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Brasil: el presidente Jair Bolsonaro acumula varias derrotas en el Parlamento, en su primer semestre

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a la ceremonia de entrega del secretario de Gobierno, Jorge Antonio de Oliveira Francisco en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 24 de junio de 2019.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a la ceremonia de entrega del secretario de Gobierno, Jorge Antonio de Oliveira Francisco en el Palacio de Planalto, en Brasilia, Brasil, el 24 de junio de 2019. Adriano Machado / Reuters

Un sinfín de polémicas dentro y fuera de Twitter resume una buena parte de los primeros seis meses de Gobierno de Jair Bolsonaro, el primer presidente de extrema derecha que llega al poder en Brasil desde el fin de la dictadura, en 1985.

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Dos manifestaciones contra los recortes a la educación; marchas multitudinarias de fieles seguidores; una huelga general a nivel nacional; varias derrotas en el Parlamento; el desplome significativo del índice de aprobación y un sinfín de polémicas dentro y fuera de Twitter: este podría ser el resumen de los primeros seis meses de Gobierno de Jair Bolsonaro, el primer presidente de extrema derecha que llega al poder en Brasil desde el fin de la dictadura, en 1985.

El principal revés ocurrió el pasado 18 de junio, cuando el Senado tumbó por 47 votos contra 28, los decretos sobre el porte y la posesión de armas. Bolsonaro los había anunciado a bombo y platillo al inicio de su mandato para cumplir su principal promesa electoral. En vísperas de la votación y consciente del impacto negativo que tendría en su popularidad, el presidente llegó a usar sus redes sociales para pedir a los senadores que no matasen sus decretos.

Foto de archivo de una mujer que maneja una pistola en una tienda de armas en Sao Caetano do Sul, en Sao Paulo, Brasil, el 30 de octubre de 2015.
Foto de archivo de una mujer que maneja una pistola en una tienda de armas en Sao Caetano do Sul, en Sao Paulo, Brasil, el 30 de octubre de 2015. Miguel Shincariol / AFP

Una semana después, Bolsonaro decidió revocar las polémicas medidas, ante la posibilidad de ser derrotado también en la Cámara de Diputados. Sin embargo, hizo oído sordos a las indicaciones de fiscales, jueces y parlamentarios que denunciaron su inconstitucionalidad.

Para reafirmar su autoridad, el pasado 25 de junio publicó tres nuevos decretos que reiteran algunos puntos controvertidos de los anteriores textos legales, como permitir las clases de tiro para adolescentes de entre 14 y 18 años o la compra de fusiles semiautomáticos para la población civil.

Demarcación de tierras, una batalla perdida

Otra derrota importante que Bolsonaro ha cosechado en el Congreso a lo largo de su primer semestre en el poder, atañe a la espinosa cuestión de la demarcación de las tierras. Para saldar una deuda que contrajo con el lobby agrícola a cambio de su respaldo durante la campaña electoral, el presidente entregó el Ministerio de Agricultura a este gremio, despojando de esta función a la Fundación Nacional del Indio (Funai), ligada al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

Este cambio de criterio ha sido duramente criticado por las comunidades indígenas y quilombolas (descendientes de esclavos africanos), que temen que sus derechos sean reducidos en favor del llamado agronegocio. Finalmente, el 24 de junio el juez del Tribunal Supremo, Luís Roberto Barroso, suspendió la medida provisoria aprobada por el Ejecutivo y devolvió el poder sobre la tierra a la Funai.

“Quien demarca la tierra indígena soy yo, quien manda en esta cuestión, como en muchas otras, soy yo”, afirmó desafiante Bolsonaro tan solo cuatro días antes de que el Supremo revocara su decisión. Cabe destacar que la decisión del juez Barroso es provisoria y deberá ser analizada por el plenario de la Corte Suprema. Teniendo en cuenta el histórico de contenciosos entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial brasileño, es probable que esta atribución pase más veces de un ministerio a otro como una bola de ping pong.

Este año la Funai protagonizó otro rifirrafe entre el Ejecutivo y el Parlamento. Bolsonaro arrebató el mayor órgano de representación de los indígenas al ministerio de Justicia para entregarlo a Damares Alves, titular de la cartera de Derechos Humanos. Sin embargo, un grupo opositor en el Senado está intentando que la Funai vuelva a depender del Ministerio de Justicia, aunque su titular, el juez de la operación Lava Jato, Sérgio Moro, haya declarado públicamente que no tiene ningún interés en controlarlo.

