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El asesinato de una mujer delante de su propio hijo estremece a Colombia

Cientos de personas participaron en una manifestación contra el asesinato de líderes sociales en la plaza Bolívar en Bogotá el 29 de abril de 2019.
Cientos de personas participaron en una manifestación contra el asesinato de líderes sociales en la plaza Bolívar en Bogotá el 29 de abril de 2019. Raúl Arboleda / AFP

El caso de María del Pilar Hurtado, quien fue baleada frente a uno de sus cuatro hijos, reavivó el debate sobre el recrudecimiento de la violencia en los últimos años, en particular desde la firma de un acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC.

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Tan espeluznante como indignante, el asesinato María del Pilar Hurtado en frente de su propio hijo en una remota zona del norte de Colombia dejó estupefacto a un país acostumbrado a verlo todo.

La mujer, quien según organizaciones no gubernamentales era una líder social de su zona, caminaba por las polvorientas calles del municipio de Tierralta, Córdoba, en compañía de su hijo de nueve años, cuando fue tiroteada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.

El desgarrador llanto de su hijo que grita, patea piedras y pregunta "por qué" quedó captado en un video que se ha multiplicado en las redes sociales y que ha despertado múltiples reacciones.

Las versiones encontradas sobre su condición de líder social

Más allá del sentimiento de cólera que causó entre la población, el caso de María del Pilar Hurtado también sembró incertidumbre: muchos se preguntan si se trató de un nuevo episodio de violencia política o si fue un caso aislado de fortalecimiento de grupos paramilitares en la región.

Algunos habitantes del pueblo denuncian que el nombre de la víctima apareció días atrás en panfletos que circularon por la zona de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como se hace llamar el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, a pesar de que en diversos medios se indicó que Hurtado era una líder social, la Secretaría de Gobierno de Tierralta emitió un comunicado en el que afirma que la familia de la víctima lo niega.

"Con el presente comunicado informamos a la opinión pública, de acuerdo a lo manifestado por su compañero sentimental (Manuel del Cristo Berrío Velásquez), nos deja constancia que la señora María del Pilar Hurtado Montaño no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social", dice el documento.

Añade que Berrío manifestó que su compañera, quien trabajaba en un aserradero, "nunca recibió amenazas de ninguna índole" y que no es "la mujer del chatarrero" amenazada en el panfleto.

Pero la versión es contrastada por quienes además dicen que Hurtado sí era una líder social y que había sido amenazada por paramilitares, así como otros defensores de derechos humanos de la zona que están en la misma situación:

Disputa de tierras y vacío de poder, el diario vivir

La disputa de tierras y el vacío de poder tras la desmovilización de las FARC ponen en riesgo a la población y líderes sociales en la región en la que María del Pilar Hurtado fue asesinada. Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, son tres municipios de Córdoba en los que la población civil lucha cada día con la presencia de diversos grupos armados ilegales.

Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de esos tres municipios están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.

En el caso de Hurtado, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.

El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a la agencia EFE que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.

De esta manera salió al paso de un comunicado de la Alcaldía del municipio que horas después del crimen afirmó que Hurtado no era una líder social y tampoco estaba amenazada por las Águilas Negras, otro grupo heredero del paramilitarismo.

Según Chica, más allá de si la víctima era reconocida como líder social o no, "estaba dentro del proceso de invasión del predio" de la familia del alcalde y su asesinato puede estar relacionado con esa situación.

"Esto ha llevado a una serie de amenazas sistemáticas y de asesinatos sistemáticos. Con María del Pilar son cuatro personas asesinadas por criminales que llegaron hasta sus casas y las mataron", afirma.

La lucha por la tierra, que está en el origen del conflicto armado colombiano, no es algo nuevo en el sur de Córdoba, donde desde hace décadas paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los campos, dejando cientos de muertos.

Escalada de muertes sistemáticas desde la firma del acuerdo de paz

No existe certeza de que María del Pilar Hurtado haya sido una líder social, pero lo que sí se sabe es que su cruda muerte volvió a encender el debate sobre un tema de fondo: el acuerdo de paz firmado por el Gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que hoy son el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La muerte de la mujer puso una vez más en el radar el incremento de la violencia política en los últimos años, que coincide con tres años de postconflicto y que ha desatado una ola de asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros que causa alarma en el país, como lo resalta el jefe negociador del proceso de paz, Humberto de la Calle.

En efecto, los asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros de las FARC están dejando al descubierto un exterminio silencioso en Colombia que ha cobrado la vida de al menos 800 personas en los últimos tres años y que, según expertos, ponen en peligro el tratado de paz firmado en noviembre de 2016.

Por ahora no hay una cifra única sobre las víctimas mortales de esta escalada de violencia, pero los cálculos varían según la fuente: la más dramática estadística la entregaron recientemente la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, que en el informe "Todos los nombres, todos los rostros" aseguraron que 702 líderes sociales y 135 excombatientes de las FARC fueron asesinados desde 2016.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, indicó que son 431 los casos registrados en ese periodo, mientras que para la ONG Somos Defensores el número asciende a 341 líderes y defensores de derechos humanos muertos.

Con relación a los exguerrilleros, el partido político FARC aprovechó el debate sobre la muerte de Hurtado para denunciar el asesinato de más de un centenar de excombatientes, lo que para ellos constituye "una clara violación" del acuerdo de paz.

La violencia política "ha cobrado la vida de 133 exguerrilleros, así como de 34 de sus familiares y 11 más desaparecidos", dijeron los líderes de la FARC en una declaración al término de un encuentro de carácter urgente que comenzaron el sábado 22 de junio para analizar la crítica situación.

El presidente colombiano, Iván Duque, quien está desde el pasado 16 de junio en una visita en Reino Unido, Francia y Suiza, ordenó la pronta realización de un consejo de seguridad en Tierralta.

Con EFE y medios locales

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