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Venezuela y Nicaragua, las dos crisis que desafían a la OEA en su próxima Asamblea General

Composición de dos manifestantes, uno en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y el otro contra Daniel Ortega, con consignas en su cabeza.
Composición de dos manifestantes, uno en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y el otro contra Daniel Ortega, con consignas en su cabeza. Yury Cortez- Inti Ocon / AFP

Represión en Nicaragua, hambre en Venezuela. "Presos políticos" en ambas naciones, migración desbordada, economías en declive, gobiernos cuestionados. Dos crisis incrustadas en la agenda de la próxima Asamblea General de la OEA.

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Del 26 al 28 de junio, los 34 miembros activos del organismo regional más antiguo del mundo, la Organización de los Estados Americanos (OEA), se reunirán a definir asuntos cruciales para la región. Venezuela y Nicaragua son dos de esos temas clave que se discutirán en la Asamblea General que se celebrará en Medellín.

Pero las cosas dentro de la OEA no son tan sencillas: mientras los países más afectados por la crisis venezolana como Colombia, Brasil y Perú pidieron abordar esta situación con urgencia, otros como México guardan distancia frente a Caracas, complicando un eventual consenso en esta materia sin olvidar que en Nicaragua hay otra compleja realidad humanitaria ineludible.

Así llegan estas dos crisis que desafían a la OEA en esta Asamblea.

“Venezuela todavía no es un Estado fallido, pero falta poco”

El país con mayores reservas de petróleo del mundo está sumido en una crisis sin precedentes, que lo corroe lentamente. La migración es solo una de las caras de la tragedia, la más palpable afuera. La ACNUR arrojó en un reciente informe un dato alarmante: en 2018, cuatro de cada cinco solicitudes de asilo fueron presentadas por venezolanos, superando a Siria, un país en guerra desde hace ocho años.

El drama interno no les deja otra opción a muchos, pero no todos pueden huir. Los que se quedan atestiguan el declive cotidiano que se siente en lo económico. Mientras en Colombia el salario mínimo es de unos 260 dólares, el de un venezolano ronda los seis dólares. Una cifra exigua para un país donde la hiperinflación, según el FMI, alcanzó el año pasado 1.370.000 %. Los inalcanzables precios y la devaluación la moneda local han atizado una tragedia más profunda: la humanitaria.

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Según la ONG venezolana Sinergia, el 48% de las familias está en la pobreza. Pero uno de los indicadores más sobresalientes tiene que ver con la pérdida de peso. La ONG Provea registró que desde 2017 hasta la actualidad, el 64% de los ciudadanos ha perdido unos 11 kilos y el 33% de los pequeños de 0 a 2 años presenta problemas de desnutrición. A esto se suma que 6,9 millones de venezolanos no tienen acceso a medicamentos ni tratamientos por el desabastecimiento en el sector de la salud.

"Venezuela todavía no es un Estado fallido, pero falta poco, todavía las autoridades tienen control sobre la mayor parte del territorio en connivencia con grupos armados, pero si estos grupos llegan a tener más poder podemos derivar en un Estado fallido, cuando el Estado no puede garantizar nada", aseguró a France 24 el investigador en temas de conflicto y paz en Venezuela, Francisco Alfaro.

"En Venezuela estamos en una especie de empate catastrófico"

Por estos días, la alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, está en Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos, bastante deteriorada durante este primer trimestre del año.

En diálogo con France 24, la directora de Investigación de Amnistía Internacional para las Américas, Carolina Jiménez, aseguró que del 21 al 25 de enero, cuando se presentaron masivas protestas "se reprimieron con mucha violencia. Pudimos identificar patrones de uso de la fuerza y concluimos que las ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias por fuerzas de seguridad se presentaron contra una población percibida como disidente". Todas, dijo, con el mismo patrón: "jóvenes de zonas pobres, identificados como disidentes", agregó.

Reiteró que "47 personas fallecieron por armas de fuego y 39 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad, todo por ejercer su derecho a la libertad de expresión". Además, se refirió a una denuncia que realizaron tras una investigación reciente en la que concluyeron que "los patrones de represión podrían constituir crímenes de lesa humanidad". De hecho, dijo que todavía hay unos 700 "presos políticos" en el país, según cifras de la organización Foro Penal.

