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Por qué Perú alega que construir carreteras en la Amazonía no vulnera la legislación ambiental

Ucayali en la Amazonía peruana es una región fronteriza con Brasil. Al sur, esta región es vecina de Madre de Dios.
Ucayali en la Amazonía peruana es una región fronteriza con Brasil. Al sur, esta región es vecina de Madre de Dios. Cortesía Agencia Andina

En Perú, una federación de pueblos indígenas denuncia al Estado peruano por no haber respetado la Ley de Consulta Previa al haber promulgado una norma que declara de interés nacional la construcción de carreteras en la selva de Ucayali.

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La Amazonía se extiende sobre nueve países. En ella viven 40 millones de habitantes y cerca de 400 pueblos indígenas, según el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Este territorio alberga una décima parte de las especies del mundo. En Perú, la Amazonía ocupa el 60% del territorio.

A finales del 2017, el Pleno del Congreso aprobó la Ley 30723 que declara de prioridad e interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera en el departamento de Ucayali, con el objetivo de promover el desarrollo económico, turístico y el comercio de cultivos.

Esta ley fue aprobada a pesar de los informes no favorables del Ministerio de Cultura y del Ministerio del Ambiente, y del pronunciamiento de varias organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. Incluso, la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, advirtió la amenaza de la supervivencia de pueblos indígenas amazónicos en aislamiento.

Ucayali es una región amazónica situada al este del país y tiene frontera con Brasil. Al sur, colinda con la región de Madre de Dios, una de las regiones más biodiversas del mundo y, sin embargo, actualmente con serios problemas territoriales relacionados a actividades extractivas ilegales como la minería de oro o la tala de madera.

Esta ley que declara de interés nacional la construcción de carreteras en Ucayali pondría en peligro seis áreas naturales protegidas por el Estado (los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las Reservas Comunales Purús y El Sira, el Área de Conservación Regional Imiria), así como a tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti).

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), una organización que representa los pueblos indígenas de la región vecina amazónica de Madre de Dios, decidió denunciar, en julio del 2018, esta ley a través de la Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SAA), creada dentro del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, con el fin de vigilar el cumplimiento de las normas ambientales en ambos países.

Julio Cusurishi: "Esta norma va en contra de nuestros derechos"

La Secretaría para las Solicitudes sobre Asuntos de Cumplimiento Ambiental (SAA) aceptó la solicitud de Fenamad y por eso solicitó una respuesta del Estado peruano. Ésta llegó el pasado martes 12 de marzo.

“La solicitud en cuestión (de Fenamad) no está invocando un daño por la construcción de una carretera sino la falta de aplicación de la legislación ambiental en el proceso de promulgación de una ley”, aclara Dino Delgado, director ejecutivo de la SAA, en conversación con France 24.

En su solicitud, la federación nativa argumenta que se vulneró la Ley 29785 del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.

“Cualquier normatividad debería ser consultada con el fin de no afectar los pueblos indígenas”, declara a France 24 Julio Cusurishi, de la Comunidad Nativa del Pilar, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. “Esta norma, para nosotros, no solamente va en contra de nuestros derechos sino también de los estándares ambientales”.

Sin embargo, construir carreteras en una de las regiones más biodiversas de la Amazonía del país, sin incluir en el proceso la consulta a pueblos indígenas, no vulnera la legislación ambiental.

Es lo que alega el Estado peruano en su respuesta a la primera denuncia por la presunta violación de las leyes ambientales nacionales, según el acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú:

“En específico, la Ley de Consulta Previa no tiene como propósito principal la protección del medio ambiente o la prevención de un peligro para la vida o salud humana, animal o vegetal, sino estructurar el proceso para la consulta previa de medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos indígenas u originarios directamente”.

Delgado precisa que la SAA dará a conocer su respuesta dentro de una semana.

“La secretaría considera que la consulta previa es parte de la legislación ambiental, de acuerdo a la definición del Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, en esta etapa, vamos a tener que evaluar lo que ha dicho el Estado peruano también”, añade.

¿Qué tanto se aplica la consulta previa en Perú?

Carlos Trinidad, asesor legal sobre temas ligados a pueblos indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, precisa que la consulta previa no especifica qué tipo de leyes deben o no ser consultadas. Añade que esta norma no solo busca analizar los impactos de una ley en las comunidades indígenas.

“El proceso solo requiere que una ley sea susceptible de afectar los pueblos indígenas. Pero la consulta previa incluye además la obtención del consentimiento por parte de las comunidades. Es posible que el consentimiento no se obtenga siempre y en este caso el Estado peruano debería tomar una decisión que sea respetuosa de los derechos indígenas”, detalla Trinidad.

