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Ortega retoma proyecto canalero en medio de la crisis política y económica de Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda a sus simpatizantes durante un evento para conmemorar el aniversario 39 de la victoria sandinista sobre el dictador Somoza en Managua, Nicaragua, el 19 de julio de 2018.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda a sus simpatizantes durante un evento para conmemorar el aniversario 39 de la victoria sandinista sobre el dictador Somoza en Managua, Nicaragua, el 19 de julio de 2018. Oswaldo Rivas / Reuters

El mandatario nicaragüense anunció que no abandona la idea de construir el Canal Interoceánico que su gobierno concesionó en 2014 a un empresario chino y cuyos plazos vencieron en junio pasado. ¿Qué hay detrás?

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El 13 de agosto pasado, durante el acto del 39 aniversario de la fundación de la Fuerza Naval en Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde 2007, hizo un anunció que sorprendió a muchos: revivir la construcción de un Canal Interoceánico que uniría los océanos atravesando Nicaragua y cuyo valor supera los 40.000 millones de dólares. Todo ello, en medio de la peor crisis económica y política que enfrenta su Gobierno a raíz de las protestas de 2018.

"Nosotros no hemos renunciado, al contrario tenemos con el pueblo nicaragüense el compromiso de que se haga una realidad el canal por Nicaragua", aseguró Ortega, rodeado de mandos militares y policiales, acompañado de miembros del gabinete presidencial que incluye a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Ortega, criticado por su respuesta a las protestas opositoras de parte de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, y Amnistía Internacional, prosiguió su discurso agregando que el proyecto no tendrá mayores afectaciones y en cambio "viene a fortalecer el comercio global y viene a darle a Nicaragua una fuente de recursos que le permitiría a Nicaragua darle un mayor desarrollo, un mayor crecimiento…".

En menos de 72 horas, el 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista, aprobó la Ley 840 o "Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas", y al día siguiente, Ortega comparecía en Managua con Wang Jing, el misterioso empresario chino dueño de la HK Nicaragua Canal Development Investment Co. Limited (HKND Group), concesionaria del mega proyecto.

La discrecionalidad y rapidez con que el Gobierno manejó el proyecto generó críticas de organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil. "Esto está publicado en 'La Gaceta'. Anoche mismo yo firmé y anoche mismo también fue publicada ya en 'La Gaceta' y la publicación de hoy viernes 14 de junio", dijo Ortega durante el acto en 2013 donde también presentaban al equipo consultor que estaría a cargo del proyecto.

"Fue aprobado en un proceso oscuro y a espaldas de la ciudadanía. A pesar de que el Gobierno -como nos dimos cuenta posteriormente- tenía más de un año negociando secretamente esta concesión. Lo hizo público en 2013 y en menos de una semana estaba aprobado la entrega de esta concesión", recuerda Mónica López Baltodano, abogada ambientalista que siguió de cerca la concesión canalera.

Según los planes oficiales el proyecto generaría un crecimiento económico del 13% anual desde 2016, se crearían más de 50.000 empleos directos y unos 500.000 indirectos y que estaría concluido a finales de este año. El proyecto incluiría la construcción de dos Puertos de Aguas Profundas, un área de libre comercio, un aeropuerto, varios hoteles y resort turísticos, pero nada de esto ha sido posible.

Meses después de anunciada la obra, organizaciones de derechos humanos, ambientalistas y ciudadanos, demandaron la derogación de la Ley 840, según ellos, porque contradice varios artículos de la Constitución y vulnera la soberanía nacional al entregar a un concesionario extranjero por más de 50 años unos 270 kilómetros de tierras productivas del país. Más de 30 recursos legales por inconstitucionalidad fueron presentados ante la Justicia, manejada por el oficialismo hasta que en diciembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló en contra de todos los recursos.

El creciente Movimiento Campesino, opuesto a la construcción del canal y grupos de comunidades indígenas y afro descendientes recurrieron entonces a instancias internacionales demandando la derogación de la controversial ley. "De acuerdo a las leyes nicaragüenses el Gobierno no estaba facultado para concesionar territorios", afirma López.

