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Por qué no se termina de resolver el más grande caso sobre propiedad de tierras indígenas de Argentina

Es el más grande caso sobre propiedad de tierras indígenas en Argentina, que involucra a organizaciones de esas comunidades y de criollos del norte de la provincia de Salta, en la frontera con Bolivia y Paraguay. Es, posiblemente, el más grande caso de su tipo de América Latina: hay 634.000 hectáreas en juego, lo que equivale, más o menos, a la mitad del área metropolitana de Buenos Aires, en la que viven más de 15 millones de personas. Esta es la historia del caso.

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Francisco Pérez es coordinador general la organización de Lhaka Honhat, que reúne a 92 comunidades, y un total de más de 10.000 personas de los pueblos wichí, chorote, chulupí, toba y tapiete. Hace décadas que este hombre de más de 70 años lucha por esta tierra y los derechos indígenas en Argentina y en el mundo. "Toda la vida nosotros dependimos del monte, entonces tener un espacio chiquito es imposible vivir así", dice.

Históricamente en estas comunidades han vivido de la pesca, la caza y la recolección, fundamentalmente de la algarroba; también de la producción y venta de artesanías utilizando materiales locales. El territorio es esencial para su subsistencia. En lengua wichí Lhaka Honhat significa "nuestra tierra".

Y para proteger su tierra, estas comunidades comenzaron a organizarse en la década de 1980. En 1998 presentaron un reclamo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y dieron comienzo a la pelea formal a nivel internacional.

Pero esta es una historia más antigua y con más aristas. La historia de un éxito. Y la de un fracaso. De un acuerdo inesperado. Y de la imposibilidad, hasta ahora, de ponerlo plenamente en práctica.

Colonización: "a principios del siglo pasado no eran reconocidos como argentinos ni como seres humanos"

El origen del conflicto tiene más de 100 años, cuando comenzaron a llegar los criollos a esta zona y empezaron a ocupar progresivamente las tierras con sus viviendas, pero sobre todo con su economía de ganadería extensiva, en la que los animales recorren libremente el territorio. Así, comenzaron a poner en jaque el modo de vida de las comunidades indígenas.

"Las familias criollas llegaron a principios del siglo pasado, un poco promovidas por una política de colonización que había", cuenta José Canteros, de la Fundación Asociana (Acompañamiento Social de la Iglesia Anglicana en el Norte Argentino). Él viene acompañando este proceso desde hace más de 15 años, asesorando y mediando. "El Estado quería poblar las fronteras", continúa, "porque obviamente a principios del siglo pasado no eran reconocidos como argentinos ni como seres humanos, prácticamente, las comunidades indígenas, los pueblos originarios, y entonces el criollo vino".

No es simple determinar la cuestión del derecho de propiedad. Sí, las comunidades indígenas tienen un pasado remoto de uso de las tierras, pero los criollos se fueron instalando con la convicción de que estaban amparados para hacerlo en el marco de un estado de derecho contemporáneo.

Acuerdo inédito: "Se hizo un trabajo arduo para que ambas poblaciones reconozcan el derecho de ambos"

Lo que podría haberse convertido en una situación irresoluble, tomó una vía poco habitual. En  2007 hubo un acuerdo inédito entre Lhaka Honhat y la Organización de Familias Criollas (que nuclea a la mayoría de las familias no indígenas). Decidieron que del territorio en disputa, de 643.000 hectáreas, 400.000 hectáreas irían para las comunidades indígenas y 243.000 para los criollos.

"El proceso es inédito", asegura Canteros. "Se hizo un trabajo arduo para que ambas poblaciones reconozcan el derecho de ambos y que sepan la diferenciación que tienen".

Pero para ejecutar el acuerdo, debían relocalizarse las explotaciones ganaderas de las familias criollas: darles viviendas, agua potable para las personas y los animales, ayudas para alambrar y armar potreros para trabajar en una ganadería diferente, que no ocupara indiscriminadamente el territorio indígen, y capacitación para esa forma de trabajo.

Y ese fue el problema: el Estado (tanto la provincia de Salta como la Nación), nunca lo terminó de ejecutar. Tampoco se ha entregado el título colectivo correspondiente a las comunidades indígenas.

Desacuerdo sobre los plazos

"En el año 2012, la CIDH recomendó al Estado argentino que delimite, demarque y titule el territorio tradicional de las comunidades indígenas", explica Matías Duarte, abogado del equipo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que asesora a Lhaka Honhat. También le recomendó que levantara alambrados, que controle la deforestación ilegal y que se realicen consultas previas con los pueblos indígenas antes de realizar cualquier obra en el territorio. "Eso no se cumplió desde el año 2012 hasta el año 2018", de acuerdo con Duarte.

A pesar de que en 2014 la provincia transfirió por decreto la propiedad de la tierra a las familias criollas y las comunidades indígenas, Duarte aclara: "Esta norma es un decreto provincial, los adjudicó (a los terrenos) en condominio con las familias criollas, y las características de esta figura legal es que es un dominio transitorio, es decir que el territorio tradicional de los pueblos indígenas hoy figura a nombre de comunidades y de familias criollas, por lo tanto no se puede precisar con certeza cuál es la superficie, los límites, y principalmente la ubicación en planos de estas 400.000 hectáreas que constituyen el territorio tradicional reclamado por los pueblos indígenas".

Hace años que Florencia Luñis Zavaleta representa a la provincia de Salta ante las comunidades. Ella cuenta que se propuso un plan para completar todo lo necesario en ocho años, pero eso no satisfizo ni a Lhaka Honhat ni a la Organización de Familias Criollas. "Los peticionarios pidieron en su momento un plan que se finalice en dos años", dice, "lo cual para nosotros era materialmente imposible, no solo por las inversiones que se necesitan, sino inclusive por todos los procesos que tienen que tienen que atravesar las familias criollas para poder movilizarse".

Según Duarte, la insistencia en los dos años tiene que ver con que ya van décadas de este proceso y porque las comunidades "entienden que hay intereses importantísimos en juego que hacen a su supervivencia cultural".

Las familias criollas también se sienten decepcionadas: "Hoy es muy poca la ayuda que llegó, casi nada", dice Javier Romero, presidente de la Organización de Familias Criollas. "No tenemos una hectárea de pastura que haya hecho el estado, que es lo primordial que se necesita para las familias que se tienen que trasladar, porque al achicarse el espacio tienen que tener qué darle de comer a sus animales".

Por el desacuerdo y la falta de avances, en 2017 la CIDH decidió enviar el caso a la Corte Interamericana.

Preocupaciones

Romero está tan preocupado que teme que se pueda romper el acuerdo original. "Porque hay gente", dice, "que viene detrás de nosotros, que no conoce el proceso y que cree que cada cual que vaya y se instale en algún sector de estas tierras se va a sentir que es dueño".

No tiene mucha esperanza. Francisco Pérez, por su parte, tras años y años de lucha, mantiene una luz de optimismo: "Puede ser que no va a resolver nada, pero hay que tener esperanza".

Pero advierte:  "Si no se resuelve en la forma que queremos, un territorio sin divisiones, sin límites, estamos mal, porque no podemos vivir en una zona chiquita".

Esta podría haber sido ya la historia de un éxito inédito. Tal vez todavía lo pueda ser. Pero algunos, posiblemente, no lleguen a verlo.

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