Nicaragua, una historia de recriminaciones políticas y diálogos estancados

En Nicaragua todos se recriminan. La oposición señala al Gobierno y el Gobierno critica a la oposición. Pese a que desde el 27 de febrero la reanudación de la mesa de diálogo entre las partes abrió la esperanza de que lleguen a un acuerdo que ponga fin a la crisis que aqueja al país desde abril de 2018, todo sigue estancado.

La búsqueda de una salida pacífica a los enfrentamientos de líderes antigubernamentales con agentes de seguridad en rechazo a la permanencia en el poder del presidente Daniel Ortega sigue frustrada, esta vez gracias a la acción ejercida por policías que reprimieron las protestas que estaban programadas para el 16 de marzo.

Ante la represión, en la que al menos 160 personas fueron detenidas, la oposición repudió las medidas y los cancilleres tanto de Perú como de República Dominicana, Néstor Popolizio y Miguel Vargas, reiteraron que el alcance de un pacto entre Ortega y sus detractores es un requerimiento urgente.

Justamente sobre las citadas detenciones, el portavoz adjunto del Departamento de Estado norteamericano, Robert Palladino, se pronunció a través de su cuenta de Twitter para condenar los hechos: "EE.UU. condena la violencia continuada del régimen de Ortega y la represión hacia los #nicaragüenses. Continuaremos instando a la rendición de cuentas para aquellos que han demostrado un desprecio flagrante por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales".

También en esta red social la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció que la Administración de Ortega debe mostrar mucha más "voluntad política" para que el proceso continúe, dado que la liberación de los 160 detenidos solo fue posible gracias a la intervención de representantes de la Iglesia Católica y no a las conversaciones entre líderes.

A la ola de reacciones se sumó la de la Embajada de España en Nicaragua, la cual hizo un llamado a la retoma de la negociación como un esfuerzo político necesario.

El bloqueo que vive el proceso se sustenta en la polémica por las detenciones y las diferencias de criterio frente al manejo dado por parte de las autoridades a las diversas manifestaciones públicas. El Gobierno de Ortega aún no se ha pronunciado, lo que abre el espacio en este hilo de diálogos inconclusos.

Con EFE y Reuters