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Nicaragua: ley para "atender a víctimas del terrorismo" enfrenta a Gobierno y oposición

Una mujer llora frente el cofre del ciudadano estadounidense Eddy Montes durante su funeral en Matagalpa, Nicaragua, el 19 de mayo de 2019.
Una mujer llora frente el cofre del ciudadano estadounidense Eddy Montes durante su funeral en Matagalpa, Nicaragua, el 19 de mayo de 2019. Oswaldo Rivas / Reuters

Mientras la oposición insiste en el reclamo de la liberación de los "presos políticos", el Gobierno de Nicaragua presenta una polémica ley que buscaría atender a las víctimas de las protestas.

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Un proyecto de ley que buscaría "atender" a las víctimas de las protestas antigubernamentales, iniciadas en Nicaragua el 18 de abril de 2018, fue presentado por la Administración del presidente Daniel Ortega en medio del rechazo por parte de la oposición este 28 de mayo.

Según lo declarado por el ministro de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, la iniciativa será introducida en el Parlamento, que es controlado por el oficialismo, para ser "discutida ampliamente" y ratificar el beneficio que le ofrecería a las familias que perdieron a sus seres queridos y cuyas propiedades resultaron afectadas durante las movilizaciones.

Pero no todo sería tan benéfico como lo plantea Moncada, pues, según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con la aprobación de dicha ley, Ortega intentaría proteger a los policías y diplomáticos cercanos que estén involucrados en crímenes perpetrados en el marco de las manifestaciones.

Ante la iniciativa, la oposición fue clara: la rechazan y, en cambio, insisten en la creación de una "verdadera" Comisión de la Verdad capaz de establecer políticas transparentes de reparación tanto económica como psicológica para los afectados.

Las cientos de muertes y detenciones registradas durante las protestas ya estarían siendo revisadas por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz que creó el Gobierno hace un año, pero la cual no es vista como una instancia creíble para los opositores.

La oposición denuncia "asedio" del Gobierno en medio del silencio de Ortega

Mientras avanza la presentación del citado proyecto de ley, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció el supuesto asedio del que es blanco por parte del Gobierno y advirtió que reportará la "descomposición" del Estado de Derecho.

En su cuenta oficial de Twitter, la agrupación opositora precisó que solo se requiere de la voluntad de la Administración para llegar a la liberación de los “presos políticos” como garantía para continuidad del diálogo e indicó que sus miembros están siendo violentados “a diario” por “una dictadura que se atornilla al poder a toda costa”.

José Pallais, el jurista y portavoz de la Alianza Cívica, declaró que el Estado está violando tanto las garantías constitucionales como los Derechos Humanos y que, por ello, pondrán en marcha una campaña internacional de denuncia.

El anuncio de esta acción opositora llega tras la denegación de la autorización por parte de la Policía para realizar una marcha en Managua el 26 de mayo para exigir la liberación de los demás retenidos.

De acuerdo con lo dicho en los últimos días por la representación gubernamental en la mesa de negociación, las acciones de la oposición constituirían una “campaña antipatriótica”, frente a lo cual el diputado oficialista Wilfredo Navarro insistió en que el Estado sí estaría cumpliendo con lo pactado sobre el desarrollo de dicho tipo de movilizaciones.

El estancamiento en el que permanecen las negociaciones sigue latente de cara a la continuidad de la detención de otros “presos políticos”. Hace poco más de una semana, la Alianza Cívica reiteró su levantamiento de la mesa de diálogo, esta vez a raíz del asesinato de Eddy Montes, un prisionero de la oposición, luego de que recibiera un disparo de un guardia en un centro penitenciario.

Según lo acordado por las partes, la totalidad de los opositores sería liberada, a más tardar, el 18 de junio. Sin embargo, este es todavía un gran punto de fricción en las reuniones que iniciaron el 27 de febrero y fueron oficialmente suspendidas el tres de abril.

Con EFE y medios locales

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