Tras dos años de afluencia masiva de rohinyás, aumenta hostilidad en Bangladés

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Cox's Bazar (Bangladés) (AFP)

Cuando centenares de miles de musulmanes rohinyás, víctimas de todo tipo de abusos en Birmania, huyeron hacia Bangladés en el verano boreal de 2017, por lo general la población local los acogió bien. Pero, dos años más tarde, la hostilidad hacia ellos está aumentando.

"Al principio, en tanto miembros de la comunidad musulmana, los ayudamos", señala Riazul Haque. Este obrero, que vive cerca de la ciudad fronteriza de Ukhiya, en el distrito de Cox's Bazar (sureste de Bangladés), ha permitido a unas 60 familias establecerse en un terreno de su propiedad, creyendo que a lo sumo se quedarían dos o tres meses como máximo.

"Actualmente, tenemos la impresión de que los rohinyás que aún quedan en Birmania pronto llegarán a Bangladés", añade preocupado.

Ukhiya contaba con unos 300.000 habitantes, pero esta afluencia masiva de refugiados, a partir de agosto de 2017, triplicó su población.

La mayoría de los refugiados están albergados en el enorme campamento de Kutupalong. Otros, que disponen de más recursos, han intentado integrarse a la sociedad bangladesí.

Los locales los acusan de todos los males, desde el aumento de la contaminación y de la criminalidad hasta la pérdida de empleos.

"Nos roban los pequeños trabajos sobornando a las fuerzas del orden", afirma Mohamad Sojol, quien perdió su empleo como conductor de 'rickshaw' (pequeño vehículo a pedal para llevar pasajeros, muy común en el sudeste asiático) porque, según cree, los propietarios de los vehículos prefieren contratar refugiados por un salario más bajo.

Como consecuencia de las protestas, algunos rohinyás que se habían establecido fuera de los campamentos oficiales se han visto obligados a regresar a éstos y sus hijos han sido expulsados de las escuelas locales.

- Pandillas de la droga -

Los rohinyás, minoría étnica musulmana, huyeron de los múltiples abusos por parte del ejército birmano y las milicias budistas, descritos como "genocidio" por investigadores de la ONU.

Sólo un puñado de ellos ha regresado, temiendo por su seguridad en un país que les niega la ciudadanía y donde son tratados como inmigrantes ilegales.

Para estos refugiados, el estar "inactivos en los campamentos los vuelve inestables", considera Ikbal Hosain, jefe de policía interino del distrito de Cox's Bazar.

"Reciben todo tipo de ayudas, pero tienen demasiado tiempo libre", afirma, añadiendo que muchos de ellos han caído en manos de traficantes de drogas.

Decenas de millones de comprimidos de metanfetaminas (yaba) llegan a través de los campamentos desde Birmania, uno de los principales productores mundiales de esta droga sintética.

Así, los traficantes utilizan a los rohinyás como "mulas", responsables del transporte de estupefacientes hacia las ciudades cercanas.

Al menos 13 rohinyás, sospechosos de transportar miles de pastillas de yaba, han muerto en enfrentamientos con la policía.

Asimismo, la presencia de bandas de narcotraficantes en los campamentos ha hecho aumentar la inseguridad y la violencia, lo que llevó a Bangladés a reforzar la presencia policial.

Según la policía, la tasa de criminalidad es allí más elevada respecto a las estadísticas a nivel nacional.

Han sido presentadas 318 denuncias penales contra rohinyás desde agosto de 2017, 31 de éstas por asesinato, según Ikbal Hosain. Pero, según los expertos, el número de crímenes en los campos sería muy superior que las cifras que maneja la la policía.

"No nos sentimos seguros por las noches, pero no puedo dejar mi casa, porque el resto de mis tierras también serían ocupadas por los refugiados", señala Rabeya Begum, una ama de casa de la aldea de Madhurchhara, próxima al campamento de Kutupalong.

Mohib Ullah, un líder de la comunidad rohinyá, niega tener malas relaciones con la población local. "Nos ayudamos mutuamente porque somos vecinos (...) Nosotros haríamos lo mismo por ellos", afirma.

A unos 3.500 rohinyás se les ha autorizado regresar a Birmania a partir del jueves, si así lo desean.

En noviembre de 2018, un intento precedente de inscribir a unos 2.200 en una lista para la repatriación falló, puesto que, sin contar con ninguna garantía de seguridad en Birmania, rechazaron abandonar los campamentos.