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Hace un año el día de las madres pasó de la celebración al luto en Nicaragua

Josefa Meza muestra la imagen de su hijo asesinado, Jonathan Morazan, de 21 años.
Josefa Meza muestra la imagen de su hijo asesinado, Jonathan Morazan, de 21 años. Jorge Hurtado / France 24

El 30 de mayo de 2018 la oposición de Nicaragua convocó a la denominada "madre de todas la marchas" para exigir justicia por las muertes de jóvenes que se sumaron a las protestas. Nadie esperó que la histórica movilización terminara en una masacre.

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Josefa Meza acudió a la convocatoria del 30 de mayo en apoyo a las Madres de Abril, un grupo de mujeres nicaragüenses que exigían justicia por sus hijos asesinados durante la represión a las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega que habían iniciado a mediados de abril y que a la fecha sumaban 76 muertes, según un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Meza, quien había participado en otras manifestaciones cívicas, recuerda que salió de casa junto a su hijo Jonathan Morazan, de 21 años, estudiante de diseño gráfico, quien no pertenecía a ninguna agrupación política pero que se había involucrado en las manifestaciones junto a otros universitarios. Ese día regresó sola a casa.

Jonathan Morazan minutos antes de su muerte en la marcha del 30 de mayo de 2018.
Jonathan Morazan minutos antes de su muerte en la marcha del 30 de mayo de 2018. Archivo particular

Durante el trayecto de más de tres horas, Jonathan, de camisa a cuadros, mochila y un cintillo con texto a mayúsculas “Nicaragua”, acompañaba al grupo de madres que exigían justicia por los asesinatos y por quienes casi medio millón de personas habían asistido a la masiva convocatoria que recorrió la carretera a Masaya, la avenida principal de la capital del país, Managua.

Sobreviviente: "Escuchamos los disparos y vimos cómo llevaban a muchachos con el cráneo abierto"

Ese día Isaac Zelaya, ingeniero en sistemas, salió de su oficina y se incorporó a la manifestación donde se encontró con su familia. Recuerda que las redes de telefonía estaban saturadas por la cantidad de personas que asistieron y fue difícil encontrarse con sus padres y hermanos para marchar juntos. “Había niños, bebés, ancianos. Se cantaba muchas consignas. Las vuvuzelas –características de las manifestaciones- callaron ese día por respeto a las madres”, recuerda Zelaya.

Al concluir el trayecto acordado por los organizadores, en las inmediaciones del centro comercial Metrocentro, Zelaya y su familia notaron muchas ambulancias y personas que corrían despavoridas. En ese momento pensaron se trataba de personas desmayadas por el sol o alguna especie de amotinamiento. “Nunca imaginamos que estaba siendo atacada la marcha. Fuimos bien incrédulos”, expresa. El papá de Isaac, quien fue voluntario del Ejército, escuchó disparos y advirtió a su familia que se trataba de armas de guerra y que debían retirarse.

“Escuchábamos los disparos y vimos cómo llevaban a muchachos con el cráneo abierto”, recuerda Isaac, quien en ese momento vio a decenas de jóvenes con bombas artesanales en mano dirigirse hacia el sector del estadio nacional Dennis Martínez, donde un grupo de policías y paramilitares se enfrentaban con manifestantes que levantaban una barricada de piedras, entre ellos Morazan Meza.

Mujeres y niños huyen de los disparos el 30 de mayo de 2018.
Mujeres y niños huyen de los disparos el 30 de mayo de 2018. Archivo particular

La Universidad Centroamericana UCA, cercana al lugar del incidente, reportó que al menos 5.000 personas se refugiaron en su recinto al escuchar las ráfagas. “Huyendo de los ataques, más de 5.000 personas lograron ingresar, mientras muchos huyeron en otras direcciones. Un sinnúmero de heridos fue atendido por voluntarios y voluntarias en inmediatamente en el campus y se consiguió que ambulancias trasladaran a todos los heridos a centros de atención médica”, informó la UCA.

