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INFORME ESPECIAL

Nicaragua arriba a un año de su rebelión cívica

Una manifestante contra el gobierno grita consignas a la policía antidisturbios durante una protesta contra Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 30 de marzo de 2019.
Una manifestante contra el gobierno grita consignas a la policía antidisturbios durante una protesta contra Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 30 de marzo de 2019. Oswaldo Rivas / Reuters

En medio de protestas callejeras y un evidente deterioro económico Nicaragua arriba al primer aniversario del peor conflicto social de su historia moderna.

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Para junio de 2018 la violencia en Nicaragua alcanzaba sus picos más fuertes luego de que el gobierno lanzara lo que denominó la “Operación Limpieza” para desarticular los bloqueos de carreteras que ciudadanos habían levantado en todo el país.

'Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua', se tituló un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que concluyó el uso de “fuerza letal” de parte del estado contra manifestantes.

"Estos grupos participaron en redadas y ataques contra manifestantes y llevaron a cabo detenciones ilegales. Si bien el Gobierno ya no niega la existencia de estos elementos armados progubernamentales, aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad", citó el informe de ACNUDH que valió la expulsión del organismo del país.

Apolonio Fargas, el alcalde opositor detenido por apoyar a ciudadanos

El 24 de junio Apolonio Fargas, uno de los pocos alcaldes opositores del país, trabajaba en su oficina en Mulukukú, una zona remota del país, ubicada aproximadamente a 247 kilómetros al noreste de Managua, cuando un contingente policial y de hombres armados asaltó la Alcaldía en búsqueda de armas y lo arrestó.

Fargas era acusado por la policía de estar vinculado a un grupo armado que atacó una estación policial en Sislao Paraska, comunidad Pueblo Nuevo, y que dejó dos policías asesinados y tres heridos. "Investigaciones realizadas por la Policía Nacional determinan que estos terroristas son autores intelectuales y materiales del cobarde ataque al puesto policial Comunidad Sislao Paraska, Comarca Pueblo Nuevo, hecho ocurrido el pasado 11 de junio del 2018, cometiendo delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, toma de rehén y tenencia ilegal de armas de fuego", cita la nota de prensa policial No. 93 – 2018.

"Es un preso político porque es del partido de la derecha y como el pueblo lo sigue, ese es el dolor de los contrarios", asegura su esposa María Auxiliadora García, mientras espera a las afueras del reclusorio La Modelo en Managua, donde viaja semanalmente con la esperanza que su esposo sea liberado. La mujer denuncia que su esposo de 52 años está en celdas de máxima seguridad con un espacio reducido que tiene poco acceso al aire natural, lo que provoca que sus enfermedades del corazón y presión arterial se agraven.

"Celebran audiencia inicial contra terroristas que dieron muerte a oficiales de Policía en Mulukukú", se leía el titular del oficialista el '19 digital' cuando el alcalde fue presentado ante un juez el 24 de agosto pasado. Junto a él estaba Nicolás Cienfuegos Alaniz, Pedro Martín Lumbí Hernández y Ernesto Jarquín Orozco, arrestados el mismo día y procesados por los mismos delitos.

Hilda Solano, esposa de Ernesto Jarquín, hoy está junto a la esposa del alcalde y comparten el "desafío" de viajar hasta Managua para entregar comida y objetos de aseo personal a sus esposos, acusados por el Gobierno de "terrorismo". Según Hilda, su esposo no participó en los "tranques" o barricadas callejeras durante las revueltas de 2018, pero sí apoyó con alimentos a las personas que participaban en ello, lo que pudo motivar su detención.

"El régimen no quiere que nadie haga liderazgo en el municipio, y él es una persona que apoya mucho al pueblo", expresa Solano, quien hoy alberga la esperanza de que su esposo sea parte de los liberados producto de las negociaciones con la opositora Alianza Cívica, aunque advierte que "no hay que negociar porque la libertad es fundamental cuando no hay delito. Ellos no tienen ningún delito".

Chester Navarrete, el paramédico arrestado por "salvar vidas"

El 13 de marzo pasado Yamileth Jarquín llevó dos pasteles al sistema penitenciario de Nicaragua. Era día de visita para los reos del penal donde está recluido su hijo Chester Emmanuel Navarrete, de 25 años, acusado por el Gobierno de varios delitos desde noviembre pasado.