Un jaguar es visto cerca del río Los Amigos, en Madre de Dios, Perú
Un jaguar es visto cerca del río Los Amigos, en Madre de Dios, Perú Geoff Gallice / Wikimedia

En Perú, 2.703 comunidades nativas fueron censadas, según el III Censo de Comunidades Nativas del 2017, las cuales se identifican pertenecer a 44 pueblos originarios. Estas se encuentran principalmente en la Amazonía.

Ucayali, la región por la que fue declarada de interés nacional esta ley, concentra el 14% de comunidades nativas del país, según el mismo censo.

Héctor Rodríguez, abogado, a cargo del monitoreo de la implementación de la consulta previa desde el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), explica que la falta de una correcta y completa identificación de los pueblos indígenas es uno de los problemas en la aplicación de esta norma.

“La identificación de los pueblos indígenas está a cargo del Ministerio de Cultura, pero no los ha identificado a todos”, detalla. “El otro problema es que el tiempo, de 60 a 120 días, de la etapa del proceso de consulta no permite a las comunidades tener la posibilidad de revisar documentos como los contratos o los estudios de impacto ambiental. Se les consulta cuando ya está casi todo hecho”.

Según el Observatorio de consulta previa del CAAAP, 52 procesos fueron implementados (43 concluidos, 7 suspendidos y 1 en marcha), entre 2012 y enero del 2019.

Si bien la consulta previa se aplica de manera administrativa, ninguna ley del Congreso fue puesta a consulta, recuerda Rodríguez.

“La norma permite la consulta en temas administrativos pero aún no existe un protocolo para la consulta legislativa. No existen leyes que hayan sido aún consultadas”.

Trinidad añade otra problemática territorial: “Las leyes declarativas sí tienen efecto y pueden ser la llave para procesos de expropiación. Por ejemplo, en Perú, la expropiación requiere de una ley como declaración como condición previa para realizarla”, advierte. “Esto es muy grave cuando sabemos de la presencia de pueblos indígenas en una zona”.

Lecciones de la Carretera Interoceánica Sur

656 kilómetros de carretera unen la ciudad de Urcos, en la región andina de Cusco, con Iñapari, en Madre de Dios, en la frontera con Brasil. Estos kilómetros corresponden a los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur, un megaproyecto promovido por el expresidente peruano Alejandro Toledo, hoy investigado por recibir 20 millones de dólares en coimas por Odebrecht, la constructora brasileña a cargo de la carretera inaugurada en 2011.

En 2017, el Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) registró la mayor cantidad de hectáreas deforestadas en las regiones vecinas de Ucayali y de Madre de Dios respectivamente: 23.240 hectáreas y 11.115 hectáreas. Según MAAP, la minería aurífera y la actividad agrícola serían las principales actividades que generan esta deforestación.

Para Juan Luis Dammert, sociólogo y geógrafo y oficial de proyecto en Oxfam Perú, la construcción de la Interoceánica es un claro ejemplo de la falta de conocimiento y aprovechamiento del territorio por el Estado. Pero no se están reteniendo las lecciones, asegura.

“La deforestación se concentra a lo largo de las vías de comunicación porque es más atractivo instalarse cerca de mercados o de servicios públicos”, expone Dammert. “Esto no significa que no vas hacer carreteras y mantener a las personas aisladas. Se debería identificar cuáles son los suelos con mayor capacidad agropecuaria, y a dónde se podría hacer agricultura, y allí hacer carreteras, y no solamente conectar un punto A con un punto B. No hay una planificación integral del asunto entre los diferentes sectores del territorio”.

La minería ilegal de oro, uno de los principales problemas de Madre de Dios, se ha intensificado en los últimos años, y genera otras actividades ilícitas como la trata de personas, el sicariato, o el tráfico de mercurio, según las autoridades.

“La gobernanza del territorio es débil, precaria e inefectiva. Los mineros aparecen pero el Estado no tiene la capacidad para controlar el territorio. Primero se debe fortalecer la gobernanza, organizarla y luego pensar en traer el cemento. Y, entonces, aplicar las medidas para poder aprovechar este cemento y luego el desarrollo”, plantea Dammert.

Hace un mes el Gobierno de Vizcarra lanzó una operación multisectorial, la “Operación Mercurio”, junto con la Policía Nacional y el Ejército, para detener la minería ilegal, principalmente de oro, en La Pampa, una zona minera que se ha extendido hasta la Reserva Nacional Tambopata, desde la creación de la carretera Interoceánica en la región de Madre de Dios. La zona se ha declarado en emergencia por 60 días.

“A nosotros nos preocupa el tema de la emergencia”, confiesa Julio Cusurishi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes. “Saludamos la decisión para poder erradicar la minería ilegal, pero esta iniciativa tiene que venir con alternativas porque, sino, van a ser los territorios de las comunidades que se van a ver afectados por todas estas personas que están siendo desplazadas”.

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