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Gobierno peruano y campesinos dialogan sobre minera china que explota cobre en Las Bambas

Dirigentes de Cotabambas hicieron un paro con el fin de conversar con el Estado y la empresa MMG. 50 días después del inicio de las movilizaciones hubo diálogo entre las tres partes.
Dirigentes de Cotabambas hicieron un paro con el fin de conversar con el Estado y la empresa MMG. 50 días después del inicio de las movilizaciones hubo diálogo entre las tres partes. Cortesía Agencia Andina

Comunidades de la región de Apurímac pedían conversar con la minera china MMG sobre acuerdos no respetados. El diálogo se logró dos meses después de que las comunidades decidieran bloquear la carretera para hacerse escuchar.

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El miércoles 24 de abril se instaló la mesa de Justicia y Derechos Humanos en Molinopampa, en la región sur andina de Apurímac, entre comunidades de Cotabambas, el Estado y la empresa minera china MMG. Se trata de la primera mesa de diálogo después de los acuerdos firmados hace dos semanas después de un paro que duró 50 días.

Durante esta movilización, las comunidades de la provincia de Cotabambas en Apurímac, directamente afectadas por la mina Las Bambas, solicitaron al Estado peruano y a la empresa china MMG, conversar sobre una serie de acuerdos que no fueron respetados respecto a la actividad extractiva.

Una de las razones del paro está ligada a que en Yavi Yavi, en Cusco, uno de los cinco terrenos que se entregó a la comunidad de Fuerabamba como compensación por la pérdida de su tierra, en la que vivían y trabajaban principalmente de la agricultura y ganadería, existe ahora una carretera por la que pasan diariamente más de 300 camiones que trasladan el cobre extraído de la mina.

Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, dice que existe falta de transparencia. “La empresa debió ser mucho más transparente con las comunidades y pudieran de esta manera estar prevenidas de lo que pudiera pasar”, asegura.

La mesa recientemente instalada se enfocará en justicia y derechos humanos y tendrá que analizar el pedido de archivamiento de las denuncias contra los comuneros procesados en los conflictos sociales de la provincia de Cotabambas en 2011, 2015, 2016, 2017 y 2019.  

El presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, da declaraciones a la prensa luego de las conversaciones con representantes del Gobierno, MMG, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo.
El presidente de la Comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, da declaraciones a la prensa luego de las conversaciones con representantes del Gobierno, MMG, la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo. Cortesía: Juan Carlos Guzmán / Agencia Andina

Esto se hará a través de un proyecto de Ley de amnistía que se presentará en un plazo de una semana. Los comuneros anunciaron este lunes 29 de abril, a través de una entrevista en una cadena de televisión peruana de noticias, que no habría más diálogo si es que no se incluyen a la totalidad de las personas denunciadas. Son 500 los casos involucrados.

A la par, el Ministerio de Justicia tendrá también que atender las demandas de los familiares de los fallecidos y heridos durante los conflictos sociales en esos mismos cinco años anteriormente mencionados.

Muy a parte de esta primera mesa, aún deberá discutirse la principal cuestión ligada a los 300 camiones que transitan cada día y las compensaciones económicas.

Las Bambas: más de 20 años de protestas y diálogo

Cuando la mina Las Bambas era operada por la empresa Glencore, parte de los acuerdos con las comunidades se basaron en que la empresa iba a construir un mineroducto. Esto con el fin de evitar el traslado del mineral vía carretera y generar impactos ambientales como el polvo en el aire.

“El conflicto en Las Bambas tiene su origen en una serie de ofrecimientos y compromisos que no han sido hasta el momento cumplidos, tanto por el Gobierno como por la empresa. Existe un malestar por parte de las comunidades”, analiza José De Echave subdirector de la ONG Cooperacción, especializada en estudiar los impactos de las actividades extractivas en el Perú.

En el año 2014 Glencore vendió la mina a la empresa china MMG, que procedió con modificar parte del proyecto y no construir el mineroducto. Esto se dio sin realizar algún tipo de diálogo con las comunidades del impacto.  

En septiembre del 2015 miles de manifestantes protestaron en contra de la modificación del estudio de impacto ambiental. Los enfrentamientos entre policías y manifestantes dejaron tres fallecidos y 15 heridos.