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, reacciona durante una comisión de Constitución y Justicia en el Senado Federal de Brasil en Brasilia, Brasil, el 19 de junio de 2019.
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, reacciona durante una comisión de Constitución y Justicia en el Senado Federal de Brasil en Brasilia, Brasil, el 19 de junio de 2019. Adriano Machado / Reuters

La lucha de poder en torno a instituciones estratégicas parece ser una constante en esta nueva etapa política. El Consejo de Control de las Actividades Financieras (Coaf) es el órgano federal de inteligencia financiera que ha despertado la codicia de Bolsonaro y de su hombre de confianza, Sérgio Moro. Tradicionalmente dependía del Ministerio de Economía, pero a principios de año el presidente lo asignó al ministro de Justicia. Responsable de perseguir el lavado de dinero, este órgano de fiscalización pasó a depender del juez que es percibido como un héroe nacional porque combate la corrupción endémica de Brasil.

Sin embargo, hay un detalle interesante a tener en cuenta para comprender a fondo esta cuestión. A finales de 2018, poco antes de que se formalizase la investidura de Bolsonaro, el Coaf abrió una investigación oficial sobre el senador Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente, porque lo considera sospechoso de haberse apropiado de forma indebida del salario de algunos empleados fantasmas. El mandatario de Brasil se mostró muy irritado con las filtraciones de este ente y manifestó su aspiración de que fuese controlado por el juez Moro, algo que se apresuró a concretar al empezar su mandato. Pero el pasado 22 de mayo la Cámara de Diputados frustró sus deseos y por 228 votos contra 210, reintegró el Coaf al Ministerio de Economía. Fuentes del Gobierno reconocieron públicamente que había sido una derrota.

Reforma pensional ... ¿un nuevo fracaso?

La reforma a las pensiones también va camino a convertirse en un varapalo para Bolsonaro. Tanto él como su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, la consideran un paso esencial para equilibrar las cuentas públicas de Brasil. No obstante, la oposición en el Congreso está entorpeciendo la tramitación de la reforma estrella del Ejecutivo y puede acabar dejándola en una medida descafeinada.

Brasil es uno de los pocos países en el mundo que no exige una edad mínima para jubilarse. El régimen actual permite recibir una renta tras 30 años de cotización en el caso de las mujeres y 35 años para los hombres, aunque el importe de la prestación mejora para quienes prolongan su vida laboral. Con la reforma se impondrá una edad mínima para conseguir una jubilación integral: 65 años para los hombres y 62 para las mujeres que hayan cotizado durante 35 y 30 años respectivamente.

El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, asiste a una conferencia de prensa en Brasilia, Brasil, el 12 de junio de 2019.
El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, asiste a una conferencia de prensa en Brasilia, Brasil, el 12 de junio de 2019. Adriano Machado / Reuters

El 13 de junio fue presentando un nuevo proyecto ante la comisión parlamentaria con el respaldo de las bancadas oficialistas. En el nuevo texto han desaparecido algunas de las propuestas más polémicas, como la transición de un régimen de reparto a otro de capitalización. Inspirado en el modelo chileno, este sistema establece que los beneficios se obtienen a partir de las aportaciones individuales de los trabajadores a lo largo de su carrera. También ha quedado excluida la propuesta de revisar las pensiones recibidas por ancianos indigentes o por trabajadores rurales. El diputado y relator, Samuel Moreira, tampoco incluyó los regímenes de jubilaciones de estados y municipios, pese a que gran parte de ellos enfrentan una situación financiera complicada.

En su proyecto original, Paulo Guedes pretendía economizar unos 300.000 millones de dólares. Ahora las estimaciones más optimistas hablan a lo sumo de 237 millones de dólares. El super ministro de Economía ya ha amenazado en varias ocasiones que va a renunciar en caso de que el Congreso no apruebe la reforma. Los retrasos en el calendario de las votaciones, debidos a las divisiones entre los diputados, pueden desgastar al Ejecutivo.

Los primiros seis se han visto marcados por varios cambios en su gabinete

El primer semestre de presidencia de Bolsonaro también ha estado marcado por varios relevos fulminantes. Ya han caído en desgracia tres ministros y un cuarto está a punto de sumarse a la lista de despidos. El último fue el general Carlos Alberto dos Santos Cruz, responsable hasta mediados de junio de la Secretaría de Gobierno de la Presidencia de la República. Tras ser destituido, el ya exministro declaró en la prensa brasileña que Bolsonaro pierde tiempo con “tonterías” y “cotilleos”, en vez de dar prioridad a acciones relevantes del gobierno para el país.

