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Cientos de colombianos se movilizaron para defender la Justicia Especial para la Paz

Manifestantes se concentran en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, al final de una marcha a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 18 de marzo de 2019.
Manifestantes se concentran en la Plaza de Bolívar en Bogotá, Colombia, al final de una marcha a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 18 de marzo de 2019. Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

Después de que el presidente Iván Duque presentara sus objeciones a una ley clave para el proceso de paz en el país, sus opositores salieron a las calles. France 24 habló con una decana de derecho del país para analizar la situación.

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Los manifestantes se congregaron en varios puntos de la capital, Bogotá, para marchar hasta la céntrica Plaza de Bolívar, centro del poder colombiano. Su objetivo fue expresar su rechazo a las objeciones que realizó el 10 de marzo el presidente Iván Duque a seis de los 159 artículos de la ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz, el modelo de justicia transicional con el que se busca procesar a quienes participaron en el conflicto en Colombia y reparar a las víctimas.

La oposición colombiana hizo un llamado para que los ciudadanos también se movilizaran en Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y Cartagena, entre otras ciudades. Pero la manifestación más numerosa se realizó en la capital, donde los asistentes portaron pancartas en las que se leía "La paz es necesaria. La JEP es especial. Abrazamos a la JEP".

El presidente Iván Duque señaló que las objeciones a esos artículos las hizo por inconveniencia y afirmó que con esto no se afecta el cumplimiento del acuerdo de paz firmado entre Colombia, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC, convertida en partido político en noviembre de 2016.

Además, el mandatario señaló que objetó los seis artículos para que la JEP garantice la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo.

La norma que objetó el presidente es una ley estatutaria, un tipo de ley colombiana que modifica la Constitución y que por su importancia tuvo que ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso y contó con el visto bueno de la Corte Constitucional. Para muchos detractores, la objeción del presidente interfiere con las competencias de este tribunal.

Alertan el daño que las objeciones pueden generar a la paz

Entre los manifestantes, destacaron Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018) durante las negociaciones de paz, el excandidato presidencial Gustavo Petro y la congresista Juanita Goebertus, quien ha ganado protagonismo en defensa del proceso de paz luego de liderar un mensaje de réplica al gobierno la semana pasada.

La congresista, acompañada de líderes opositores al Gobierno, afirmó que las objeciones del presidente dividen al país, obstaculizan la continuidad del proceso de paz y retrasan otros debates urgentes que debe abordar el país.

Goebertus y más de un centenar de líderes políticos y sociales enviaron una carta al Secretario General de la ONU, con copia al Consejo de Seguridad, para alertar sobre el daño que estas objeciones le podrían causar al proceso de paz. El Gobierno, por su parte, envió al canciller Carlos Holmes Trujillo a Nueva York para conversar con António Guterres y los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Choque de trenes?

France 24 conversó con Catalina Botero Marino, decana de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, especialista en derecho constitucional, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional y una de las firmantes de la carta dirigida a las Naciones Unidas.

France 24: Si efectivamente la objeción por inconveniencia es un derecho constitucional del presidente, ¿por qué se está repitiendo tanto que hay un choque de trenes?

Catalina Botero Marino: El presidente tiene la facultad constitucional de objetar por inconveniencia los proyectos de ley estatutaria que han tenido revisión previa de la corte constitucional. Sin embargo, esa facultad por inconveniencia solamente puede ser ejercida cuando el presidente da razones o considera que el proyecto es inconveniente desde el punto de vista político, social o económico. Lo que no puede hacer el presidente es utilizar esa facultad, para decir, por ejemplo, que el proyecto es inconstitucional. Porque la encargada de decidir si ese proyecto de ley es inconstitucional es la Corte y no el presidente y la Corte ya dijo que el proyecto era constitucional.

Otra cosa que no puede hacer el presidente utilizando esa facultad es considerar que la decisión de la Corte Constitucional sobre el proyecto, es decir, declarar inconstitucionales algunas normas o declararlas constitucionales pero condicionadas a una interpretación de la Constitución, lo que no puede hacer el presidente es decir que esa sentencia es inconveniente, y eso es lo que está pasando en este caso.

France 24: ¿Qué sigue en el trámite, va a ir primero a la Corte como pidió el presidente de la cámara, o habrá debate en el Congreso?

CBM: Antes de discutir el contenido de las objeciones, hay que discutir si el presidente tenía la competencia para hacer esas objeciones precisas. El presidente de la Cámara le ha pedido a la Corte que le diga si el presidente tiene esa competencia. Y al mismo tiempo hay gente en el Senado que sostiene que esa decisión la debe adoptar el propio Congreso. Habrá que ver qué dice la Corte al respecto. Si la Corte no se pronuncia ahora, de todas maneras se va a pronunciar después, porque una vez el Congreso estudie las objeciones, si hacen modificaciones al proyecto de ley, eso iría de nuevo a la Corte Constitucional.

France 24: ¿Usted tiene registro de cuándo fue la última vez que un presidente objetó una ley y más una estatutaria?

Catalina Botero Marino: Las objeciones a las leyes ordinarias suelen pasar, pero yo no tengo recuerdo, puede ser que haya sucedido, pero yo no tengo recuerdo de ninguna objeción por inconveniencia a una ley estatutaria que haya pasado el control de constitucionalidad.

France 24: ¿Es cierto que estas objeciones van a la médula de la Jurisdicción o hay algún punto por reconocerle al presidente y a quienes lo asesoraron?

