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Las claves del proyecto de ley de extradición que desata la furia en Hong Kong

Un manifestante se monta a una barricada de metal durante una manifestación contra el polémico proyecto de ley de extradición en Hong Kong, China, 12 de junio de 2019.
Un manifestante se monta a una barricada de metal durante una manifestación contra el polémico proyecto de ley de extradición en Hong Kong, China, 12 de junio de 2019. Tyrone Siu / Reuters

El asesinato de Poon Hiu-wing, una joven embarazada a manos de su novio durante un viaje a Taiwán, fue el pretexto que usaron los legisladores cercanos a Beijing para presentar un proyecto de ley que permita la extradición desde Hong Kong a China.

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La noche del 17 de febrero de 2018, Chan Tong-kai metió el cadáver de Poon en una maleta y a la mañana siguiente arrojó el cuerpo en una zona de arbustos en las afueras de Taipéi.

Luego tomó un vuelo de regreso a Hong Kong donde las autoridades lo atraparon. Solo pudo ser condenado a dos años de prisión por cargos relacionados con lavado de dinero y no podrá ser enviado a Taiwán debido a que no existe un tratado de extradición.

Toda la exposición que tuvo este caso en los medios de comunicación llevó a que el Gobierno del archipiélago, cercano al Partido Comunista de China (PCCh), presentará ese mismo mes un proyecto de ley para reformar la norma sobre Delincuentes Fugitivos y Asistencia Judicial Recíproca en Materia de Legislación Penal.

Un acuerdo que deteriora la autonomía de Hong Kong

Los críticos consideran que este polémico acuerdo erosiona aún más la ya menoscabada autonomía del archipiélago y por eso tiene a miles de personas de diversos sectores en las calles protestando para defender los derechos de los que aún gozan los hongkoneses, pero inexistentes en la China continental.

El experto en constitucionalismo y derechos humanos de la Universidad de Hong Kong, Johannes Chan, aseguró a France 24 que la vigente Ordenanza sobre Delincuentes Fugitivos permite a Hong Kong celebrar tratados de extradición con otros países (en la actualidad son 20) y realizar acuerdos 'ad hoc' que deben ser sujetos al control legislativo.

En el mismo, se "excluye expresamente la aplicación de esta ordenanza a China continental, Taiwán y Macao", dijo el experto.

Sin embargo, el proyecto de ley introduce una enmienda para permitir que el Gobierno adopte acuerdos 'ad hoc' para cualquier jurisdicción que no haya suscrito un acuerdo de extradición con Hong Kong y además suprime el control por parte del Consejo Legislativo debido a que el proceso podría demorarse.

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El profesor Chan, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Hong Kong y autor de libros como 'Ley de la Constitución de Hong Kong' y 'Principios generales de la ley de Hong Kong' precisó que el principal efecto del proyecto de ley es que permitirá al Gobierno extraditar a las personas de Hong Kong a la China continental.

En principio la iniciativa se justificó por el asesinato ocurrido en Taiwán, pero Taipéi ya ha dejado en claro que no aceptará este proyecto de ley debido a que en el mismo se trata a Taiwán como si fuera parte de China y por lo tanto el único efecto claro que tendría en su aplicación es la extradición de personas en Hong Kong a China.

Beijing considera a Taiwán como una provincia rebelde que hace parte del territorio inherente de China, pero desde la guerra civil de finales de la década de los cuarenta la isla de la Formosa cuenta con un Gobierno democrático propio a pesar de tener relaciones diplomáticas con tan solo una veintena de países, en su mayoría de América Latina.

El académico explicó que en la actualidad es posible deportar a los chinos que no son residentes en Hong Kong y que son fugitivos, lo que deja sin piso el argumento de los legisladores que presentaron el proyecto de ley con el que supuestamente buscan evitar que esa ciudad se convierta en un refugio seguro para los criminales.

Un sistema judicial cuestionado

Los residentes en el archipiélago temen ser procesados por el sistema judicial chino, controlado totalmente por el PCCh y en el que hasta hace no mucho los jueces eran en su mayoría oficiales militares retirados que eran nombrados por su lealtad con el partido que gobierna China desde hace 70 años.

"La interferencia política en el sistema judicial es generalizada en China, los abogados defensores no pueden defender a sus clientes sin temor a repercusiones, y prevalecen la tortura y la confesión forzosa a pesar de que estas prácticas son ilegales en China. Esos son los temores de la gente en Hong Kong", advirtió Chan.

Además, estimó que es muy factible que el proceso de extradición sea usado con fines políticos contra las personas que apoyan la democracia o están en contra del Partido Comunista en China, para el cual no será difícil crear un delito e iniciar un procedimiento de extradición contra los "enemigos" que viven en la ciudad: periodistas, empresarios, políticos, defensores de derechos humanos, etc.

Muchos de los hongkoneses también sospechan de la rapidez con la que el Gobierno, obediente de las órdenes de Beijing, trató de hacer pasar la ley. En principio la excusa fue la pronta salida de prisión del asesino de Poon, pero ante la negativa de Taiwán de sumarse al proyecto, esto quedó fuera de discusión.

Hong Kong no ha podido llegar a un acuerdo para firmar un tratado de extradición con China en los últimos 20 años, pero el actual Gobierno quiere lograr esto de una forma clandestina mediante este proyecto de ley que tendrá consultas por un periodo de tan solo 20 días.

En una carta firmada por 70 Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre ellas Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras y Amnistía Internacional,  también se cuestiona la propuesta y hace énfasis en "el pobre historial de derechos humanos de China" y en su sistema de justicia que cuenta con un récord de detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos, y desapariciones forzadas, entre otros como su dependencia total del Partido Comunista de China.

El tema ha causado tanta división que dentro del Legislativo se han presentado algunos choques y en las calles lo que se inició como una protesta pacífica terminó este miércoles 12 de junio en enfrentamientos con la policía que dejaron 80 heridos.

El proyecto de ley, que ha generado las protestas masivas más grandes que se han registrado en esa ciudad desde que el Reino Unido devolvió Hong Kong a China en 1997, también ha creado una gran incertidumbre entre los líderes de negocios que temen que la nueva ley socave completamente el Estado de derecho y la competitividad del archipiélago, y al final Hong Kong deje de ser el vibrante puerto y centro financiero internacional.

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