El canal "ya generó impacto porque desplazó a las comunidades"

Entre 2014 y 2015, los campesinos lideraron protestas sociales que fueron reprimidas con violencia por las fuerzas policiales al tiempo que el Ejército custodiaba a trabajadores de HKND, quienes realizaban mediciones en el terreno donde supuestamente pasaría el Canal Interoceánico. El temor de expropiación crecía y organizaciones ambientalistas alertaban del peligro que representaba para el Gran Lago de Nicaragua, áreas protegidas, humedales, reversas biológicas y comunidades indígenas que afectaba la ruta canalera.

Vista del volcán Concepción desde el lago Cocibolca.
Vista del volcán Concepción desde el lago Cocibolca. Flickr / Ary Chst

"La ley (840) al constituirse, modifica la ley de sistema de áreas protegidas y el sistema de evaluación ambiental porque le entrega la concesión sin haber tenido el estudio de impacto ambiental", comenta Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, una de las organizaciones ambientalistas que participaron activamente en el análisis del impacto ambiental. Los campesinos conformaron entonces el Consejo Nacional en Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía Nacional y tiempo después, la empresa Environmental Resources Management (ERM) presentó los estudios de impacto ambiental del proyecto, dejando más preguntas que respuestas.

Según Ruiz, los mismos estudios realizados por el concesionario, contradecían la viabilidad del proyecto. "En varias cosas de los estudios de HKND concluyen los riesgos que existen en los ecosistemas, en el tema del lago Cocibolca, en el tema de las áreas protegidas. Es decir, reafirma realmente cuales son los impactos que va a tener el proyecto del canal”, cuenta el ambientalista.

La Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), desarrolló un estudio en 10 municipios donde la ruta canalera tendría incidencia y concluyó que además del impacto ambiental en las comunidades y el Lago de Nicaragua se sumarían riesgos en la gobernabilidad democrática, pérdida de identidad cultura, riesgos a la salud comunitaria, efectos socio económicos y desplazamiento forzado.

"La población de esa zona sería perjudicada directamente con la pérdida de sus propiedades, el trastocamiento de su vida social y el desarraigo forzado. La pérdida de la producción agropecuaria repercutiría en la escasez y carestía de los productos alimenticios a nivel local y nacional", cita el informe presentado en mayo de 2015. Ruiz y su organización ambientalista han denunciado que la especulación y temor de expropiaciones en torno al proyecto del canal "ya generó impacto porque desplazó a las comunidades a las áreas protegidas por temor al proceso de expropiación".

Líder Campesino: "Están asesinando a campesinos"

El 19 de febrero de 2019, un juez local notificó la pena de 216 años de prisión contra el líder campesino Medardo Mairena por el asesinato de cuatro policías y un civil. Mairena, uno de los líderes Movimiento Campesino anti-canal, se había sumado junto a miles de campesinos a las protestas opositoras que detonaron en abril de 2018 y llegó a representar al movimiento campesino en el proceso de Diálogo Nacional con el Gobierno, pero fue apresado, acusado de terrorismo y otros delitos, aunque no cumplió su condena.

Tras varios meses en una cárcel de máxima seguridad fue liberado en junio pasado bajo la controversial Ley de Amnistía que el gobierno propuso para absolver a todos los implicados en las protestas y posterior represión de 2018. "Los campesinos estamos organizados para defender nuestras tierras y no vamos a renunciar a nuestras tierras, ni renunciar a nuestros derechos humanos y constitucionales", dice Mairena a France 24.

Según Mairena, las recientes declaraciones del mandatario nicaragüense respecto a revivir el proyecto canalero "intentan dar esperanza a sus militantes", aunque admite que el peligro de expropiación es aún vigente porque la ley no ha sido derogada. Mairena, quien se reintegró a la Alianza Cívica, el bloque opositor reconocido por el Gobierno, afirma que en los últimos meses y tras las protestas opositoras de 2018, su movimiento ha denunciado una serie de asesinatos selectivos contra líderes campesinos.

