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El Cauca, zona roja para los líderes sociales en Colombia

Indígenas asisten al funeral de Gersaín Yatacué este domingo en Toribío, departamento del Cauca, Colombia, el 4 de agosto de 2019.
Indígenas asisten al funeral de Gersaín Yatacué este domingo en Toribío, departamento del Cauca, Colombia, el 4 de agosto de 2019. Ernesto Guzmán Jr / EFE

En cuatro días fueron asesinados dos indígenas y un líder campesino en esta zona, una de las más militarizadas del país. A un año del inicio del mandato del presidente Iván Duque se critica el balance sobre la seguridad en los territorios.

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Continúa el desangre de líderes sociales en Colombia. Aunque varían los enfoques para abordar el trágico fenómeno, ya se contabilizan, desde la firma de los acuerdos de paz de 2016, por lo menos 289 asesinatos, según la Fiscalía, y hasta 623 conforme a la ONG Indepaz.

El Cauca, ubicado en el suroeste del país, llegó a convertirse en el departamento más mortífero para los integrantes de organizaciones indígenas, de gremios campesinos o para defensores de derechos humanos, entre los otros papeles claves a nivel local que se agrupan en el término de ‘líderes sociales’. Según el monitoreo de Indepaz, los homicidios llegarían a 159 en tres años.

El jueves 1 de agosto, Gersaín Yatacué, miembro de la guardia indígena del resguardo de Huellas Caloto, fue asesinado tras un ataque armado. El sábado fue asesinado a bala José Eduardo Tumbo, un participante de la “minga" (Movilización Social por la Vida" y dirigente de una instancia rural local. El domingo, el turno trágico fue para el médico ancestral y miembro de la guardia indígena de Toribío, Enrique Guegia.

Tres muertes que ponen en primera plana los asesinatos ya constantes en todo el país de líderes sociales, un flagelo que tiene en alerta a las organizaciones de derechos humanos y a un Gobierno que cumple un año con centenares de muertes de este tipo a cuestas sin lograr parar el desangre.

Críticas de la gestión del Gobierno Duque para enfrentar los asesinatos a los líderes

Estas agresiones mortales que se produjeron en un contexto de amenazas de bandas criminales, según los actores locales que señalan incluso el actuar del Cartel de Sinaloa Nueva Generación, de México.

En noviembre pasado, el Gobierno de Iván Duque lanzó un Plan de Acción Oportuna para responder a esta emergencia y reivindicó una disminución de los homicidios desde entonces. Una interpretación contestada por las autoridades indígenas que dicen estar sujetas a un "plan pistola", pero también por algunos analistas que afirman que las cifras del Ejecutivo están erradas.

En cuanto a la acción judicial, en el análisis que realiza el programa Somos Defensores, los casos "esclarecidos reales" no alcanzan más del 9,8 %.

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