Reinó el caos. Miles de personas corrían y se resguardaban en centros comerciales, negocios, iglesias y habitaciones cercanas, mientras otros intentaban encontrar a sus amigos y familiares entre la multitud. Allí estaba Josefa Meza marcando desesperadamente al celular de su hijo Jonathan. Después de 15 minutos de marcar incansablemente respondieron al teléfono. Era una enfermera. Le informó que su hijo se encontraba herido y que debía presentarse de inmediato.

“Yo nunca esperé que el régimen fuera tan sanguinario de haber mandado a sus paramilitares a matar”, expresa Josefa, quien afirma que “todos los heridos (de ese día) fueron mortalmente”, entre ellos su hijo Jonathan, quien permaneció dos días en coma y perdió la vida producto de un disparo en la corteza cerebral.

GIEI: “como en los otros eventos analizados, los muertos caen alcanzados por disparos de arma de fuego en cabeza y tórax”

“Los testimonios obtenidos por el GIEI señalan la existencia de francotiradores. En los videos analizados se aprecian acciones combinadas entre civiles armados y miembros de la policial nacional, todos ellos portando armas de fuego, inclusive armas de guerra. También pudo observarse en las imágenes, miembros de la policía filmando y fotografiando los hechos. Las agresiones dirigidas hacía la marcha provenían desde la zona próxima al Estadio Nacional”, cita un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó los hechos por acuerdo entre la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, SG OEA, y el gobierno de Nicaragua.

“Es el Estado el que mandó a matar a la gente”, afirma Josefa, quien después de su pérdida se involucró como activista de la Asociación Madres de Abril, el mismo grupo de mujeres por quienes marchó hace un año y que han convocado hoy a una misa en honor a los fallecidos que según datos de la oficialista Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, se trató de 16 muertos, sin incluir a Daniel Reyes Rivera de 24 años y Jonathan Morazan, quienes fallecieron después del incidente para sumar un total de 18 víctimas.

Josefa Meza en conferencia de prensa con AMA.
Josefa Meza en conferencia de prensa con AMA. Archivo particular

La mayoría de las víctimas de ese día se registraron en Managua, aunque también perdieron la vida manifestantes en Chinandega, Estelí y Masaya. Se contabilizaron también más de 200 heridos en esa fatídica jornada que derivó en la interrupción del diálogo nacional entre la oposición y el Gobierno. Mientras sucedían los ataques en las inmediaciones de la avenida universitaria, a un par de kilómetros, el presidente Daniel Ortega se dirigía a sus simpatizantes llamando a la paz, al diálogo y respondía a quienes pedían que abandonara el poder: “Nosotros nos vamos a quedar, Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos”.

Según la versión del Gobierno, los hechos fueron provocados por "grupos políticos de oposición” y se “rechaza totalmente todas las acusaciones de esos grupos que en una provocación demencial y sin precedentes en nuestro país, se confabulan para denunciar ataques inexistentes, luego atacan y producen víctimas para culpabilizar a las Instituciones del orden público”.

"Nunca el Estado ha hecho un solo acto de investigación honesto"

Braulio Abarca, del colectivo Nicaragua Nunca Más

Aunque el posterior informe del GIEI detalló que “pudieron observarse imágenes de 4 manifestantes portando armas de fuego (...) es importante señalar que las imágenes disponibles analizadas muestran una fuerte desproporción en el uso y en la presencia de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y personas de civil actuando bajo su coordinación y los manifestantes, estando estos últimos en fuerte inferioridad de condiciones, mayoritariamente sólo con morteros caseros”.

Para Braulio Abarca, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, el acontecimiento de hace una año fue “una masacre atroz” y afirmó que “nunca el Estado ha hecho un solo acto de investigación honesto e imparcial, sino que ha negado el acceso a la Justicia a estas madres”. Según el defensor, en Nicaragua “no hay garantías para procesos penales y se debe buscar justicia a nivel internacional”.

A un año de los acontecimientos, Josefa Meza y otras madres de AMA, exigen una investigación de los hechos y el retorno al país de organismos internacionales de derechos humanos. “A partir del 30 de mayo no hay celebración, estamos de luto y seguiremos de luto”, reiteró.

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