Según él, al menos 28 campesinos han sido asesinados por hombres armados no identificados en el interior del país y aduce que detrás hay motivaciones políticas. "El (Ortega) tiene odio hacia los campesinos porque los campesinos nos hemos organizado desde hace seis años. Hemos salido a la calle a pesar de la represión", asegura.

La reserva Indio Maíz es considerada una de las reservas naturales mejor preservadas de Nicaragua.
La reserva Indio Maíz es considerada una de las reservas naturales mejor preservadas de Nicaragua. Cortesía Riosanjuan.com.ni

El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación con relación al Canal de Nicaragua y Proyectos de Desarrollo fue firmado por el Gobierno de Nicaragua y la Empresa HKND en 2013, con vigencia por seis años para que el empresario chino diera muestras de financiamiento, pero el documento venció el 13 de junio pasado, dejando por terminado legalmente el contrato, y por ende, el proyecto.

Ruiz: "Hay intereses alrededor de seguir vendiendo los subproyectos, no la idea del canal"

La abogada Mónica López advierte que aunque legalmente el proyecto esté finiquitado, "mientras no esté derogada la ley 840, puedan estar usando esa ley para vender derechos de otros proyectos como puertos de aguas profundas, zonas de libre comercio, resorts turísticos, ciudadelas y una gran cantidad de negocios que pueden hacer al amparo de la concesión y que puedan estar negociando con terceros".

El ambientalista señala que la ley canalera ha creado un "mecanismo" que estaría saltando "todos esos procedimientos que legalmente tienen que hacer cualquier proyecto que quiera hacer el Estado y debe pasar por las vías administrativas, legales para su aprobación". Según él, "el proyecto del canal genera toda una nueva lógica ilegal, arbitraria, anti ética, etc., del procedimiento que se debe de tener. Entonces, el interés, desde mi punto de vista, de las declaraciones del presidente va en función de decir sigue vigente y nosotros vamos a establecer esos subproyectos y los vamos a ir a vender al mundo".

En abril de este año, cuando la crisis socio-política en Nicaragua cumplía 12 meses, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, por considerarlo parte de una "red de corrupción". Laureano es Asesor de Promoción de Inversiones de la agencia gubernamental Pro Nicaragua y ha sido impulsor del proyecto canalero que también fue mencionado por el Gobierno americano. "A pesar de la pérdida de impulso del proyecto, las cifras del régimen de Ortega, incluido Laureano, continúan utilizando la Compañía del Gran Canal de Nicaragua como un medio para lavar dinero y adquirir propiedades a lo largo de la ruta planificada del canal", cita la Orden Ejecutiva (EO) 13851.

En 2015 trascendió que el empresario chino Wang Jing, en la lista de las 200 personas más ricas del mundo con una fortuna valorada en 10.200 mdd, había perdido alrededor de 80% de su fortuna, según reportó el Índice de Multimillonarios de 'Bloomberg'. Jing, dueño de la empresa Xinwei Telecom Technology Group Co, se vio afectado por un desplome en la bolsa de valores de Beijing y no se volvió a saber de él en Nicaragua.

Fundación del Río, Fundación Popol Nah y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron despojados de su personería jurídica por el Parlamento de Nicaragua acusados de apoyar un "intento de golpe de Estado" en 2018 y de financiar "grupos terroristas" para desestabilizar el país. López y Ruíz, miembros de estas organizaciones, conversaron con este medio desde su exilio en Costa Rica, donde se han refugiado desde hace meses. Sus oficinas en Nicaragua permanecen custodiadas por la Policía.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social que ha dejado 328 muertos, según la CIDH sumado a una fuerte contracción económica proyectada en menos 5,4 por ciento para este año según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), que mantiene estancada la inversión extranjera, pese a ello, el Gobierno parece no desistir de lo que sería una de las obras de ingeniería más grandes de la humanidad.

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