Navarrete ingresó a los bomberos desde los 16 años hasta convertirse en paramédico. Según su mamá, siempre que existiera una emergencia como inundaciones o incendios, Chester era el primero en salir con su mochila cargada de un kit médico para socorrer a quien lo necesitara. "El no distinguía, siempre ayudaba a los que podía", afirma Yamileth.

El joven estudió dos años enfermería en la universidad Martín Lutero de Masaya, su pueblo natal, y reforzó sus conocimientos con el cuerpo de bomberos voluntarios de Nicaragua, una asociación civil auto gestionada que sirve de apoyo a los bomberos estatales para socorrer a la población.

Cuando la represión a las manifestaciones por una controversial reforma a la seguridad social en abril de 2018 en Nicaragua comenzó a sumar heridos y muertos, el joven paramédico no dudó en tomar nuevamente su mochila para atender a los manifestantes e incluso policías que resultaban afectados del conflicto.

Jarquín afirma que el único "delito" de su hijo fue "salvar vidas". La tarde del 10 de noviembre sus conocidos le comunicaron que la policía había arrestado a Chester en un restaurante donde almorzaba con amigos. Esa misma noche un contingente policial allanó su vivienda en busca de armas. En las patrullas vio a su hijo, arrestado y golpeado. Recuerda que se aproximó y "solo le dije que Dios te bendiga y te guarde".

Esa noche fue trasladado a las celdas del Chipote, un penal ubicado en Managua que sirvió como centro de torturas durante la dictadura de Anastasio Somoza en los años setenta y que según manifestantes detenidos durante las revueltas de 2018, además de largos interrogatorios de madrugada, allí se cometen graves violaciones a derechos humanos. El joven permaneció 27 días allí y luego fue trasladado hacia el Sistema Penitenciario Nacional.

Para la familia Navarrete el encarcelamiento de Chester ha significado un alto costo en el deterioro de sus condiciones de vida. "La familia se ha desgastado psicológicamente, emocionalmente, físicamente. De todas las maneras uno está desgastado", expresa Yamileth, quien desde hace cinco meses ha transformado su rutina para gestionar logísticamente los recursos necesarios de movilización hacia el penal, alimentación y seguimiento del proceso legal que enfrenta su hijo.

Chester ha sido presentado en tres ocasiones ante un juez, acusado de secuestro, portación ilegal de armas y robo. El doce de marzo sería su juicio pero fue suspendido por las negociaciones que sostenía la oposición con el gobierno para encontrar una salida a la crisis del país, que pasará antes por la liberación de más de 779 personas, según datos del Comité Pro Liberación de Presos Políticos.

En agosto de 2018, el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, Comisionado Francisco Eguiguren, dijo que "es de suma preocupación el uso indebido del derecho penal y, en particular, la recién ley aprobada contra el terrorismo, con el objeto de criminalizar el ejercicio de los derechos a la protesta social y la defensa de derechos humanos. Llamamos al Estado a cesar la criminalización de quienes participan pacíficamente en manifestaciones y abstenerse de aplicar figuras inadecuadas, amplias y vagas de terrorismo para responder a las protestas y reivindicaciones sociales".

Yamileth, quien los primeros días del arresto de su hijo bajó 30 libras producto del estrés, toma pastillas para lograr dormir y asiste periódicamente al psicólogo para sobrellevar la situación. Asegura que “todos los nicaragüenses y madres, tenemos la esperanza de que pronto sean libres”. El día de la visita previo al cumpleaños de Chester consiguió un momento de alegría, llevándole la comida favorita de su hijo y dos pasteles, uno para compartir en la visita familiar y otro para que lo repartiera con sus compañeros de celda, su otra familia.

Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos en Nicaragua existen 779 manifestantes detenidos, de los cuales al menos 213 han sido excarcelados desde febrero de 2019 producto de las negociaciones con la oposición, sin embargo, estos permanecen bajo libertad condicionada. El Gobierno por su parte ha declarado que solamente existen 340 personas detenidas en el contexto del conflicto social.

