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Un giro en la investigación, cinco años después del primer proceso de Lava jato

Algunas de las personalidades involucradas en el caso Lava jato: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, José Dirceu, Paulo Roberto Costa y Renato Duque.
Algunas de las personalidades involucradas en el caso Lava jato: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, José Dirceu, Paulo Roberto Costa y Renato Duque. Archivo EFE

El 17 de marzo de 2014 la justicia brasileña hizo pública la investigación de una red de corrupción que involucra a las empresas más grandes del país y a políticos locales. La red de involucrados creció por todo el continente.

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Hace cinco años la policía federal brasileña allanó una estación de servicio en una zona hotelera de Brasilia. En el complejo comercial Posto da Torre había varios puntos de abastecimiento de combustible, una lavandería y una casa de cambio que las autoridades llevaban investigando por varios meses. La operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, cuando los investigadores de ese país identificaron una serie de sobornos y lavado de activos que pasaban por esa casa de cambio y que crecieron como bola de nieve hasta involucrar a las más altas esferas empresariales y políticas de Brasil.

En Brasil, a los lavaderos de autos se les conoce como “lava jato”, pero en Posto da Torre no había ningún negocio de este tipo. No obstante, las indagaciones que llevaron a las primeras capturas hace cinco años se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba, al sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos.

Los primeros sindicados fueron Carlos Chater, propietario de la estación de servicio, y uno de sus socios, Alberto Yousseff. Las primeras capturas, interceptaciones de comunicaciones y testimonios de los implicados empezaron a develar una red de sobornos que empezaron a involucrar altos ejecutivos como Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras.

El éxito -y también el talón de aquiles- de esta operación y todos sus brazos han sido los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como "denuncias premiadas", una herramienta que ha persuadido a varios de los implicados a dar más información a cambio de beneficios como la reducción de las penas.

Los más "colaboradores" -tanto en dar nombres como en pagar millonarias multas por sus actos- han sido los directivos de Petrobras y los empresarios, muchos de los cuales cumplen las condenas en sus lujosas mansiones.

Beneficios o reducción de condenas: la estrategia para obtener información

Para Michael Mohallem, coordinador del Centro de Justicia y Sociedad de la facultad de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, esta estrategia ha sido aplaudida por las verdades reveladas, pero también criticada por la forma en que se redujeron las condenas.

"La denuncia premiada es un instrumento muy poderoso para combatir la corrupción, pero creo que la forma en que ha sido utilizada, dando excesiva voz de a los delatores, ha puesto en duda a las instituciones y ha creado desconfianza", explicó a Efe.

Para Mohallem, es incierto cuáles son los límites de esta estrategia y hay “lagunas” en la justicia, lo cual le resta claridad a las condenas.

Para muchos, esta estrategia de investigación ha dado numerosos resultados. Según las cifras del Ministerio Público, la Justicia ya ha dictado sentencia en 50 procesos e impartido 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2.242 años y 5 días.

Los casos emblemáticos del caso lava jato

Los primeros implicados, luego de capturar a los socios de la casa de cambio en Brasilia, fueron directivos de Petrobras. Sus testimonios sirvieron para develar rápidamente más responsables.

Sin duda, el caso más emblemático es el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 73 años. El líder del Partido de los Trabajadores (PT), está preso desde abril de 2018 y está condenado a 25 años de cárcel por dos procesos, ambas por corrupción y lavado de dinero. Se declara inocente por lo que ha firmado acuerdos con la Justicia. Fue condenado por recibir un apartamento y beneficiarse de las obras en una casa de campo que frecuentaba, a cambio de beneficiar a ciertas constructoras en contratos con Petrobras.

Lula siempre acusó al juez Sergio Moro, juez emblemático del caso Lava Jato por haber llevado los principales casos de la operación y hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de llevar en su contra un juicio político.

Los exministros José Dirceu y Antonio Palocci también fueron condenados por delitos de corrupción y lavado de dinero con penas de 31 y 12 años, respectivamente. Dirceu está libre a la espera de un juicio por los recursos presentados por su defensa y Palocci cumple la condena en su residencia.

Otros políticos involucrados en el escándalo son Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y Sergio Cabral, exgobernador de Río de Janeiro, quien acumula hasta ocho sentencias con condenas que suman cerca 200 años de prisión.

En el sector privado también son múltiples las condenas. El exdirector de Suministros de Petrobras entre 2004 y 2012, Roberto Costa, fue el primer delator del caso lava jato. Cumple su condena de 20 años arresto en su residencia.

Otros funcionarios de la petrolera que fueron condenados son Renato Duque, director de Servicios de Petrobras entre 2003 y 2012, y los exdirectores internacionales Néstor Cerveró y Jorge Zelada.

En el proceso también han sido condenados los altos ejecutivos de importantes constructoras. Marcelo Odebrecht, presidente del Grupo Odebrecht entre 2008 y 2015, cumple una condena de 19 años y 4 meses en su residencia tras pasar un par de años en prisión. Otávio Márques, exdirector ejecutivo de la constructora Andrade Gutiérrez, fue condenado en 2016 a 18 años de prisión y también cumple su pena en detención domiciliaria.

El expresidente de la constructora OAS, Léo Pinheiro, fue uno de los delatores contra Lula y fue condenado a 35 años de prisión. El expresidente del consejo directivo de la constructora Camargo Correa, Dalton Avancini, fue condenado inicialmente a 15 años y 2 meses de prisión, pero su pena fue reducida por cooperar con la justicia. Avancini es otro de los altos ejecutivos que cumple su condena en prisión domiciliaria.

Pero aunque muchos directivos y políticos han sido condenados, las investigaciones continúan. El pasado 14 de marzo, la Corte Suprema delegó a la justicia electoral la responsabilidad de investigar la corrupción en campañas electorales.

La justicia electoral empieza a investigar la corrupción en tiempos de campañas

Sergio Moro fue uno de los primeros en oponerse a la medida.

"Respetamos la decisión del Supremo Tribunal Federal, pero persistimos en el entendimiento de que la Justicia Electoral, a pesar de sus méritos, no está adecuadamente estructurada para juzgar casos criminales más complejos, como de corrupción o lavado de dinero", precisó.

Muchos de los procesos que se han abierto en el transcurso de los últimos cinco años están relacionados con desvíos de dineros a cuentas paralelas de campañas políticas. La investigación daba prevalencia a la la justicia penal sobre la electoral para este tipo casos.

Sin embargo, la decisión de la Corte cambió el panorama al darle a la Justicia electoral competencia sobre un tema que para muchos debe estar en manos de la penal.

Según la organización Transparencia Internacional, “La decisión del Supremo Tribunal Federal puede implicar una sobrecarga a la Justicia Electoral, que no tiene condiciones materiales o institucionales para investigar y procesar grandes casos de corrupción, esto puede resultar en demoras e impunidad para casos graves”.

Para muchos, esta reciente decisión podría dejar en la impunidad a muchos implicados en el escándalo de corrupción más grande de la historia brasileña.

Con EFE

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