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Tribunal Supremo español da luz verde a la exhumación de Franco

El gobierno socialista espera trasladar el cadáver del dictador Franco antes del comienzo de la campaña electoral.
El gobierno socialista espera trasladar el cadáver del dictador Franco antes del comienzo de la campaña electoral. Susana Vera / Reuters

El pasado 24 de agosto de 2018 el gobierno socialista aprobaba un decreto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco. 15 meses después, tras una batalla legal con la familia, el Tribunal Supremo aprueba el traslado de los restos.

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El Tribunal Supremo de España decidió avalar por unanimidad la exhumación del cadáver del dictador Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos.

De esta manera, los seis magistrados y magistradas dan luz verde al decreto aprobado, por el gobierno socialista, el pasado 24 de agosto de 2018, en el que se ordena el traslado de los restos de Franco al cementerio de Mingorrubio, a 20 kilómetros de Madrid, donde está enterrada Carmen Polo, quien fuera su esposa.

Esta sentencia rechaza las peticiones de la familia Franco después de una batalla legal de más de 15 meses. Los descendientes del dictador habían presentado un recurso en el que anunciaron que solo aceptarían el traslado si el cadáver del Caudillo era llevado a la catedral de La Amudena.

La exhumación estaba paralizada cautelarmente desde el 4 de junio, cuando el mismo tribunal ordenó que se suspendiera la operación, prevista para el 10 de junio, a la espera de una sentencia definitiva.

La exhumación pendiente de la decisión de un juez

Sin embargo, el traslado no será posible hasta que el juez José Yusty Bastarreche decida si mantiene las medidas cautelares con las que paralizó la licencia de obras para poder levantar la losa que cubre la sepultura donde están los restos mortales del dictador en el Valle de los Caídos.

“Falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco”, rezaba el informe del magistrado del pasado 25 de febrero.

Cabe destacar que el reporte técnico en el que se basó el magistrado para suspender la licencia fue elaborado desde la Fundación Francisco Franco. Anteriormente, otro juez había estudiado demandas similares y las había rechazado.

Familias de las víctimas del franquismo se concentraron delante de las puertas del Tribunal Supremo esperando la sentencia.
Familias de las víctimas del franquismo se concentraron delante de las puertas del Tribunal Supremo esperando la sentencia. Juan Medina / Reuters

Por este motivo, el juez Yusty fue recusado por la Abogacía del Estado y apartado del caso hasta el pasado mes de junio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que no había motivo para asignar el caso a otro magistrado.

Yusty es famoso por haberse mostrado siempre en contra de la memoria histórica. En un artículo académico se posicionó en contra del ejecutivo socialista por querer "revivir todos los hechos que llevaron a la Patria a aquellos momentos difíciles".

Pese a los posibles obstáculos, el consistorio anunció que ejecutaría la exhumación antes de la campaña electoral. Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno, aseguró que en el próximo Consejo de Ministros se informará de la nueva fecha y, ante la posibilidad de un nuevo retraso por parte del juez Yusty, afirmó que se trata de una sentencia del Tribunal Supremo, por lo que solo queda llevarla a cabo.

La sentencia llega en plena precampaña electoral

La noticia fue celebrada por el gobierno socialista que ve cómo, finalmente, puede cumplir una de las promesas realizadas tras llegar al poder el pasado 1 de junio de 2018.

Con las elecciones del 10 de noviembre a la vista, la decisión del Tribunal Supremo supone una victoria para Pedro Sánchez.

Por otro lado, distintos colectivos sociales, además de celebrar la sentencia, lamentaron que todavía falte mucho por hacer, después de más de 43 años desde la muerte del dictador, para recuperar la memoria de las víctimas.

El presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, a pesar de la satisfacción por la exhumación, se mostró contrariado porque el Gobierno vaya a enterrar al dictador en un cementerio público: "Nos parece absurdo que el Gobierno pretenda enterrarlo en un lugar de propiedad pública. Llevamos tiempo defendiendo que no se puede sostener con fondos públicos la tumba de un dictador. Es un signo de debilidad democrática".

En una línea similar se expresó el partido de izquierdas Podemos, que celebró la decisión del Tribunal Supremo, sin dejar de reivindicar todo lo que queda por hacer.

Por su parte, desde la derecha, el Partido Popular anunció que no recurrirá la sentencia y expresó que la formación conservadora respeta las decisiones judiciales.

Un mausoleo construido por presos políticos

El Valle de los Caídos fue construido por 20.000 presos políticos entre 1940 y 1958 en San Lorenzo del Escorial. El conjunto franquista se levantó inicialmente para honrar a los "héroes de la Cruzada".

En sus cimientos hay más de 30.000 cadáveres, de los cuáles la mitad son republicanos represaliados sin identificar y que fueron llevados al conjunto sin permiso de las familias.

El dictador Francisco Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos el 23 de noviembre de 1975. Según datos del 2016, del Gobierno de España, el Valle de los Caídos tiene un coste de 1,8 millones de euros de dinero público.

France 24 con EFE y REUTERS

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