"Lo que se dio fue una excarcelación y sobre estas personas pende un peligro de que en cualquier momento se les pueda ser revocada su libertad", comenta Julio Montenegro, abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH y agrega que hasta ahora se "aplican medidas alternativas a los que están un proceso (legal) todavía y se le aplica convivencia familiar a los que están ya con condenas. Ninguna de las dos aplicaciones es de acuerdo a la ley. Lo que se hace es un remedo de aplicación de la norma".

La consolidación de la lista es tarea asignada a la Cruz Roja Internacional, elegida por ambas partes del conflicto. Según la oposición existen 232 personas que coinciden en ambas listas, sin embargo, el gobierno aún no los ha puesto en libertad, por lo que la Alianza Cívica ha interrumpido las negociaciones.

"La mesa de negociación ha recibido esta tarde una comunicación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la cual expresa su decisión de liberar en un plazo no mayor de noventa días a todas las personas detenidas y presas en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril de 2018, de conformidad al ordenamiento jurídico del país", cita el comunicado del gobierno, al tiempo que agregó que "se hará un llamado a la comunidad internacional para que suspenda las sanciones a fin de facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua".

El abogado Montenegro recibió a inicios de abril una carta enviada por los manifestantes detenidos en donde exigen su liberación inmediata y la inclusión de garantes internacionales para el cumplimiento de los acuerdos hasta hoy firmados. De lo contrario, se revelarán dentro del penal, como ya ha ocurrido en los últimos meses. "Hay un peligro", dice el abogado, quien desde su organismo ha "puesto en alerta desde hace días atrás de que se trate de llegar a un entendimiento rápido bajo lo que ellos (presos) demandan". Los detenidos han puesto como fecha tope el 19 de abril de 2019.

Según el abogado, "El ideal pasa por una voluntad del estado nicaragüense. Dentro de un estado de derecho el gobierno está obligado a respetar y hacer respetar las leyes y lo que menos se ha hecho es eso".

Por su parte, el subprocurador de derechos humanos Adolfo Jarquin Ortel, afirma que "el gobierno ha respondido satisfactoriamente. Ha demostrado voluntad de diÁlogo, de entendimiento" y que en cambio la opositora Alianza Cívica "no tienen unidad de criterio" y esto "entorpece los acuerdos".

"Ellos quieren echarle la culpa al gobierno de lo que ellos (oposición) no pueden hacer", afirma el funcionario y recuerda que "en Nicaragua tenemos experiencia en diálogo, Nosotros resolvimos una guerra entre la contra y el gobierno. Una guerra difícil, una guerra impuesta, una guerra que cobró demasiadas vidas y sin embargo, fuimos capaces de ponernos de acuerdo".

Respecto a las denuncias de violaciones de derechos humanos que le ha costado al Gobierno sanciones internacionales y resoluciones de condena de parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, asegura fueron infundadas en "mentiras". "Aquí hay muchas mentiras que se recogieron de las redes sociales y ciertos medios de comunicación que se dedicaron a divulgar mentiras con un afán propagandístico para dañar un gobierno libremente constituido", asegura.

Sub Procurador de Derechos Humanos.
Sub Procurador de Derechos Humanos. Archivo particular

"Los organismos de derechos humanos nacionales recibieron denuncias pero se politizaron porque son claramente opositores, desde antes, ellos se identificaron con determinados partidos políticos", afirma Ortel, quien también ha visitado las cárceles para constatar la situación de los manifestantes detenidos, quienes según él, han "sido tratados bien".

"Ninguno de los que están presos son presos políticos. Son ciudadanos nicaragüenses que cometieron delitos y tienen que estar sometidos a la justicia”, expresa el defensor de derechos humanos y reitera que los manifestantes detenidos "no han sido torturados, no han sido golpeados, y que han sido tratados bien".

Un exodo masivo que ha toca a más de 62.000 nicaragüenses

La crisis política ha dejado un éxodo masivo por razones políticas y económicas, que según la Agencia de Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), asciende a 62.000 personas, de las cuales unas 55.000 están en Costa Rica. El organismo agregó que la mayoría de ellos son miembros de personal médico, estudiantes, campesinos, defensores de derechos humanos, periodistas, ex funcionarios públicos y profesionales.

