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Así es la vida de un "preso político" en Nicaragua

Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, existen más de 200 personas reportadas como "presas políticas" por sus familiares.
Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, existen más de 200 personas reportadas como "presas políticas" por sus familiares. Jorge Hurtado / France 24

Los datos sobre los manifestantes capturados durante el estallido social en Nicaragua aún no coinciden entre el Gobierno y la oposición. Los pocos que han salido de prisión dan testimonio de sus peores días.

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El 16 de agosto de 2018 Fenner Dávila, de 32 años, regresaba a su hogar luego de repartir gas a domicilio en la Concepción, municipio de Masaya al oeste de Nicaragua. Encontró a su madre y esposa nerviosas por una inesperada visita policial a su vivienda. Los oficiales preguntaron por el origen de las motocicletas del negocio de gas y dejaron un citatorio policial con la advertencia verbal que de no presentarse “las cosas se pondrían feas”.

Dávila se involucró en las manifestaciones antigubernamentales desarrolladas en todas las ciudades de Nicaragua entre abril y agosto de 2018, que pedían la dimisión del presidente Daniel Ortega y de su gabinete. El joven sospechaba que tendría que ver con algunas marchas en las que participó conduciendo su motocicleta, ondeando la bandera nacional y vitoreando consignas libertarias.

En la estación policial los oficiales le indicaron que tenía una denuncia en su contra por agresión y robo. Los denunciantes lo esperaban allí y la policía procedió a arrestarlo. Dávila identificó a las supuestas “víctimas” como miembros de la Juventud Sandinista, una agrupación juvenil que desarrolla activismo a favor del gobernante Frente Sandinista en cada barrio, comarca o ciudad del país.

“Antes de que yo llegara (a la estación) ellos ya habían organizado las cosas, entre la Juventud Sandinista y la policía. El teniente ya tenía las denuncias”, comentó Fenner, al tiempo que relata lo tenso que fue la detención. Según él, policías y “víctimas” lo provocaban verbalmente con improperios acusándolo de “golpista” y “terrorista”, términos utilizados por el oficialismo para referirse a opositores.

Me decían que ahora sí me tenían, que ahora sí iba a pagar por todo lo que yo hacía en las protestas"

Fenner Dávila

El acoso se extendió por 22 días que permaneció arrestado en la estación local de su ciudad, hasta donde llegaba su madre y esposa para intentar noticias sobre su estado legal, pero no recibieron explicación alguna. “A mi esposa la acosaban sexualmente porque ellos (policías) le pedían su número de celular. Le decían que a su marido ya no lo volvería a ver, que lo diera por muerto”, comenta Dávila.

Según relata, las agresiones a ese momento eran “verbalmente y psicológicamente. Me decían que ahora sí me tenían, que ahora sí iba a pagar por todo lo que yo hacía en las protestas”, recuerda Fenner, quien tendría que responder casi a diario la pregunta sobre “¿quién lo financiaba?” por participar en las protestas.

El 9 de septiembre fue trasladado a la estación policial de Masaya, donde encontró a decenas de manifestantes detenidos. Luego del papeleo fue ingresado con 30 personas en una pequeña celda, donde pasaron la noche, y al día siguiente junto a otros manifestantes trasladado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote, un centro penitenciario ubicado en Managua y acusado por la oposición de funcionar como un “centro de torturas”.

‘19 Digital’: Fenner “secuestró” a las “víctimas” y las trasladó a una barricada opositora “donde los torturaron

“De Masaya fueron capturados los elementos Fenner Antonio Dávila Capitán, de 32 años y Luis Alberto Matamoros Fuentes, de 35 años. Estos son señalados de participar en el secuestro de los hermanos Jimmy Daniel y Daniela Yolanda Espinosa Moraga, así como del policía Jasir Guevara”, comunicó el portal oficialista ‘19 Digital’, en una publicación del 11 de septiembre, junto a un retrato de Fenner apresado y custodiado por policías armados.

El portal agregó que Fenner “secuestró” a las “víctimas” y las trasladó a una barricada opositora “donde los torturaron, les vendaron los ojos y rociaron con gasolina sus cuerpos amenazando con quemarlos vivos”. Según la versión policial “a los terroristas se les ocupó 4 armas artesanales aptas para el disparo y 5 tubos lanza morteros (bombas artesanales)”.

A finales de septiembre de 2018, Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advirtió a la comunidad internacional de una “tercera fase” de represión a los manifestantes. “Ha habido un proceso de transformación de la represión más cruda, más explícita, un proceso de represión burocrática, utilizando la propia institucionalidad, el sistema de justicia para detener a las personas, promover acciones y procesos judiciales en su contra”, declaró Abrão.

Luego de permanecer cuatro días completamente desnudo en El Chipote, bajo condiciones insalubres y con amenazas de ser torturado, los oficiales trasladaron a Fenner al Sistema Penitenciario Nacional, La Modelo, donde se encontraría con otros manifestantes detenidos que los recibirían con júbilo, aunque los interrogatorios y golpizas aún no terminarían.

