Saltar al contenido principal

"Colombia está en guerra en el Catatumbo": Human Rights Watch

Imagen de archivo de un combatiente de la guerrilla del ELN en Colombia.
Imagen de archivo de un combatiente de la guerrilla del ELN en Colombia. Fotograma Reuters

La organización acaba de publicar un informe sobre las violaciones de derechos humanos contra la población civil en esta zona fronteriza con Venezuela. El director para las Américas denunció reclutamiento forzado de niños venezolanos.

Anuncios

El vacío que dejó la exguerrilla de las FARC luego del Acuerdo de Paz de 2016 ha sido ocupado por distintos grupos ilegales. Ese es el punto de partida del informe de 69 páginas que acaba de publicar la organización Human Rights Watch en el cual denuncia, entre otros asuntos, que en esta zona nororiental de Colombia los grupos armados asesinan, secuestran y desaparecen.

"Human Rights Watch analizó 13 incidentes con 17 víctimas, ocurridos entre marzo de 2018 y marzo de 2019, en los cuales integrantes de estos grupos secuestraron a civiles; por ejemplo, para interrogarlos sobre su presunta cooperación con otros, obligarlos a obedecer las exigencias del grupo (...) o exigir un rescate. Algunas víctimas fueron retenidas por horas; otras durante varios días", dice el documento.

El informe también compila las cifras y reportes de distintas oficinas de las Naciones Unidas y del Gobierno de Iván Duque. El jueves 8 de agosto, en Bogotá, el director para las Américas de Human Rights Watch afirmó que pese a la impresión que pudo haber dejado el acuerdo alcanzado con las FARC en 2016, "el país está en guerra en el Catatumbo".

El Catatumbo: una zona en disputa por distintos grupos armados ilegales

En esta región, situada en la zona norte del departamento de Norte de Santander, confluyen varios actores ilegales. Allí se quedaron algunos combatientes que no se acogieron al acuerdo firmado en 2016 y que hoy se identifican como Frente 33 de las FARC.

Se encuentran además varios grupos paramilitares, principalmente el Ejército Popular de Liberación (EPL), y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos había iniciado un proceso de paz que está suspendido desde la llegada al poder del acutal mandatario, Iván Duque, quien congeló el diálogo desde que ese grupo insurgente atacó con un carro bomba una escuela de la Policía en Bogotá el pasado mes de enero.

El Catatumbo es una zona estratégica en el norte de Colombia, una región con presencia de distintos grupos armados y cultivos ilícitos en la frontera con Venezuela.
El Catatumbo es una zona estratégica en el norte de Colombia, una región con presencia de distintos grupos armados y cultivos ilícitos en la frontera con Venezuela. France 24

El Catatumbo, además, es una de las zonas donde se concentran los cultivos ilícitos en Colombia. Y por eso hay tantos grupos ilegales tratando de controlar la siembra de coca y las rutas de tráfico de droga.

Según el informe, "los grupos armados han cometido numerosos abusos en el Catatumbo, incluidos desplazamientos forzados, ejecuciones, desapariciones, secuestros, violaciones sexuales, reclutamiento infantil y uso de minas antipersonales. También han amenazado y, en algunos casos, asesinado a defensores de derechos humanos y líderes sociales".

Allí también han asesinado a antiguos miembros de las FARC que se acogieron al proceso de paz. En abril, en esta zona del país, el excombatiente Dimar Torres fue asesinado en circunstancias que apuntan a una presunta ejecución extrajudicial bajo responsabilidad del Ejército colombiano.

Todo este contexto se ha traducido en centenares de casos de desplazamiento, reclutamiento forzado y, en general, distintos tipos de violaciones de derechos humanos. Y buena parte de esta violencia se ha concentrado en los 25.000 venezolanos que, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, han huído de su país y viven en esta región colombiana.

La violencia del Catatumbo afecta a la población venezolana

"Hay niños venezolanos. Niños que pueden ir entre los 10 y los 14 años reclutados por la fuerza", denunció en el evento de lanzamiento José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

De acuerdo al informe, "los grupos armados en el Catatumbo reclutan a niños y niñas colombianos y venezolanos. La Unidad de Víctimas de Colombia reporta que entre 2017 y 2018 grupos armados reclutaron a un total de 14 menores de edad en el Catatumbo. De manera similar, la Fiscalía General de la Nación indicó a Human Rights Watch que, hasta abril de 2019, los fiscales tenían 17 procesos abiertos sobre reclutamiento de menores ocurridos en el Catatumbo desde 2017".

El informe explica que muchos venezolanos cruzan por esta frontera porque hay menos controles migratorios por parte de las autoridades colombianas y hay trabajos mejor pagos. Entre otras labores, muchos de ellos se dedican a ser "raspachines" de coca, como se conoce a quienes deshojan estos cultivos con sus manos.

"Los venezolanos temen ser deportados si denuncian abusos y han tenido dificultades para acceder a los servicios del Gobierno, lo cual los expone particularmente a sufrir abusos", dice el reporte y añade que "en 2018, 19 venezolanos fueron asesinados en el Catatumbo, según información de la Policía Nacional de Colombia, un aumento en comparación con los 5 casos reportados en 2017".

Human Rights Watch hace recomendaciones al Gobierno de Duque

El primer renglón de las sugerencias que hace la organización al Gobierno de Iván Duque está enfocado en los defensores de derechos humanos. El documento pide "proteger de manera efectiva a los líderes sociales en el Catatumbo" y además recomienda esfuerzos para "asegurar que la fuerza pública diseñe e implemente una estrategia eficaz en el Catatumbo para proteger a los residentes frente a los grupos armados, que respete el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

EFE

Además, entre otras recomendaciones, la organización pide al Fiscal General de la Nación "aumentar la cantidad de investigadores y fiscales en el Catatumbo que trabajan en casos de desplazamiento forzado, desaparición forzada, violencia sexual, reclutamiento de menores, amenazas a defensores de derechos humanos y otros abusos graves relacionados con el conflicto armado".

En sus conclusiones, el informe resalta los compromisos del Estado colombiano con el derecho internacional humanitario para investigar y prevenir estos crímenes en su territorio.

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

Página no encontrada

El contenido que solicitó no existe o ya no está disponible.