A raíz de este conflicto, el Estado creó una mesa de diálogo. Sin embargo, un año después, en 2016, las comunidades de Cotabambas siguieron denunciando la falta de cumplimiento de los acuerdos por parte de la empresa MMG. Se inició un nuevo paro en el que falleció un manifestante.

Él (Vizcarra) fue a la zona y planteó un programa de proyecto de inversiones para la provincia de Cotabambas y hasta este momento no se ha cumplido"

José De Echave, subdirector de la ONG Cooperacción

De Echave recuerda que a raíz de este nuevo conflicto, Martín Vizcarra, entonces ministro de Transporte y hoy presidente de la República, anunció la creación de una la mesa de diálogo en diciembre 2016.

“Él fue a la zona y planteó un programa de proyecto de inversiones para la provincia de Cotabambas y hasta este momento no se ha cumplido. Esto sucede en una provincia olvidada con niveles altos de pobreza y con necesidades de tener algún tipo de beneficio de la presencia de uno de los proyectos mineros más importantes del país, como es el caso de Las Bambas”.

“La ausencia del Estado es uno de los problemas en este conflicto”

La reunión que tuvo lugar entre el Estado, la empresa y las comunidades de Cotabambas hace quince días fue posible gracias a que la Conferencia Episcopal, junto con la Defensoría del Pueblo, fueran los intermediarios.

“La ausencia del Estado es uno de los problemas en este conflicto. No ha acompañado el proceso y las relaciones entre comunidades y la empresa. No puede ser un asunto únicamente privado porque estamos hablando de la explotación de un recurso natural que es de todos los peruanos y que apunta al desarrollo de la zona”, añade Rolando Luque, defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo .

Según el último informe de la Defensoría del Pueblo, a marzo 2019, 183 conflictos sociales fueron registrados de los cuales 115 eran ligados a problemáticas ambientales: 73 directamente vinculados a actividad minera. “Lo que uno percibe es que el Estado reacciona cuando el conflicto ha estallado, viene a apaciguar el conflicto, espera que la gente se calme, se olvida del conflicto hasta que estalle otro. En este sentido no veo cambios significativos”, comenta De Echave.

Para Rolando Luque el  Estado debe tener claro qué otro tipo de actividades se pueden desarrollar en las regiones en las que se van a instalar proyectos mineros. “Esto debe suceder con el fin de que las comunidades tengan trabajos formales y no dependan únicamente de la actividad minera”, insiste.

Como son varias visiones que entran en tensión es necesario crear un valor compartido de la tierra"

Giselle Huamaní, especialista en análisis y resolución de conflictos

La ausencia del Estado se traduce en una falta de seguimiento durante las negociaciones de compras y ventas de terreno al inicio de los proyectos, detalla por su parte Giselle Huamaní, especialista en análisis y resolución de conflictos y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ​

“Algunas veces los pagos se realizan según diferentes criterios o afinidades. Entonces sin las mejores prácticas de las empresas, en la compra de terrenos, se hace más compleja la relación”, aclara a France24. “Deben tener objetivos claros, transparentes frente a las comunidades, a la gente, que sabe en qué condiciones se están vendiendo estos terrenos”.

El otro punto para Huamaní es que los acuerdos deberían lograrse con base a valores compartidos: “Es necesario entender que el valor de la tierra tiene diferentes visiones: algunos valorizan la tierra por su valor económico, otros por su valor histórico, otros por su potencial ambiental, otros por lo sagrado y cultural. Como son varias visiones que entran en tensión es necesario crear un valor compartido de la tierra”.  

La  falta de presencia de las instituciones estatales en conflictos sociales si bien tiene un costo económico también  existe un costo humano.

“En Perú, desde el 2006, los conflictos sociales han provocado 280 fallecidos y 5.000 personas heridas”, recuerda Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo.  “No se trata de tomar un helicóptero y pasar unas horas en la zona. Debe haber un equipo permanente que brinde apoyo y supervisión para que el dinero sea adecuadamente invertido en educación o en salud. Hemos visto casos de corrupción, ineficiencia del gasto y un mal gasto, por ejemplo en obras innecesarias. Solo se podrá producir una transformación positiva en la zona si es que se asegura la calidad del gasto”, concluye.

El diálogo entre el Gobierno y las comunidades gana importancia cuando se tiene estimado que Perú es el segundo productor mundial de cobre y a la vez uno de los países más biodiversos de la región.

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