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La paz de Colombia en su laberinto: sigue el debate sobre las objeciones a la Justicia transicional

Algunos defensores del Acuerdo de paz se pronunciaron este martes 12 de marzo de 2019 en Bogotá, Colombia, en defensa de la JEP.
Algunos defensores del Acuerdo de paz se pronunciaron este martes 12 de marzo de 2019 en Bogotá, Colombia, en defensa de la JEP. Corrtesía Canal Congreso

El presidente Iván Duque objetó seis artículos de un proyecto de ley clave para la continuidad del proceso de paz. La oposición llamó a defender los Acuerdos en las calles.

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"Le expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de lesionar gravemente la implementación del Acuerdo", dice la misiva dirigida a António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. La carta está firmada por 125 personalidades de Colombia, entre las que se encuentran los antiguos miembros de los equipos negociadores del gobierno de Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018, y de la guerrilla de las FARC-EP, hoy convertida en partido político, entre otros.

La carta responde a la alocución presidencial del domingo 10 de marzo, en la que el presidente Iván Duque hizo pública su decisión de objetar la ley que servirá de reglamento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo de justicia transicional que acordaron las partes en La Habana, Cuba, para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Colombia y responder a las víctimas.

Las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP suponen un complejo revés político y legislativo que para los firmantes del Acuerdo hace parte de una estrategia para lograr "una variación unilateral del acuerdo de paz" y desconocer "las normas constitucionales que consagran los principios fundamentales que deben regir el funcionamiento de la JEP".

El presidente Duque afirmó que "no existe la falsa división entre amigos y enemigos de la paz. Pero queremos una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición", al justificar su decisión.

Este martes 12 de marzo, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Guterres para exponer los motivos que tuvo el Gobierno al objetar la ley. Horas más tarde, los principales líderes defensores del Acuerdo se reunieron para responder al presidente y plantear sus críticas a su decisión. "Por supuesto que la decisión de objetar la ley de la JEP pone en riesgo la construcción de paz", afirmó la congresista Juanita Goebertus y añadió que sin seguridad jurídica se corre el riesgo de que crezcan las disidencias de la guerrilla que no se acogieron al Acuerdo.

Las objeciones a la ley abren un debate jurídico al que no se había enfrentado el país en años recientes, pero además reviven preguntas sobre los riesgos que enfrenta el proceso de paz.

Qué objetó el presidente Iván Duque

Las objeciones del presidente colombiano llegan luego de que el Congreso apoyara con mayoría absoluta el proyecto de ley y la Corte Constitucional le diera vía libre a finales de 2018. El proyecto tiene 159 artículos, de los cuales el presidente objetó 6. Para Bernardita Pérez, constitucionalista y docente de la Universidad de Antioquia, "lo que era lógico era que el presidente la sancionara porque la objeción tiene sentido cuando la ley pasa con mayorías apretadas", explica.

Los artículos objetados hablan de la reparación integral a las víctimas, de las personas reconocidas como antiguos miembros de la guerrilla que pueden ser juzgados por esta jurisdicción, del papel de la Fiscalía General con relación a la JEP, de la forma como se deben juzgar los crímenes de lesa humanidad, de las solicitudes de extradición por crímenes cometidos luego de la firma del acuerdo y de la restricción de extradición de quienes estén ofreciendo verdad ante el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Pero la estrategia del Gobierno para intervenir la JEP no solo se limita a las objeciones. En la alocución, el presidente Duque dijo que planea presentar una reforma constitucional para cambiar la forma como se espera que funcione la justicia transicional. El proyecto de reforma apuntaría a tres puntos: excluir de la JEP los delitos sexuales contra menores de edad, excluir de esta justicia transicional a quienes reincidan en "actividades criminales" y sobre el tercer punto afirmó que "debe dejar claro que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del primero de diciembre de 2016, y que continúen ejecutándose después de esa fecha, serán competencia de la Justicia Ordinaria para asegurar los principios de Justicia y No Repetición".

