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OEA da 75 días a Daniel Ortega para cumplir acuerdos y genera críticas de oposición

Manifestantes antigubernamentales sostienen una bandera nacional nicaragüense durante una manifestación contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en Managua, el 19 de abril de 2019.
Manifestantes antigubernamentales sostienen una bandera nacional nicaragüense durante una manifestación contra el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, en Managua, el 19 de abril de 2019. Inti Ocon / AFP

La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución para ayudar a solucionar la crisis nicaragüense que opositores del país centroamericano catalogan de "inaceptable".

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Con 20 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunidos en Medellín, Colombia, aprobaron este 28 de junio una propuesta de resolución del Grupo de Trabajo para Nicaragua que pide al Gobierno Ortega retomar las negociaciones con la oposición y permitir el ingreso al país de organismos internacionales de Derechos Humanos, todo ello, con un plazo de 75 días que para algunos opositores es "insostenible".

"Ese plazo es inaceptable. Acá continúan los secuestros, los encarcelamientos ilegales, hay todavía más de 90 presos políticos que siguen en las cárceles y quienes han sido excarcelados no tienen verdadera libertad", reaccionó Suyen Barahona, miembro de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB.

Según Barahona, "ese plazo de tres meses ya fue otorgado cuando se habló de la liberación de los presos políticos y aún Daniel Ortega no ha cumplido", refiriéndose al acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición a finales de marzo y que venció el 18 de junio donde el principal punto a negociar era la liberación de los opositores detenidos, algunos incluso por más de un año.

La versión gubernamental afirma que cumplieron los acuerdos, aunque la oposición reclama que los liberados aún tienen procesos abiertos o casa por cárcel, y permanecen en prisión unas 90 personas a quienes el gobierno acusa de delitos comunes.

"El Estado nicaragüense y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos cumplido a nuestro pueblo y a la comunidad internacional, según los compromisos contraídos que se explican en esta Nota", comunicó el Gobierno el 18 de junio, agradeciendo al representante de la secretaría general de OEA, Luis Rosadilla, y al Comité Internacional de Cruz Roja, quienes participaron como testigos del proceso.

"Este proyecto no ayuda a fortalecer la paz en Nicaragua. Alimenta la confrontación e injerencia externa"

La 49 Asamblea General de la OEA fue inaugurada el miércoles 26 de junio con la presencia de diplomáticos de 34 países de la región, el secretario general Luis Almagro y el presidente colombiano Iván Duque. Al evento también asistió una delegación de los denominados "presos políticos" por la oposición, así como organismos de sociedad civil y representantes de oposición, quienes cabildearon para acortar el plazo propuesto por Canadá y respaldado por otros seis países que conforman el Grupo de Trabajo por Nicaragua, consiguiendo así, reducirlo de 90 a 75 días.

"Este proyecto no ayuda a fortalecer la paz en Nicaragua. Alimenta la confrontación e injerencia externa", declaró Valdrack Jaentschke, delegado del Gobierno de Nicaragua. Posteriormente intervino la delegación de Costa Rica afirmando que "hemos atendido el llamado del pueblo de Nicaragua que ha sufrido persecución, atropello a sus derechos humanos. Vemos con consternación cómo la institucionalidad democrática ha sufrido un deterioro que la ha sumido en una crisis que supera sus fronteras".

La resolución exige la creación de un grupo de trabajo a realizar "gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis" y posteriormente presentar un informe de su trabajo en 75 días. Después de ese tiempo se convocará a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para tomar las “medidas necesarias” de no cumplirse la resolución y que abriría la puerta a la aplicación de la Carta Democrática al gobierno de Nicaragua.

"Reiterar que las violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua a partir de abril de 2018, y la falta de avance en reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, constituyen evidencias de una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático", menciona el artículo cuatro de la resolución.

La opositora aseguró a France 24 que la disidencia local esperaba como resultado de la sesión "una condena muy fuerte, que esos plazos establecidos sean de 15 días para mostrar realmente la voluntad", pero la Asamblea General de OEA aprobó poco menos de tres meses más para que el Gobierno de Nicaragua cumpla lo estipulado en la resolución.

Previo a la aprobación, Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA había adelantado que gestionaría cambiar el plazo por considerarlo "inaceptable".

"Nosotros vamos a cambiar ese texto, estamos trabajando con nuestros amigos, países que tienen interés en el tema de Nicaragua. Esos 90 días se van a bajar a una cifra de menos tiempo, se está negociando y espero que eso se pueda lograr en las próximas 24 horas", sostuvo.

