientes a dejar el proceso y unirse a las disidencias de las FARC que ya suman más de 1.500 hombres en varias regiones.

El futuro del funcionamiento de la jurisdicción especial pasa ahora a manos del Congreso, que deberá discutir si las objeciones presidenciales son procedentes o si el aval que dio la Corte Constitucional a la ley que regula esa jurisdicción es ya cosa juzgada. Varios meses de incertidumbre pesan de ahora en
adelante sobre el proceso de paz colombiano.

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