Lo que sí ha conseguido el nuevo Gobierno es liberalizar un número récord de pesticidas. Son más de 230 en lo que va del año, algo que preocupa a varias organizaciones internacionales como Greenpeace. Además, la deforestación de la Amazonía brasileña ha alcanzado niveles inéditos. En mayo de este año aumentó un 26% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Foto de archivo durante la "Operación Ola Verde" llevada a cabo por agentes del Instituto Brasileño para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, para combatir la tala ilegal en Apui, estado de Amazonas, en Brasil, el 27 de julio de 2017.
Foto de archivo durante la "Operación Ola Verde" llevada a cabo por agentes del Instituto Brasileño para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, para combatir la tala ilegal en Apui, estado de Amazonas, en Brasil, el 27 de julio de 2017. Bruno Kelly / Reuters

En vísperas de la cumbre del G20 en Osaka, Japón, la canciller alemana Ángela Merkel afirmó que ve con “gran preocupación” las acciones del Gobierno brasileño relacionadas con la deforestación. Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, alertó que no firmaría el histórico acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, si Brasil se retira del Acuerdo de París sobre el clima.

La reacción del presidente de Brasil fue quitar hierro al asunto y exigir a los mandatarios más relevantes del planeta una relación de igual a igual. Bolsonaro respondió a Merkel que Brasil es el blanco de una psicosis “ambientalista” y que “es un país que va a ser respetado”. Sin embargo, fuentes diplomáticas relatan que Bolsonaro quedó aislado durante la cumbre internacional y que altos cargos de Naciones Unidas estarían cuestionando la actitud del recién estrenado presidente.

Bolsonaro y su estrecha relación con las Iglesias evangélicas

A lo largo de los últimos seis meses, Bolsonaro también se ha preocupado por fortalecer su alianza con las iglesias evangélicas, esenciales para garantizar su holgada mayoría del 55% en las elecciones presidenciales de octubre de 2018. Ha sido el primer presidente de Brasil que ha participado en la multitudinaria Marcha para Jesús, realizada en São Paulo el 20 de junio. En aquella ocasión reconoció públicamente que podría recurrir a la reelección, algo que siempre condenó en su etapa como diputado federal. A finales de mayo, Bolsonaro también dijo que haría falta un juez evangélico en la Corta Suprema, al comentar la decisión histórica de este tribunal de criminalizar la homofobia.

Mientras tanto, la difícil coyuntura económica rema en su contra. El desempleo sigue estancado en tasas preocupantes, con 13 millones de desempleados, o lo que es lo mismo, un 12,3% de brasileños sin trabajo. La previsión de crecimiento del PIB también ha sido revisada a la baja por el Banco Central: del 2% al 0,8%. Los críticos de Bolsonaro le reprochan que no haya implementado ninguna medida concreta para crear empleos.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una marcha evangélica para celebrar el Corpus Christi en Sao Paulo, Brasil, el 20 de junio de 2019.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, asiste a una marcha evangélica para celebrar el Corpus Christi en Sao Paulo, Brasil, el 20 de junio de 2019. Nacho Doce / Reuters

Esta crisis está mermando su capital político. En vísperas de completar su primer semestre en la presidencia, la tasa de aprobación de Bolsonaro cayó tres puntos y el rechazo subió cinco. Las últimas encuestas de la empresa Ibope, publicadas a finales de junio, revelan que el 32% de los brasileños considera su gestión buena o excelente; para otro 32% es pésima; y un 32% la tacha de regular.

Los datos también muestran que la inmensa geografía brasileña está partida por la mitad: en el sur y sureste, donde se concentra la riqueza del país, el apoyo a Bolsonaro sigue alto, rozando el 50% de los consensos. El Nordeste, que es la segunda región más poblada de Brasil y también la más pobre, le reprueba.

Aún así, su popularidad sigue alta, como dejó patente la alta participación registrada en las manifestaciones a favor del presidente en 158 ciudades, el pasado 26 de mayo. “Creo que lo mejor parte todavía no ha comenzado. Él es un hombre serio, íntegro y honesto, como no hemos visto en Brasil en mucho tiempo”, resume Maycon José, comerciante de São Luis del Maranhão y fan incondicional de Jair Bolsonaro.

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