"En este flujo de refugiados muchos de ellos han recurrido a cruzar (el puesto fronterizo) irregularmente para evitar ser detectados, a menudo caminando durante horas a través de complicados terrenos", expresó Elizabeth Throssell, portavoz de ACNUR.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que trabaja temas relacionados a libertad de expresión y periodismo conversó con periodistas exiliadas y documentó la grave situación que estas personas atraviesan Costa Rica. Según Cristiana Chamorro, directora de la Fundación, "ellas piden a gritos regresar a Nicaragua y que le devolvamos un país", y agregó que "Nicaragua es una caja de pandora, cambia todos los días", sostuvo durante un encuentro periodístico en Colombia.

Imagen de archivo - 10 de agosto de 2018. Un hombre migrante de nacionalidad nicaragüense, con un tatuaje que dice "Nicaragua, Dios te bendiga".
Imagen de archivo - 10 de agosto de 2018. Un hombre migrante de nacionalidad nicaragüense, con un tatuaje que dice "Nicaragua, Dios te bendiga". Pedro Pardo / AFP

Recientemente el Gobierno presentó a la opinión pública el 'Programa sobre el Retorno Voluntario Asistido' dirigido a las personas que abandonaron Nicaragua desde abril de 2018 y que pretende "garantizar el retorno voluntario asistido de los hermanos nicaragüenses en el exterior, asegurando que sean recibidos con fraternidad, cordialidad y solidaridad", sin embargo, opositores expresan que no existen garantías que el retorno sea seguro. "Es engañoso porque los exiliados no pueden regresar a un país donde los derechos ciudadanos están suspendidos, lo que no satisface el problema de seguridad que los obligó a salir del país", expresó José Pallais, miembro de la opositora Alianza Cívica.

Según la comunicación gubernamental, "este programa cuenta con el apoyo y asistencia técnica de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quien solicitará la cooperación de la Comunidad Internacional". Sin embargo, horas después la OIM aclaró que había recibido una carta de invitación a dicho programa pero que "OIM en Nicaragua aceptó analizar la propuesta del Gobierno y estudiar el programa una vez se conozcan los detalles de este".

Mitad de la población en riesgo de pobreza, según Funides

El Fondo Monetario Internacional pronosticó un decrecimiento económico del -5% para Nicaragua y coincidió sus cifras con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), respecto al rezago de la economía nicaragüense, que junto a la venezolana, serán las más negativas del continente.

Las cifras locales son más dramáticas: más de 400.000 empleos perdidos, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), y una contracción económica de ocho años aproximadamente que sumado a recién aprobadas reformas fiscales y de seguridad social, encarecerán el costo de la vida para los nicaragüenses.

Tan solo este año, la mitad de los nicaragüenses enfrentará el riesgo de la pobreza, de acuerdo con un informe de Funides que estima que es un 20% de la población que viven con ingresos de entre 4 a 10 dólares diarios.  "La pérdida de empleos y la reducción de los ingresos de las familias han provocado un aumento de la pobreza en el país. La pobreza general en 2018 aumentará hasta 38.9%, es decir, un incremento de 9.3 puntos porcentuales con respecto a la estimación oficial de 29.6% en 2014", resalta Funides.

"Lo que vemos es un retroceso malintencionadamente para provocar situaciones anormales, tanto sociales, políticas y económicas a este país", comentó el subprocurador Adolfo Jarquín Ortel y recalcó que desea que los nicaragüenses "resuelvan en dialogo sus problemas, sin interferencia extranjera".

A pesar del éxodo masivo y el evidente deterioro económico del país centroamericano, en las calles aún se escuchan las voces de la resistencia. Las protestas que fueron prohibidas desde septiembre del año pasado se transformaron en pequeños piquetes en supermercados, centros comerciales y universidades, ante el asedio policial.

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La Unidad Azul y Blanco, una articulación de movimientos sociales que participaron activamente en este año de protestas exigiendo la dimisión de Daniel Ortega, afirman que seguirán manifestándose, pidiendo "justicia" para las 325 víctimas del conflicto, según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y la "liberación" de los manifestantes detenidos, al tiempo que el Gobierno insiste en reprimir cualquier expresión ciudadana; desde una persona ondeando la bandera del país, alguien que cante el himno nacional o incluso, globos alusivos a colores patrios, podría costarle prisión a cualquier nicaragüense.

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