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¿Qué busca México con la desclasificación de los archivos de espionaje?

l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa matutina este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México).
l presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participa en una rueda de prensa matutina este jueves, en el Palacio Nacional, en Ciudad de México (México). Mario Guzmán / EFE + background iStock

El Gobierno mexicano decidió desclasificar los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y cualquier documento relacionado con violaciones a DD.HH. Expertos temen de que se trate de un "golpe mediático".

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“Con motivo de la próxima visita a México de François Mitterrand, Presidente de Francia (…) Gabriel García Márquez  ha estado en contacto con Régis Debray, junto con quien ha planeado la lista de los intelectuales extranjeros que invitaran” (sic). Es el informe n°127 de un espía mexicano, redactado el 28 de septiembre del 1981 en la ciudad de México por un agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).

Ese documento descansa en uno de los pasillos del inmenso Archivo General de la Nación, situado en el Palacio de Lecumberri, una antigua prisión de presos políticos transformada en santuario de la memoria histórica de México. Cientos de miles de documentos provenientes de la DFS, sede de la inteligencia mexicana y de espionaje político de 1947 a 1985, descansan detrás de sus paredes.
 

 
Políticos, cantantes, escritores, revolucionarios, activistas, periodistas o simples ciudadanos: por décadas, la inteligencia del gobierno mexicano espió a cientos de mexicanos y extranjeros, famosos o desconocidos por igual. De esos archivos se descubrieron expedientes sobre la vida privada del cantante mexicano Juan Gabriel o sobre los primeros pasos del actual presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Archivos abiertos pero…inaccesibles

Ahora los mexicanos podrán descubrir aún más documentos desclasificados. El presidente López Obrador anunció, hace unas semanas, la apertura de los archivos secretos del extinto CISEN, la institución que reemplazó a la DFS en los años 80, y que acaba de ser reemplazada por la Agencia Nacional de Inteligencia.

"Esa apertura es parte del fortalecimiento de nuestra memoria histórica y es una responsabilidad de Estado garantizar el derecho a la información", dijo el presidente en una de sus conferencias de prensa matutinas. Tras el anuncio, el país tuvo la repentina sensación de estar a punto de abrir la cueva llena de tesoros de ‘Alí Baba y los cuarenta ladrones’.

Esa institución cargaba consigo un largo historial de espionaje político y su sigla se había convertido en el paso de los años en el símbolo del autoritarismo encubridor priísta. La apertura de sus archivos es uno de “los pasos consistentes hacia el desmantelamiento de los instrumentos sobre los que descansó el viejo poder autoritario”, explicó, en una columna en el periódico ‘El Universal’, Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. “De sus folios emergerán verdades e interpretaciones que permitirán conocer páginas dolorosas de nuestra historia y que pueden ayudar a crear conciencia y garantizar que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir”, escribe el funcionario.

Pero para los expertos, la realidad es mucho más compleja que el golpe mediático presidencial. Primero, los archivos de la DFS, ancestro del extinto CISEN, ya fueron desclasificados por el gobierno de Vicente Fox en 2001. El problema es que desde 2015 consultar esos documentos es muy difícil. “¿De qué sirve que los archivos estén abiertos, si no son accesibles?”, pregunta Jacinto Rodríguez Munguía, investigador, periodista y experto en aparatos de inteligencia. “Un gran paso sería que esos expedientes de la DFS volvieran a ser accesibles a los investigadores”, le dijo a France 24. Sobre la apertura de los archivos de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (1985-1989), y luego del CISEN (1989-2018), la realidad es aún más complicada porque será sometida a varias restricciones y a la obligación de esperar 30 años legales, o a veces 70 años, para su desclasificación.

En realidad, el Acuerdo Presidencial instruye “a todas las dependencias” transferir, al Archivo General de la Nación, la totalidad de los documentos históricos que poseen y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción".

Aunque aún falta definir con exactitud los términos de violaciones a derechos humanos o persecución política, ese cambio es relevante porque muchas dependencias tienen archivos sensibles: el Instituto Nacional de Migración, por ejemplo, tendrá la obligación de transferir al Archivo General de la Nación todos los documentos relacionados con violaciones a derechos humanos en contra de migrantes perpetrados  por sus agentes.

Pero la decisión presidencial también genera dudas. “Tiene que haber un registro de expedientes para estar seguros de que no se vayan a destruir los archivos”, dijo a este medio María De Vecchi, coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas en Artículo 19, una organización de defensa de derechos humanos. “Y la sociedad civil tiene que estar asociada a este proceso porque no creemos que las dependencias sean dispuestas a abrir sus propios archivos sensibles”, lamenta la defensora de derechos humanos.
 

 
¿Qué pasará con los archivos de la Secretaría de Defensa o de la Marina, que dependen de una legislación diferente? “Sería fundamental que se abrieran esos archivos militares para el acceso a la verdad en casos como la masacre de Tlatlaya o los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa”, explica María De Vecchi. De archivos militares, por el momento, no se habla… “La sociedad civil tiene que estar muy atenta porque no sabemos todavía qué lineamientos se van a seguir”, resume la defensora de derechos humanos.

"Pegasus", el software para espiar periodistas, políticos y defensores de DD.HH.

¿Que desea realmente el Gobierno?, ¿romper con la tradición política del espionaje y del encubrimiento o simplemente escenificar la ruptura con “el antiguo régimen” gracias a un tema mediáticamente exitoso como es el espionaje? Durante el sexenio pasado del priísta Enrique Peña Nieto, el espionaje alcanzó niveles insospechados. Una investigación de ‘Aristegui Noticias’ revelaba que el CISEN “aumentó de manera exponencial su capacidad de espionaje” durante el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto.
 

 
En México muchos recuerdan el escándalo generado en 2017 por las revelaciones sobre el programa espía “Pegasus”. El Gobierno Federal y varios gobiernos estatales compraron y usaron este software diseñado para monitorear a terroristas a través de sus teléfonos celulares. En vez de espiar a delincuentes o grandes narcotraficantes, el blanco de este ciberespionaje fueron periodistas, defensores de derechos humanos, políticos y hasta expertos en salud pública.

El jueves pasado la Secretaría de Función Pública se comprometió a investigar todos los contratos suscritos por autoridades federales durante la Administración de Peña Nieto para espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. “Vamos a analizar quien los firmó (…) y al mismo tiempo dejar que la Justicia actúe”, declaró Irma Eréndira Sandoval.

Sobre la apertura de los archivos y su efectividad, la respuesta vendrá del presupuesto que le otorgaron para 2019: 78 millones de pesos (un poco más de 4 millones de dólares). Cuatro veces menos que los 350 millones de pesos del plan del presidente López Obrador para impulsar el béisbol en México.

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