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Nexos de un narco con agentes profundizan la crisis de la Policía en Bolivia

Oficiales de policía de Bolivia participan en una ceremonia en La Paz, Bolivia, el 29 de abril de 2019.
Oficiales de policía de Bolivia participan en una ceremonia en La Paz, Bolivia, el 29 de abril de 2019. David Mercado / Reuters

El viaje de dos jefes policiales a Cartagena pagado por un narcotraficante ha desatado otro escándalo de corrupción en la institución boliviana y ha urgido al Gobierno de Evo Morales a anunciar su refundación.

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El acusado Pedro Montenegro Paz es hoy el hombre más buscado de Bolivia, pero hasta hace unos días era un abogado que aparentaba vivir del negocio de bienes raíces, pagaba fiestas para centenares de personas e incluso fue condecorado por la Policía en la ciudad de Santa Cruz (este) por regalar unos muebles a esa institución.

Montenegro, alias 'Pedro Hoffman Sainz', está prófugo desde que se conocieron unas fotografías suyas en Cartagena de Indias, Colombia, con 18 personas, entre ellas dos jefes policiales y el hijastro de otro alto jefe policial, aunque ya desde el 2014 era buscado por la Interpol y en 2015 Brasil solicitó su extradición por narcotráfico.

La vida de Montenegro Paz, los lujos con los que vivía y la gran red de relaciones en las instituciones que tenía ahora es desgranada en los informes policiales y en los medios, al mismo tiempo que caen duras críticas al Ejecutivo y al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por el grado de penetración del narcotráfico en la Policía.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, afronta críticas por los problemas de la Policía boliviana a propósito de la vinculación de jefes policiales con un narcotraficante.
El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, afronta críticas por los problemas de la Policía boliviana a propósito de la vinculación de jefes policiales con un narcotraficante. Cortesía Ministerio de Gobierno

Llueven las detenciones contra jefes policiales y se acentúa la crisis

Tras su participación en el grupo de viajeros a Colombia, en las últimas horas fue encarcelado el mayor Kurt Germán Brun Ríos, que era el jefe de control del aeropuerto de Chimoré, situado en la zona cocalera del Chapare (centro), donde las bandas de "narcos" producen cocaína.

También están detenidos el coronel Gonzalo Medina Sánchez, hasta hace poco jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz; su hijastro Robín Justiniano, y el capitán Fernando Moreira Morón, estrecho colaborador de Medina. Moreira y Justiniano fueron parte del grupo carnavalero que viajó a Colombia.

También son investigados otros policías de baja graduación, varios agentes que trabajaban para la Interpol de Bolivia entre el 2014 y el 2018 porque supuestamente retiraron de su sistema la orden "roja" de búsqueda de Montenegro, y una reina de belleza que también hizo el viaje a Colombia y no puede justificar sus bienes.

Además, Medina y Moreira son investigados por la supuesta planificación en marzo pasado del envío de 40 kilos de cocaína a Estados Unidos vía Panamá, caso revelado al filtrarse a la prensa una conversación del entonces comandante nacional de la Policía, general Rómulo Delgado, con otro oficial.

En el audio, Delgado se preguntaba si fue relevado del cargo por investigar ese caso. Su cambio se produjo hace dos semanas, tras solo cuatro meses en el puesto y en ausencia del presidente Evo Morales del país, que estaba de gira en Emiratos Árabes y Turquía.

Arequipa: Narcotráfico penetra "hasta el tuétano" a la Policía

El analista político Marcelo Arequipa dijo a France 24 que la relación de Montenegro con un alto jefe policial como Medina ha vuelto a mostrar que el narcotráfico penetra "hasta el tuétano" a la institución de seguridad y recordó otros sonados casos.

El excomandante de la Policía general Óscar Nina fue detenido en 2015 acusado de legitimación de ganancias ilegales y de una supuesta relación con el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán. En 2011 el exjefe antidroga, general René Sanabria, fue capturado en Panamá acusado de conspirar para exportar droga a Estados Unidos.

Este año, varios altos cargos también se vieron envueltos en la creación de una red para proteger a contrabandistas y otra para hacer cobros ilegales a los aspirantes a la Academia de Policía a cambio de favorecerlos en sus exámenes.

Arequipa dijo que el caso Medina revela los "círculos viciosos dentro de la Policía" y consideró que el ministro Romero tiene por delante un "enorme desafío" para tratar de encaminar una solución, peor en el año electoral que vive Bolivia.

A juicio del analista, la división en cuerpos especializados en prevención e investigación es una urgencia para reformar la institución, igual que discutir "unos pactos globales a gran escala" en el país para encaminar una transformación.

Escándalos de corrupción llevan al Gobierno de Morales a anunciar una "refundación" de la Policía

La corrupción crónica en la Policía queda ilustrada por el hecho de que en su historia varios comandantes nacionales acabaron en prisión por diferentes casos, desde asalto de bancos hasta el narcotráfico.

El ministro de Gobierno lamentó que la imagen de la Policía haya sido "echada abajo" con este caso, en un momento en que, según destacó, la institución vivía un proceso de fortalecimiento que ha logrado reducir la criminalidad en el país.

El desafío de estar frente a una institución es complejo, primero cuando hay que fundarla y luego cuando está en crisis hay que refundarla"

Carlos Romero, ministro de Gobierno de Bolivia

La propuesta del Gobierno es que la Policía, que cuenta con 37.000 agentes, sea refundada con un nuevo enfoque y mecanismos de control y registro que alcanzaría incluso a familiares, pero también con la incorporación de mini cámaras adheridas al uniforme policial

"El desafío de estar frente a una institución es complejo, primero cuando hay que fundarla y luego cuando está en crisis hay que refundarla y eso en realidad es la tarea inmediata", dijo Romero.

La oposición recibió con escepticismo el nuevo intento de reformar la Policía porque considera que en 13 años el Gobierno de Morales no ha demostrado una voluntad política para hacerlo.

 

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