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Francotiradores contra narcos en las favelas de Río de Janeiro

Wilson Witzel es el gobernador del estado de Río de Janeiro. Ganó las elecciones el año pasado con la promesa de reducir la criminalidad y exterminar a los narcotraficantes. Recientemente presentó datos oficiales sobre violencia que muestran que en los primeros seis meses del 2019 los homicidios en Río de Janeiro bajaron un 23% respecto al mismo periodo de 2018. Reportaje de Valeria Saccone y Louise Raulais.

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Lo que no contó en sus cifras es que al mismo tiempo se registró un aumento récord de los fallecidos a manos de la Policía. En dicho período se reportaron 881 muertes por este tipo, un 15% más que el año 2018.

Es una tendencia que inició en el mandato del expresidente Michel Temer, quien aprobó por decreto una intervención federal en Río de Janeiro. Sin embargo, con Wilson Witzel las operaciones policiales con helicópteros y francotiradores se han intensificado. Solo en la Maré, un complejo de 16 favelas localizado cerca del aeropuerto internacional, hubo 21 operaciones en el primer semestre del año, cinco más que en todo 2018, según datos de la ONG Redes da Maré.

En ocho casos fueron empleados los helicópteros que disparan desde el aire sobre los 140.000 habitantes de la Maré. El balance es demoledor: 14 víctimas mortales en tan solo 180 días, frente a las siete del año pasado.

Los moradores de la favela de Manguinhos también han denunciado un incremento de homicidios a manos de supuestos francotiradores que, según su testimonio, introducen los fusiles en unos agujeros realizados en la cercana torre del edificio central de la Policía.

El Defensor del Pueblo de Río de Janeiro tiene constancia de al menos 6 muertes, que se habrían producido por tiros aislados en la nuca de las víctimas en momentos de calma aparente, sin que hubiese una operación policial en curso. No obstante, la Policía Civil ha presentado dos informes oficiales en los que niega la autoría de los disparos.

"Los francotiradores deben ser empleados en casos extremos"

Renata Souza, diputada del partido de izquierdas PSOL y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Río de Janeiro, ha denunciado ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos lo que ella define como "agenda genocida" del gobernador Witzel.

Por su parte Pedro Daniel Strozenberg, Defensor del Pueblo en Río de Janeiro, también condena esta política de exterminio. "Los francotiradores no pueden ser usados como un instrumento de eliminación de personas que llevan armas. Ellos solo deben ser empleados en casos extremos, por ejemplo un secuestro con rehenes, en situaciones muy puntuales en las que la vida de alguien esté amenazada. No puede ser una táctica de seguridad pública para eliminar al enemigo", afirma Strozenberg.

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