Días antes del anuncio del presidente, el senador Álvaro Uribe, expresidente colombiano y mentor político de Duque, anunció que planeaban presentar al menos 8 reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre otros aspectos, el expresidente ha esbozado que quiere retirar a los militares y exmilitares de la JEP para que sean juzgados por la Justicia Penal Militar.

Lo que suponen las objeciones para la institucionalidad colombiana

Para quienes están criticando la medida del mandatario, estas objeciones no solo atacan la médula del Acuerdo, sino que además debilitan la institucionalidad del Estado porque van en contravía de la Constitución de 1991 y de las decisiones de la Corte Constitucional.

El Procurador General de la Nación, encargado de vigilar la conducta disciplinaria de los funcionarios de Colombia de acuerdo a la Constitución, dice que el debate que acaba de abrir el presidente es "inoportuno e inútil".

Los firmantes de la carta enviada al secretario general de la ONU dicen que la decisión de objetar la ley por parte del presidente "es especialmente preocupante porque buena parte de las objeciones que se han venido esgrimiendo están orientadas a desconocer decisiones que la Corte Constitucional tomó el año pasado sobre esa ley".

Según dijo el presidente, "la Corte Constitucional, Corte por la que tengo el mayor respeto, es la guardiana de la Carta Política y sobre los temas de constitucionalidad tiene la última palabra" y añadió que su objetivo con estas objeciones es buscar una paz "genuina".

Qué sigue: trámite en el Congreso, posiblemente a la Corte, movilizaciones, división e incertidumbre

Cuando el Presidente de la República objeta un proyecto de ley por inconveniencia, el Congreso debe revisar los artículos en cuestión. Las mayorías de ambas cámaras pueden hacer cambios o pueden decidir que las objeciones no proceden, es decir, pueden volver a aprobar el texto original. Si acatan al menos una de las objeciones del presidente, la ley volvería a pasar por la Corte Constitucional, pero si el Congreso defiende el texto original, le insistiría al presidente que sancione la ley. Si él se niega, el encargado sería el presidente del Senado (quien pertenece al mismo partido de Duque) y, en su defecto, el responsable sería el vicepresidente de esta cámara.

"Y creo que después de esto ya no hay más regulación. Porque estos casos son muy límite", dice Pérez. Según la abogada, debe haber muy pocos precedentes como este porque las leyes estatutarias ya contaron con el respaldo de las mayorías absolutas en el Congreso y el visto bueno de la Corte Constitucional.

Luego de la reunión entre António Guterres y el canciller Carlos Holmes Trujillo, este último dijo que le explicó al secretario general de la ONU cómo funciona la institucionalidad colombiana y le aseguró que su objetivo es "fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz".

El presidente Duque afirmó que la coyuntura en la que presenta estas objeciones busca "encontrar un camino para enfocarnos en lo que nos une y no en lo que nos divide". Pero sus críticos tienen una posición opuesta. "Es todo lo contrario", afirmó la congresista Goebertus, "con su decisión de objetar, el Gobierno nos devuelve a las discusiones de octubre de 2016 entre los del 'Sí' y los del 'No'". La congresista se refería al plebiscito de ese año que ganó el 'No' y retrasó la firma del acuerdo mientras el gobierno renegoció los acuerdos.

El panorama general es que esta decisión reaviva las divisiones entre quienes defienden el Acuerdo de Paz original, que insisten en que estas objeciones suponen una estocada mortal al acuerdo, y los partidarios del Gobierno, que afirman que sus cambios buscan una "paz genuina" sin impunidad.

Algunos sectores que respaldan el Acuerdo de Paz y el proyecto de ley original están convocando a movilizaciones para pedir que se cuide la integridad de la JEP. Pero más allá de las manifestaciones, iniciará otra etapa de incertidumbre mientras los sectores políticos del país definen qué pasará con la Jurisdicción y con el proceso de paz.

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