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Causa revuelo en Brasil la orden de Bolsonaro de ‘conmemorar’ el golpe de 1964

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una ceremonia en el Palacio de Alvorada en Brasilia, Brasil, el 29 de marzo de 2019.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una ceremonia en el Palacio de Alvorada en Brasilia, Brasil, el 29 de marzo de 2019. Antonio Cruz/Agencia Brasil/Handout via Reuters

La decisión del polémico presidente ha generado no solo un fuerte debate en la sociedad sino decisiones encontradas de los jueces. Pese a todo, los militares conmemoraron una fecha que para muchos marcó una etapa oscura en el gigante suramericano.

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El 31 de marzo se cumplen 55 años del golpe de 1964, que marcó el inicio de una dictadura militar en Brasil, que duró hasta 1985. Durante 21 años, al menos 434 personas murieron o desaparecieron, según pudo comprobar la Comisión de la Verdad, un órgano oficial creado durante el Gobierno de Dilma Rousseff. A lo largo de dos años y medio de investigación, en los que fueron oídas decenas de testigos, este organismo recogió numerosas pruebas. La conclusión es que podría haber hasta 20.000 víctimas, sobre todo en las áreas rurales y habitadas por indígenas.

Este año el presidente Jair Bolsonaro ha autorizado que el Ejército brasileño haga en los cuarteles las "conmemoraciones debidas" de este momento histórico, lo que ha generado una fuerte reacción de condena por parte de la Fiscalía General del Estado, de la Orden de los Abogados de Brasil y de las asociaciones de víctimas. Incluso una jueza de Brasilia, Ivani Silva da Luz, llegó a prohibir el 29 de marzo los actos conmemorativos del 55º aniversario del golpe, algo meramente simbólico, dado que en muchos cuarteles ya había sido leído el texto oficial escrito para la ocasión.

Pocas horas después, el juez del Tribunal Supremo Gilmar Mendes prohibía prohibir los homenajes, dejando al criterio de cada cuartel la posibilidad de celebrar este polémico día. De hecho, en muchos casos los actos de homenajes se han llevado a cabo en la semana anterior al 31 de marzo, incluso en la esfera privada de clubes militares, como aconteció en Río de Janeiro el pasado 28 de marzo.

El tira y afloja entre Gobierno, militares, tribunales y sociedad civil ha ensombrecido la ya desgastada imagen del presidente Jair Bolsonaro, que el 31 de marzo comienza una visita oficial a Israel. Algunos analistas creen incluso que la determinación del presidente de Brasil de festejar esta fecha podría comprometer la entrada de Brasil en la OCDE, respaldada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump tras la visita de Bolsonaro a la Casa Blanca.

Altos mandos del Ejército de la reserva: en Brasil no hubo dictadura

Durante la celebración de Río de Janeiro, los militares entrevistados por France 24 prefirieron hablar de “revolución” o “movimiento” del Ejército para contrarrestar lo que ellos definen como “un intento de implantar un régimen dictatorial de izquierdas en Brasil” en los años 60 del siglo pasado. Altos mandos del Ejército en la reserva negaron tajantemente que en Brasil hubo una dictadura y que se practicó la tortura. Alegaron que se trató de “excepciones y casos aislados”, que fue un conflicto con “bajas de los dos lados” y que “ha llegado la hora de mirar hacia el futuro y no hacia el pasado”.

Víctimas como la cineasta y ex activista política Lúcia Murat discrepan profundamente. Murat fue torturada en un cuartel del Ejército de Río de Janeiro y, como denunció en la Comisión de la Verdad, llegaron a colocar cucarachas en su cuerpo y en sus genitales. Para ella, el nuevo Gobierno y los militares intentan “reescribir la historia y el pasado”. No obstante, esta cineasta se muestra convencida de que la humanidad no aceptará este revisionismo histórico.

A diferencia de otros países del Cono Sur como Argentina y Chile, en Brasil ningún militar fue condenado por las torturas porque ningún proceso llegó a ser juzgado. Esto se debe a la Ley de Amnistía, aprobada en 1979, en plena dictadura, que brindó a los militares una total impunidad. A principios de esta década la Orden de Abogados de Brasil presentó un recurso contra la amnistía, pero el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado.

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