Catalina Botero Marino: Las objeciones, como dice usted, atacan la médula del proceso de paz. El argumento del Gobierno es que son solo seis artículos de 153. Eso realmente no es un buen argumento en la medida en que en las leyes suele haber unos artículos medulares y otros más procedimentales, digamos, menos relevantes. Estos son artículos medulares. No importa que sean seis de 153 son artículos sustanciales para el proceso de paz.

France 24: ¿Cuál es el contenido de estos artículos, hay cambios gruesos?

Catalina Botero Marino: La mayoría de las objeciones lo que hacen es volver a la ley original, quitando las modulaciones que hizo la Corte Constitucional. Por ejemplo, algunas son muy graves. Decir que la guerrilla tiene que reparar con sus bienes. Bueno, la Corte Constitucional dice que la guerrilla tiene que entregar todos los bienes y que si no los entrega pierde todos los beneficios. Eso ya está en la Corte Constitucional, no parece claro en qué consiste la objeción.

Estoy diciendo las que parecen más banales. El límite de competencias entre la JEP y la Fiscalía, por ejemplo. Yo creo que la Corte es clara al señalar que la Fiscalía no puede llamar a las personas vinculadas a la JEP a diligencias personales. Me parece que es clarísimo. Lo que no le gusta al gobierno es que la Corte haya dicho que la Fiscalía no puede ejercer esa competencia, y lo que sostiene el gobierno es que no hay claridad cuál es la competencia de la Fiscalía y cuál no. Bueno, pues eso lo hubiera podido hacer con una ley aclaratoria, para eso no tenía que objetar la ley estatutaria de la JEP, paralizando la entrada en vigencia de un marco jurídico que le da mucha seguridad jurídica a todos los actores.

France 24: Todo el trámite que sigue es complejo y como ya usted nos dijo puede que la ley vaya primero al Congreso y después pase otra vez a la Corte, pero también puede que le insistan al presidente que firme el proyecto tal cual está y si él se niega la responsabilidad de sancionar la ley sería del presidente del Congreso. Incluso hay instancias en que no se sabe cuál sería el siguiente paso ¿Se corre el riesgo de entrar en un bucle dispendioso del que sea difícil salir entre Congreso, Corte y Presidencia?

Catalina Botero Marino: Como no está previsto que un presidente objete una ley estatutaria, porque estas leyes suelen tener el aval del gobierno, hay muchos vacíos en el ordenamiento jurídico. Que yo creo que las sentencias de la Corte Constitucional han ido llenando poco a poco, pero que van a generar mucha discusión. No hemos empezado a debatir las objeciones y ya la primera discusión es si quien tiene la palabra es la Corte o el Congreso. Entonces ¿qué pasa? Supongamos que la Corte se pronuncia y dice que el presidente no era competente. Entonces va a haber un problema político, serio. Porque el presidente ya objetó. Entonces ¿qué pasa si la Corte dice que el presidente no podía objetar? Nadie sabe.

Esto es un laberinto de nunca acabar, mientras mantienen en inmensa incertidumbre a las miles de personas que entregaron las armas confiando en que el Estado les iba a cumplir.

France 24: Pero más allá de estas objeciones, ¿qué se anticipa con las reformas constitucionales que anunció el presidente?

Catalina Botero Marino: El principio de favorabilidad penal dice, que si tu te sometiste a la JEP con unas leyes y unas normas que ya estaban vigentes, y luego sacan unas más gravosas, a ti te tienen que aplicar las más favorables. Eso dice el principio de favorabilidad, que es medular en el derecho penal. Entonces, si el presidente quiere gastarse su capital político en una reforma constitucional que solo opera al futuro, pues hacerlo, pero yo no creo que eso pueda aplicarse al pasado.

France 24: Ustedes enviaron una carta al secretario general de la ONU con copia al Consejo de Seguridad, pero el Canciller hizo su propia gira para defender las objeciones. ¿Queda algo al final de todo esto? ¿Cómo está ese pulso?

Catalina Botero Marino: Primero, no creo que sea un pulso. Cada quién está dando sus argumentos. Me parece que está claro el respaldo de Naciones Unidas, me parece que no es muy claro por qué las objeciones favorecen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, ese es el argumento que ha dado el gobierno. Pero yo no he visto el argumento que permita sostener que esas objeciones van a permitir mejor cumplimiento de los estándares internacionales.

Por el contrario, el presidente objeta, por ejemplo, que la Corte Constitucional ha dicho que si hay una persona que está contribuyendo de manera decisiva a la verdad no la pueden extraditar hasta que no termine esa contribución, hasta que no termine de contar todo lo que sabe. El presidente objeta eso, o sea que la podrían extraditar antes de que termine de contar. No se ve muy claramente cómo eso pueda contribuir a la reparación de los derechos de las víctimas.

France 24: ¿Se puede esperar alguna fuerza decisoria por parte de la Comunidad internacional que sirva para persuadir al gobierno de dar un giro?

Catalina Botero Marino: Si, yo creo que puede tener una fuerza persuasiva importante. Eso espero. No estoy segura, porque las circunstancias políticas del país son muy difíciles, pero yo esperaro que los argumentos de la comunidad internacional logren persuadir a algunos congresistas sobre la importancia de mantener un marco ajustado al Acuerdo Final y a los estándares internacionales.

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