El presidente nicaragüense Daniel Ortega pronuncia un discurso durante un mitin oficial después de las protestas contra la reforma de la Seguridad Social, donde al menos 43 personas fueron asesinadas en Managua el 30 de abril de 2018.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega pronuncia un discurso durante un mitin oficial después de las protestas contra la reforma de la Seguridad Social, donde al menos 43 personas fueron asesinadas en Managua el 30 de abril de 2018. Inti Ocon / AFP

La resolución pide "insistir en la necesidad de que el Gobierno permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus mecanismos, así como de otros mecanismos internacionales de derechos humanos". El 31 de agosto de 2018, tras presentar un contundente informe sobre los actos de represión del gobierno de Nicaragua hacia las manifestaciones, la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), fue informada por el Gobierno que su invitación para permanecer en el país había sido cancelada.

Tan solo meses después, le siguieron organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quienes a través del denominado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), documentaron los acontecimientos ocurridos en el país a partir del 18 de abril de 2018, que causó el malestar del gobierno que los acusó de ser una "plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país".

Mario Arana sobre resolución: "una ruta a seguir que realmente evite peores consecuencias"

Sin embargo, Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica y quien durante los últimos tres meses ha negociado con el Gobierno la liberación de los manifestantes detenidos, considera que la resolución de OEA "va a hacer un apoyo importante y le está ofreciendo al país una especie de ruta a seguir que realmente evite peores consecuencias porque aquí Nicaragua debería tratar de evitar sanciones que deterioren aún más la situación política, económica y social que el país tiene", apuntó.

Según Arana, la propuesta es un "ofrecimiento de colaborar" y "le da un marco de referencia para buscarle una salida a la crisis con el respaldo de la OEA y se llama a la importancia de unas reformas electorales y que sea por la vía cívica y pacífica que resolvamos nuestra crisis", resaltó.

El también economista reconoció que el Gobierno de Daniel Ortega, acusado por la oposición de cometer "crímenes de lesa humanidad", aún no cumple los acuerdos en su totalidad y en cambio "juega" a ganar tiempo en el poder.

"Estuvimos negociando tres meses por la salida de gente que nunca debió haber estado en la cárcel y mientras, no hemos hechos las reformas electorales, no hemos resuelto los temas de fondo de las libertades ciudadanas y garantías constitucionales que deberíamos tener", manifestó.

Los oficiales de la Policía Nacional con equipo antidisturbios conducen junto a un vehículo policial incendiado, volcado, después de una protesta antigubernamental en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2018.
Los oficiales de la Policía Nacional con equipo antidisturbios conducen junto a un vehículo policial incendiado, volcado, después de una protesta antigubernamental en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2018. Inti Ocon / AFP

Luis Almagro: "Ortega gobierna Nicaragua, Maduro reprime Venezuela"

Recientemente el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, dijo a un medio colombiano, que la reciente excarcelación de opositores en Nicaragua "demuestra niveles de compromiso del sandinismo para lograr una solución negociada", lo que despertó serias críticas de la oposición local sobre la postura del funcionario quien agregó que "Ortega gobierna Nicaragua" y "Maduro reprime Venezuela".

Según la opositora Suyen Barahona, estas declaraciones "son bastante desacertadas". "Él (Almagro) ha estado clarísimo por los informes de la CIDH que ha habido en Nicaragua crímenes de lesa humanidad", dijo y afirma que "“ha quedado claro ante la comunidad internacional que Daniel Ortega ha incumplido todos los acuerdos que hasta el momento ha firmado en el marco de la mesa de negociación".

La opositora UNAB respondió en un comunicado que "en Nicaragua no hay un gobierno, sino un régimen dictatorial que tiene a la nación en completo Estado de Excepción y de Sitio de facto". Agregaron que en el país prevalecen "altos índices de represión" con un promedio de 6 a 7 secuestros diarios vinculados a la situación política y posterior a la firma de los acuerdos entre gobierno y oposición.

Por su parte, Luis Trujillo, embajador estadounidense ante la OEA, se reunió con excarcelados nicaragüenses y durante el Foro 'Proceso de Interacción de la sociedad civil con la OEA' dijo que "Nicaragua y Cuba deben responder a las exigencias del pueblo para tener reformas democráticas y serán responsables aquellos que siguen implementando la violencia y represión".

Aprobada la resolución, los opositores locales coinciden en que la solución debió darse a corto plazo debido a una inminente recesión económica que ya ha perdido 400.000 plazas laborales y ha generado un éxodo de más de 62.000 nicaragüenses por motivos políticos o económicos. Mario Arana advirtió que "los tiempos del país y su crisis económica son de tal magnitud que ya no nos podemos dar el lujo de estirar esto más tiempo".

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