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Colombia: líderes sociales y excombatientes, en la mira de los violentos

La gente enciende velas para honrar a los 246 líderes sociales asesinados entre 2018 y 2019 en Colombia durante una manifestación en la plaza Bolívar en Bogotá el 6 de marzo de 2019.
La gente enciende velas para honrar a los 246 líderes sociales asesinados entre 2018 y 2019 en Colombia durante una manifestación en la plaza Bolívar en Bogotá el 6 de marzo de 2019. Diana Sanchez / AFP

Los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC, que se cuentan por más de 100, tiene la paz en Colombia en la cuerda floja.

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Un bebé de una indígena wayuu y un excombatiente de las FARC, que nació luego de la firma del acuerdo de paz con el Estado colombiano, murió cuando atacaron a sus padres. Un "hijo de la paz" como lo llamaron los medios locales, no alcanzó a vivir dos años. Este tipo de ataques armados a exmiembros de la antigua guerrilla no son la única amenaza a la implementación de los acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra de más de 50 años.

Los guerrilleros desmovilizados que entregaron las armas como parte de los acuerdos denuncian que los están matando. El último caso ocurrió cerca de la frontera con Venezuela. Dimar Torres, excombatiente y campesino, regresaba con otros compañeros de comprar unas herramientas y, según fuentes locales, fue asesinado en un retén del Ejército.

El Ministerio de Defensa reconoció que la bala que mató a Torres salió de un fusil del Ejército. Los militares involucrados dijeron que el hombre les había intentado quitar un arma de dotación pero los pobladores contradijeron la versión y sostuvieron que primero los soldados negaron tener que ver con el asesinato y luego los encontraron cavando una tumba improvisada en la zona rural.

En medio de versiones y contradicciones, el asesinato de Torres se suma a los 128 exguerrilleros muertos que, según el director de la Agencia para la Reincorporación de Colombia, que sigue y se responsabiliza de la ruta de reintegración a la vida civil de los más de 10.000 combatientes, han sucedido desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Los excomandantes de las FARC, hoy en el Congreso, lamentan y denuncian el asesinato de sus miembros. Una situación que hace revivir un recuerdo amargo en la historia de Colombia: en la década de los 80, el partido Unión Patriótica (UP), que nació de un acuerdo de paz con las FARC, fue casi exterminado por grupos paramilitares. Los pocos sobrevivientes de ese periodo contabilizan cerca de 4.000 miembros asesinados, por lo que la UP se posó como un nada grato fantasma desde que se habló de la desmovilización de la que fue considerada como la guerrilla más antigua y nutrida del continente.

La peor parte de la violencia posacuerdo la viven los líderes sociales

El último informe de Somos Defensores, una alianza de varias organizaciones civiles defensoras de DD. HH., no deja bien parado al Gobierno frente a un tema que se ha vuelto crónico: el asesinato constante de líderes sociales.

Según la organización, el 2018 dejó cifras sin precedentes en lo que refiere a violencia contra los líderes. "805 personas recibieron algún tipo de agresión y, entre ellas, uno de los datos más preocupantes son los asesinatos, con un total de 155 casos registrados, las cifras más altas de violación a los derechos de los líderes que se han registrado en el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores", revelaron.

La preocupación es tal que entre el 28 de abril y el 2 de mayo, 3.000 líderes y lideresas sociales de todas las regiones de Colombia viajaron a Bogotá a instalarse en un sitio seguro que llamaron "Refugio Humanitario por la Vida".

El informe de Somos Defensores también plantea una hipótesis sobre el incremento de los ataques: "debido a la baja capacidad del Estado para copar espacios dejados por la desmovilizada guerrilla de las FARC y para desmantelar estructuras existentes y prevenir el surgimiento de nuevos grupos, todo ello ha aportado a que, como se ha dicho, este haya sido el peor año en materia de derechos humanos para los defensores en Colombia".

Los presuntos victimarios son diversos, desde crimen organizado, grupos armados y hasta la misma fuerza pública. Pero la mayoría de los autores son desconocidos y la tasa de impunidad es alta; aunque la Fiscalía dice que hay esclarecimiento en cerca del 50% de los casos, las organizaciones arguyen que las sentencias son pocas, menos del 10%.

El presidente Iván Duque, que no ha cumplido un año el poder, ha promovido una estrategia de protección vía fuerzas armadas y en su plan de "paz con legalidad" se ha propuesto llegar con todo el Estado a las zonas más afectadas por el conflicto. Sin embargo, sus críticos dicen que la implementación del acuerdo de paz no ha sido su prioridad. Un reciente informe de la Cruz Roja Internacional señaló que Colombia todavía sufría cinco conflictos distintos.

Para los defensores, el enfoque del presidente Duque no ha sido suficiente. "(El mandatario) ha argumentado que no puede garantizar la vida de todos los líderes sociales del país porque son demasiados, pero, en realidad, lo que debería hacer es preguntarse por qué son tantos".

El posconflicto tiene las alarmas prendidas en Colombia.

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