“Fue terrible. Pensamos que ya había pasado todo pero los funcionarios (del penal) nos vivían agrediendo. Nos golpeaban fuertemente”, recuerda. Días antes de ser excarcelado y pasar al régimen de “convivencia familiar”, los reos decidieron protestar por los “abusos” recibidos por oficiales del penitenciario. Según contó a France 24, unos 60 reos bloquearon los accesos al perímetro de su celda y en represalia, las autoridades cortaron el acceso a agua, energía y alimentos durante seis días.

Relata que al quinto día de la huelga dentro del penal un grupo de oficiales se acercaron al perímetro atrincherado, instalaron una parrilla y comenzaron a cocinar carne asada. “Como queriéndonos decir: nosotros tenemos comida y ustedes no tienen. Sientan el olor y ustedes no lo tienen”, narra Dávila, quien agrega que los custodios “hacían cualquier cosa para humillarnos, por hacernos sentir menos que ellos”.

Aunque el Gobierno ha excarcelado a más de 200 manifestantes, aún quedarían centenares tras las rejas

Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos existen 779 personas detenidas en el marco de las manifestaciones en Nicaragua a quienes denomina “presos políticos”, apresados por su inclinación política disidente al gobierno. Por otro lado, el estado les denomina “terroristas” y en su listado hay 340 personas que enfrentan procesos por cometer delitos comunes y contra el estado.

Las negociaciones entre el Gobierno y la oposición se encuentran estancadas, según la disidencia, por la negativa del Gobierno de liberar a estas personas y conciliar las listas, una tarea asignada por ambas partes al Comité Internacional de Cruz Roja, CICR, quienes hasta la fecha tiene unos 300 nombres conciliados, pero que el Gobierno aún no libera.

Desde que inició la negociación el Gobierno ha excarcelado a 236 personas, pero solo 18 de ellos fueron notificados de libertad total, el resto pasaron a régimen de "casa por cárcel" o "convivencia familiar" y deben presentarse periódicamente ante la Justicia. Según el Comité Pro Liberación de Presos Políticos, existen más de 200 personas reportadas como “presas políticas” por sus familiares pero que el Gobierno afirma no tenerlos detenidos.

Para el abogado Julio Montenegro, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, la aplicación de la ley es “inadecuada” respecto a estos acusados, de quienes tiene tres reportes de manifestantes que a los días de haber sido excarcelados fueron detenidos nuevamente por la policía y “se les intentó adjudicar un delito común”.

El abogado Julio Montenegro, de la CPDH.
El abogado Julio Montenegro, de la CPDH. Jorge Hurtado / France 24

“En los casos de terrorismo, de entorpecimiento de servicios públicos, de uso de arma restringida, son delitos contra el Estado. Son delitos gravosos. Entonces en este tipo de delitos solo corresponde aplicar la prisión preventiva. Entonces evidentemente en estos delitos no cabe casa por cárcel, la presentación periódica, la restricción migratoria”, afirma el abogado Julio Montenegro de CPDH.

Fenner, excarcelado el 5 de abril, relató que durante los pocos días que lleva en su vivienda ha sufrido efectos psicológicos del encarcelamiento. “Cuando despierto en las mañanas siento como que voy a mirar a la policía en la puerta de mi casa y que van a venir a arrestarme de nuevo”, expresó el excarcelado, quien afirma que desde su retorno es vigilado por afines al Gobierno y policías.

El excarcelado Fenner Davila pasa tiempo con su bebé de 8 meses, nacido una semana antes de su arresto.
El excarcelado Fenner Davila pasa tiempo con su bebé de 8 meses, nacido una semana antes de su arresto. Jorge Hurtado / France 24

“Hay una aplicación inadecuada. No están libres. Tienen una medida distinta pero en cualquier momento les puede ser revocada esta situación”, reitera el abogado Montenegro. Según él, el estatus ideal para estas personas es “nulidad absoluta de carácter insubsanable con un sobreseimiento definitivo que implique que no se las va a juzgar dos veces por el mismo delito”.

El 20 de junio se cumplirán los 90 días del plazo acordado por ambas partes para la liberación de todos los manifestantes detenidos, aunque por ahora, Fenner y su familia siguen de cerca las noticias del proceso de negociación política que aunque se han firmados acuerdos con testigos como la OEA y el vaticano, el cumplimiento de los mismo es aún tarea pendiente.

Por ahora Dávila dedica su tiempo a compartir las tareas del hogar y jugar con sus dos hijos. El menor nació una semana antes de su arresto y es hasta ahora que comienza a conocerlo. Luego de ocho meses de encierro en cuatro distintas prisiones del país no tiene certeza de su futuro legal, aunque logró comprobar que para los disidentes en Nicaragua, “las cosas se pusieron feas”.

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