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Nicaragua y la desazón por la cancelación de los diálogos entre Ortega y la oposición

Carlos Tunnermann, miembro de la Alianza Cívica, durante una conferencia de prensa en Managua, Nicaragua, el 31 de julio de 2019.
Carlos Tunnermann, miembro de la Alianza Cívica, durante una conferencia de prensa en Managua, Nicaragua, el 31 de julio de 2019. Oswaldo Rivas / Reuters

La decisión del Gobierno nicaragüense de cancelar los diálogos con la oposición conduce al país al naufragio del deseo de encontrarle una salida concertada a la crisis.

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Nicaragua está a la deriva. Luego de que el Gobierno del presidente Daniel Ortega decidiera no continuar con los diálogos con la oposición, el país quedó sumido en la desazón que, por el momento, los conduce a un solo camino: el naufragio del deseo de encontrarle una solución a la crisis.

Y es que, en medio del entramado de confrontaciones y peticiones de parte y parte, el levantamiento de la mesa de conversaciones se convierte en un disparo contra quienes desde abril de 2018 se animaron a salir a las calles para reclamar un cambio político.

En su cuenta oficial de Twitter, la Alianza Cívica declaró que la negativa del gabinete de Ortega a proseguir con la mesa refleja el “desprecio” por la voz del pueblo y que con dicha directriz el mandatario no solo ignora la voluntad ciudadana, sino que desatiende los llamados internacionales.

Mientras que miles de habitantes reclamaron con marchas en las calles la renuncia inmediata tanto de Ortega como de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el silencio gubernamental reina en medio de la desesperanza.

A la avalancha de reacciones frente a la detención de las negociaciones se han sumado los pronunciamientos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los cuales coinciden en que Ortega debería “reconsiderar” su posición.

De acuerdo con lo que ha sido reiteradamente denunciado por distintas organizaciones sociales, Ortega y Murillo habrían ordenado el registro de ataques contra grupos ciudadanos que habrían derivado en la muerte de cientos de personas y que mantendrían desaparecidos a cientos más.

La cuestionada orden de la Administración iría, según los expertos, en contravía de lo dictado en oportunidades anteriores por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de que los diálogos fueran reanudados de manera efectiva.

La disposición de la OEA había sido anunciada el 28 de junio, poco después de que unas 20 personas fueron asesinadas presuntamente por proferir críticas antigubernamentales en medio de una redada de capturas diarias a líderes opositores.

Las cifras suministradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ubican al Gobierno como responsable de la muerte de 326 nicaragüenses en el marco de un periodo de asedio y registro de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el oficialismo solo reconoce el fallecimiento de 200.

Con EFE y medios locales

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