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Estados Unidos planea revivir la pena de muerte federal tras 16 años

El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, durante la Cumbre de Reforma de Prisiones 2019 en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington.
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, durante la Cumbre de Reforma de Prisiones 2019 en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington. Yuri Gripas / Reuters

Después de varios años de moratoria legal en torno a la forma de ejecutar a los reos, el fiscal general William Barr dio la orden de ajusticiar a cinco presos acusados por asesinato de menores.

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La pena capital federal volverá a efectuarse en Estados Unidos tras un parón de más de 15 años. Así lo confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha considerado que la moratoria jurídica que giraba en torno al método de ejecución de los condenados había sido resuelta.

A pesar de que durante los últimos años la Justicia del país ha condenado a varias personas a pena de muerte a nivel federal, la última sentencia a nivel federal en hacerse efectiva fue durante el mandato de George W. Bush, en 2003.

Esta demora venía dada por la polémica que suscitaban algunos de los barbitúricos que se utilizaban para ajusticiar a los reos y que provocaron desastres como el de la ejecución estatal fallida de Oklahoma en 2014, ya que aunque a nivel federal el castigo capital ha estado inactivo, se ha seguido utilizando en algunos de los 29 estados que contemplan como legal esta condena.

A nivel estatal los datos de presos ejecutados han bajado significativamente desde principios de siglo, aunque continuan siendo muy superiores a los federales. Tal y como apunta el periódico estadounidense 'The Washington Post', en 2018 se ajustició a 25 personas en ocho estados diferentes.

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El fiscal general Barr ha sustituido el procedimiento de inyecciones letales utilizado, reemplazando el cóctel de tres medicamentos tóxicos por uno de pentobartial para "poner fin a las quejas". El fiscal ha asegurado que "el Departamento de Justicia defiende el imperio de la ley, y se lo debe a las víctimas para llevar adelante la sentencia impuesta por el sistema".

La medida abre otro frente de polémica para la Administración de Donald Trump, al activar un tema que permanecía inerte desde hace ya tiempo. La mayoría de representantes demócratas se oponen a la pena de muerte federal e incluso Joe Biden, otrora uno de los pocos defensores de la máxima pena en su partido, ha cambiado de postura recientemente.

Un cura católico da un discurso en una manifestación contra la pena de muerte en el sur de California en el año 2017.
Un cura católico da un discurso en una manifestación contra la pena de muerte en el sur de California en el año 2017. Andrew Cullen / Reuters

Donald Trump ve así cumplida una de sus demandas, al intentar endurecer los procesos de pena capital. El dirigente ha asegurado en más de una ocasión que es un sistema "efectivo para disuadir a asesinos y narcotraficantes" y ha mostrado admiración por países que utilizan este método de una forma mucho más sistemática.

En la actualidad hay 62 personas a la espera de su ejecución en el corredor de la muerte federal de Indiana, según el Death Row USA, y con la ejecución prevista de los cinco presos anunciada por Barr, el Gobierno federal se unirá a los ocho estados que tienen planificado ejecutar a presos en 2019.

16 años sin pena de muerte federal, pero no estatal

A pesar de que las ejecuciones a nivel federal han estado paralizadas durante 16 años, a nivel estatal han continuado, en especial en estados como Texas, Missouri o Virginia. 29 de los 50 estados del país declaran como legal la pena capital, aunque es cierto que en algunos de ellos lleva sin aplicarse por décadas. Al contrario, es ilegal en otros 21 a nivel estatal.

Aunque en un estado sea ilegal esta condena, el hecho de que se aplique de forma federal hace que personas que cometan delitos federales puedan ser condenados a morir por la Justicia de Washington D.C.

Es por ello importante distinguir que, aunque el asesinato es ilegal y condenado en todos los estados, si se asesina a empleados federales, senadores, miembros del Gobierno, se mata en varios estados o se cometen actos de terrorismo, la condena pasará a depender de la Justicia federal y no de la particular de cada estado.

Con AP y Reuters

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