Jiménez aseguró que es difícil tener cifras precisas en materia de ejecuciones extrajudicales "porque el Gobierno las esconde y las justifica diciendo que son producto de un enfrentamiento".

Los patrones de represión contra jóvenes de zonas pobres que perciben como disidentes, podrían constituir crímenes de lesa humanidad en Venezuela"

Carolina Jiménez, Directora de Investigación de AI para las Américas

En materia de gobernabilidad, la crisis también se extiende. El poder en el país lo reclaman dos líderes que se acusan uno al otro de ilegítimos: Maduro y Guaidó, el oficialista vs. el opositor. Lo complejo es que "estamos en una especie de empate catastrófico donde ninguna de las fuerzas esté avanzando y está haciendo que la crisis humanitaria se agrave y que no veamos la luz a final de túnel", aseguró Alfaro.

"Los nicaragüenses vivimos en una cárcel, quien debería protegernos, es quien dispara a matar"

Lo que tienen en común Nicaragua y Venezuela reside en el carácter de quienes los dirige: gobernantes empeñados en aferrarse al poder. En el país centroamericano, la dupla Daniel Ortega-Rosario Murillo, esposos y presidente y vicepresidenta, respectivamente, ocupan el centro de atención.

En abril de 2018, cuando Ortega decidió reformar el sistema de seguridad social, estallaron una serie de protestas que derivaron en la exigencia del fin de su mandato. Las movilizaciones dejan 325 muertos según ONGs y cientos de "presos políticos", en medio de la brutal represión que despachó el mandatario contra los manifestantes. Esta situación de inestabilidad ha deteriorado la economía, los derechos humanos y la vida en el país.

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"Los principales medios independientes del Gobierno o bien están censurados y no pueden operar en territorio nicaragüense como es el caso de 'El Confidencial' o '100% noticias' o están bajo amenaza graves y permanentes como la radio 'Costeñisíma' o la falta de insumo de papel en caso del diario 'La Prensa', aseguró a France 24 el relator especial para libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza.

Hace pocos días, el Gobierno de Ortega liberó a 106 presos políticos bajo una controvertida ley de amnistía, dicen algunos analistas, para evitar más sanciones internacionales y otros, con fines electorales. Pese a esta maniobra, para el periodista nicaragüense Wilmer Benavides, "el ambiente de asedio y persecución contra los opositores se mantiene, incluso en las viviendas de los excarcelados se mantiene la presencia policial y de paramilitares que intimidan a la familia de los jóvenes", aseguró. "Los nicaragüenses viven en una cárcel, quién debería protegernos, es quien dispara a matar", denunció el comunicador.

Sin libertad y sin dinero, los nicaragüenses son empujados a emigrar forzosamente

La economía de este país se contrajo un 4 % el año pasado, en medio de la crisis que también tiene enfrentado al Gobierno con el sector privado y la oposición. Y esta situación, según complementa Benavides, ha "provocado miles de despidos y cierres de empresas".

"Esta economía es más abierta y más vulnerable que incluso la venezolana, más integrada regionalmente, depende el 90% de dos mercados, el centroamericano y el estadounidense", explicó el analista nicaragüense, Eliseo Nuñez.

Los oficiales de la Policía Nacional con equipo antidisturbios conducen junto a un vehículo policial incendiado, volcado, después de una protesta antigubernamental en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2018.
Los oficiales de la Policía Nacional con equipo antidisturbios conducen junto a un vehículo policial incendiado, volcado, después de una protesta antigubernamental en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2018. Inti Ocon / AFP

Este declive económico más la inseguridad y la falta de libertad ha llevado a unos 62.000 nicaragüenses a abandonar su país, de 6,4 millones de habitantes, de acuerdo a los datos que proporcionó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Los analistas coinciden en que el poderoso matrimonio Ortega-Murillo no cederá el poder, así como tampoco lo hará Maduro.

Según fuentes diplomáticas que consultó EFE, el objetivo de este encuentro para la mayoría de los países que integran el Grupo de Lima es aprobar dos resoluciones: una, permitir que la delegación del del opositor Juan Guaidó tenga un asiento dentro de la OEA y otra, que se conduzca a eventuales sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ahora la pugna diplomática por esbozar soluciones a estas crisis que afectan a todo el continente se dará en el corazón del organismo.

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