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En Perú, el caso Lava Jato avanza a grandes pasos a pesar de los obstáculos

En la foto, el fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, y el fiscal José Domingo Pérez.
En la foto, el fiscal coordinador del equipo Lava Jato, Rafael Vela, y el fiscal José Domingo Pérez. Cortesía Agencia Andina

Son cuatro los expresidentes peruanos investigados en uno de los casos de corrupción más grandes de América Latina. Con 46 investigaciones fiscales en curso, después de Brasil, Perú es el país que más ha logrado avanzar en los procesos.

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20 años de cárcel. Eso fue lo que solicitó la Fiscalía de Perú, el 7 de mayo, para el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por presunto delito de lavado de activos en organización criminal por recibir dinero ilícito de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial.

El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó 26 años y seis meses para Nadine Heredia, la esposa del expresidente.

Hace unos días el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) fue trasladado a su vivienda para cumplir con los 36 meses de prisión preventiva con arresto domiciliario por el presunto delito de lavado de activos que ordenó el Poder Judicial, por la misma trama.

Esto ocurrió después de haber sido dado de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica local. Allí fue sometido a una cirugía del corazón. La Fiscalía había solicitado al Poder Judicial el arresto domiciliario al tomar en consideración la salud delicada y la avanzada edad del ex mandatario.

La última semana de abril, Jorge Barata, el exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú, confesó a los fiscales peruanos durante el interrogatorio en Curitiba, Brasil, haber aportado para la campaña presidencial en 2006 del expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y de haber tenido una relación de amistad con él.

Interrogatorio del fiscal José Domingo Pérez a Jorge Barata

Miguel Atala Herrera, expresidente de PetroPerú y amigo de Alan García, confesó a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato haber sido el testaferro del exmandatario y haber entregado “un millón 300 mil dólares, en varias armadas de 20.000 o 30.000 dólares”, según publicó el medio de investigación ‘IDL-Reporteros’.

Estas últimas declaraciones sucedieron una semana después del suicidio del expresidente Alan García. El 17 de abril, la Fiscalía se dirigió al domicilio de García con una orden de detención en su contra por delitos de lavado de dinero y colusión agravada para favorecer a la constructora Odebrecht. 

Ese mismo día, además de García, otras ocho personas tenían orden de detención, entre ellas Enrique Cornejo, exministro de Transportes y Comunicaciones en el segundo gobierno de García, y el ex vicepresidente de PetroPerú, Miguel Atala Herrera.

También Barata confirmó que la constructora brasileña benefició a Humala (2011) y Kuczynski (2016) en sus campañas presidenciales, así como a  la campaña de Susana Villarán, la exalcaldesa de Lima, con tres millones de dólares. Este miércoles 9 de mayo la Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Villarán.

El exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) sigue prófugo de la justicia en Estados Unidos. El Poder Judicial peruano está a la espera de una respuesta al pedido de extradición que solicitó a este país en mayo del 2018. El exjefe de Odebrecht, Jorge Barata, explicó a los fiscales que Toledo había recibido 27 millones de dólares a través de un testaferro, Josef Maiman.

Por otro lado, Keiko Fujimori, lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular, está cumpliendo con una orden de 36 meses de prisión preventiva en la cárcel. Barata contó a los fiscales peruanos haber también aportado a su campaña.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el denominado caso Cócteles.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para la excandidata presidencial Keiko Fujimori por el denominado caso Cócteles. Agencia Andina

Complejos obstáculos para una investigación profunda

“Es un esfuerzo muy grande que está realizando el sistema judicial peruano. La Fiscalía ha asumido el reto de llevar adelante investigaciones altamente complejas sin hacer ningún distingo entre las personas investigadas”, explicó a France 24 Avelino Guillén, exfiscal supremo.

Según las declaraciones de Rafael Vela, el fiscal superior a cargo del equipo especial Lava Jato, en una entrevista al programa de televisión dominical ‘Cuarto Poder’, son actualmente 46 las investigaciones de alto grado de complejidad que su equipo está realizando.

