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Controversia en Colombia por retiro de visas estadounidenses a magistrados

Las magistradas de las altas cortes en rueda de prensa sobre presiones ante sus fallos el 14 de mayo de 2019 en Bogotá, Colombia.
Las magistradas de las altas cortes en rueda de prensa sobre presiones ante sus fallos el 14 de mayo de 2019 en Bogotá, Colombia. Oficina de prensa JEP

Estados Unidos le quitó la visa a almenos tres magistrados de las altas cortes y aunque devolvió dos, la que fue interpretada como una "presión" aumenta la tensión entre la Justicia colombiana y el Gobierno de EE.UU.

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El Gobierno de Estados Unidos habría decidido retirar la visa a tres altos magistrados colombianos. Y la decisión se da en una coyuntura especial: la Corte Constitucional se apresta a dar un fallo sobre seis objeciones que presentó el presidente Iván Duque, aliado de Trump, a la Justicia Especial para la Paz.

Los magistrados Diana Fajardo y Antonio Lizarazo, de la Corte Constitucional, ya habrían recuperado su visado, aunque desde las cortes temen que más jueces puedan enfrentar una situación similar.

La Embajada de EE.UU. en Bogotá publicó un breve comunicado el pasado 12 de mayo en el que afirman que no comentarán casos de visas individuales y que el Departamento de Estado tiene autoridad para revocar visados cuando tenga información.

“Bajo la ley de Estados Unidos, los expedientes de visas son confidenciales. No comentamos sobre casos de visas individuales. El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos", dice la comunicación oficial.

En una declaración conjunta de los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz, los juristas aclararon que son árbitros y no parte y que van a seguir ejerciendo su función judicial "con autonomía e independencia de cualquier influencia ajena, proveniente de cualquier fuente o por cualquier razón", dijeron este 13 de mayo.

De sectores críticos al actual Gobierno se han levantado voces que dicen que la decisión de Estados Unidos busca incidir en el fallo sobre las objeciones a conocerse esta semana. Una iniciativa política colombiana, Defendamos la paz, pidió a la ONU garantizar la independencia de las cortes.

En una carta fechada el pasado lunes 13 de mayo dicen: "“sucesivos ataques y presiones contra las magistradas y los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)-, que amenazan gravemente su seguridad e integridad y que se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonomía del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia".

Para los defensores del acuerdo de paz, la decisión de EE.UU. es una forma de presión

La Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional acordado en los diálogos de La Habana encargado de juzgar los crímenes de guerra. Para sus defensores es el corazón del proceso de paz, para sus detractores es un órgano que ofrece impunidad a los excombatientes.

El presidente Iván Duque, del partido que le hizo oposición al proceso de paz, hizo objeciones a la ley que reglamenta la Justicia Especial para la Paz. Objeciones que fueron rechazadas por la Cámara de Representantes de ese país y que el Senado luego, incapaz de llegar a una decisión, puso en manos de la Corte Constitucional.

Para los defensores del acuerdo de paz, la decisión de Estados Unidos es una forma  más de presión para la decisión judicial que debe tomar la Corte.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo que el Gobierno colombiano no presiona ni es cómplice de la decisión de Estados Unidos de retirar el visado. 

El supuesto mecanismo de presión a una alta corte por parte de EE.UU. hizo recordar que hace pocos días Estados Unidos retiró el visado a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda. La jurista nacida en Gambia lleva desde 2016 un examen sobre los crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses entre 2003 y 2004 en Afganistán.

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