Saltar al contenido principal

Colombia: a pesar de sus objeciones, presidente Duque firmó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz

El presidente de Colombia, Iván Duque, durante la Cumbre Concordia Américas, en Bogotá, Colombia, el 13 de mayo de 2019.
El presidente de Colombia, Iván Duque, durante la Cumbre Concordia Américas, en Bogotá, Colombia, el 13 de mayo de 2019. Luisa González / Reuters

Sin los cambios que había propuesto, el mandatario colombiano firmó la ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, considerada la columna vertebral del acuerdo de paz firmado por el Gobierno y el antiguo grupo guerrillero FARC en 2016.

Anuncios

Por obligación y no por plena convicción, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, sancionó el jueves seis de junio la ley que regirá jurídicamente el acuerdo de paz firmado en 2016 por su antecesor con el grupo guerrillero más antiguo de América Latina.

La denominada ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) era el único instrumento legal que hacía falta para completar el marco normativo diseñado de manera especial para juzgar a quienes participaron en un conflicto armado que duró más de medio siglo.

"La ley estatutaria fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos", indicó el tribunal en un comunicado.

Un modelo de justicia exclusivo para actores del conflicto

Una de las concesiones clave que trajo consigo el acuerdo de paz para los protagonistas del conflicto fue la garantía de no extradición, que ha sido fuertemente criticada.

Por un lado, la propia JEP ha expulsado de la lista de sometidos a este sistema a algunos que se han hecho pasar por exguerrilleros para obtener este beneficio. Y por otro, muchos piensan que la garantía no es de no extradición sino más bien de impunidad.

Hoy la lista la conforman 11.805 comparecientes, sobre quienes, al amparo de la nueva ley, los magistrados de la JEP podrán hacer algo que antes no podían: tomar decisiones autónomas sobre sus conductas, tales como imponer penas que no impliquen cárcel.

Quien fuera uno de los miembros del Secretariado de la extinta guerrilla, Pablo Beltrán, celebró la sanción de la ley.

Una ley de poco agrado para el Gobierno colombiano

El pasado diez de marzo, el jefe de Estado colombiano objetó seis de los 159 artículos de la ley estatutaria por considerar que no garantizaban la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición que forman parte del acuerdo de paz firmado con las FARC.

Por ejemplo, objetó los artículos que definen el mecanismo para extraditar o no a los victimarios sometidos a la jurisdicción. El presidente colombiano opinó que la ley actual puede causar impunidad, dado que la extradición está sujeta a que los acusados digan la verdad sobre los hechos del conflicto armado.

También se opuso al hecho de que los exguerrilleros que no sean "máximos responsables" de crímenes de lesa humanidad puedan evitar severas penas a cambio de ofrecer la verdad sobre los hechos. Según Duque, esa renuncia a la acción penal también constituiría impunidad.

Pese a su descontento, el 29 de mayo la Corte Constitucional le ordenó al mandatario que firmara la ley debido a que sus objeciones fueron rechazadas por el Congreso un mes antes. Y así lo hizo, pero a regañadientes.

Con EFE y Reuters

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.