Vela resaltó la importancia de las últimas declaraciones de Jorge Barata en Brasil y de Miguel Atala en Perú.

“Esto no solo consolidará las investigaciones sino también abrirá la posibilidad de nuevas líneas de investigación”, confirmó el fiscal superior.

Sin embargo, el trabajo del equipo podría verse limitado por la falta de personal y de presupuesto para procesar la cantidad de información que está llegando, sobre todo después de las últimas declaraciones, como ha explicado en varias ocasiones Rafael Vela.

El fiscal superior recordó que solo son cuatro fiscales provinciales los que actualmente lideran las investigaciones con un total de 30 personas a cargo. “Somos un grupo bastante corto de fiscales”, dijo. El fiscal subrayó que en un solo caso de investigación existen más de 60 personas investigadas: “El promedio de investigados no varía de más de 20 personas”.

Avelino Guillén respalda el pedido de Vela en términos presupuestales y de personal que para lograr una investigación que responda al pedido de la ciudadanía es necesario “lograr mayores recursos presupuestales para reforzar el equipo de fiscales porque, antes las nuevas pruebas se requiere reforzar de manera sustantiva un equipo multidisciplinario que ayude y asesore a los fiscales que ven investigaciones complejas”.

Por su lado, Gustavo Gorriti, director del medio de investigación ‘IDL-Reporteros’ y que investiga el caso Lava Jato desde el 2011, recuerda que estos no son los únicos obstáculos. Desde el propio Ministerio Público no hubo el apoyo necesario al inicio. “Hay que recordar cuando se le dijo al fiscal Domingo Peréz de que no preguntará sobre AG”, dijo a France 24 el reputado periodista de investigación.

Otro momento crítico para la investigación, añade Gorriti, fue a finales del 2018, cuando el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió en la noche del 31 de diciembre reemplazar a dos fiscales a cargo de la investigación del caso Lava Jato.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el centro de la imagen, el 31 de diciembre cuando anunció el reemplazo de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial a cargo del caso Lava Jato en el Ministerio Público.
El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, en el centro de la imagen, el 31 de diciembre cuando anunció el reemplazo de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez del Equipo Especial a cargo del caso Lava Jato en el Ministerio Público. Eddy Ramos / Agencia Andina

“En Perú, el periodismo de investigación empezó la investigación”

“En Perú, a diferencia de Brasil donde los procuradores empezaron la investigación, fue el periodismo de investigación que llevó la investigación y luego, tras los cambios en el Ministerio Público, los fiscales siguieron lo que se había avanzado”, dice Gustavo Gorriti. “Actualmente, después de Brasil, a nivel Latinoamericano, Perú es uno de los países que más ha avanzado en los procesos”.

Para el exfiscal supremo Avelino Guillén ahora es urgente consolidar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, así como obtener la documentación probatoria prometida por Barata. “Se debe lograr cuanto antes que la empresa Odebrecht remita los 4000 folios de los servidores del departamento de operaciones estructuradas”, subraya.

“Esta investigación es mucho más profunda de lo que pensábamos. Faltan las otras empresas brasileñas y peruanas, el Club de la construcción. Recién estamos empezando”, asegura por su lado Gustavo Gorriti.

“Nunca hemos visto lo malo de los conflictos de interés”

En Perú, la investigación fiscal del caso de corrupción más grande de Latinoamérica ha demostrado cuánto estuvieron involucrados el sector privado y el sector público, desde políticos, funcionarios públicos y empresarios.

“Muchos funcionarios trabajan en el ámbito privado y pasan a trabajar al sector público en altos cargos, sin darse cuenta que están en un conflicto de interés”, sostiene Avelino Guillén, exfiscal supremo.

Guillén pone de ejemplo al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue ministro de Economía de Alejandro Toledo. “Él ve como algo normal que sus empresas hayan brindado asesoría técnica a Odebrecht. Esto es uno de los males del Perú. Nunca hemos visto lo malo de los conflictos de interés”.

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