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Cataluña: a dos años del referendo y en vísperas de la sentencia del 'procés'

Partidarios de la independencia de Cataluña protegen un colegio electoral de la policía española. Barcelona, España. 1 de octubre de 2017.
Partidarios de la independencia de Cataluña protegen un colegio electoral de la policía española. Barcelona, España. 1 de octubre de 2017. Albert Gea / Reuters

Este 1 de octubre se cumplen dos años del referendo de Cataluña. Una fecha de conmemoración que llega justo antes de conocerse la sentencia contra los 9 líderes independentistas en prisión.

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Era domingo 1 de octubre de 2017 y aún no había amanecido cuando se iniciaba la vida en los colegios de Cataluña. Durante todo el fin de semana las clases se habían convertido en improvisados albergues en los que varias familias y vecinos habían aprovechado para realizar chocolatadas; proyecciones de películas; conciertos y todo tipo de actividades lúdicas.

Sin embargo, durante la última noche fueron pocos los que pudieron dormir. La expectativa era máxima.

Los relojes dieron las 6:00 a.m. y la lluvia no impidió que cada vez más personas se reunieran en los colegios electorales. La tensión por la posible llegada de la policía española iba acompañada por un silencio que solo se rompía con conversaciones susurradas.

Finalmente, cuando llegaron las urnas clandestinas, estalló un grito unánime.

Empezaba el 1 de octubre y más de dos millones de catalanes salieron a votar en el referendo de autodeterminación. La votación no pudo ser evitada por un Estado español que recurrió a un despliegue policial histórico, dejando imágenes de violencia que, por un lado, recorrieron el mundo y, por el otro, quedaron grabadas en la memoria colectiva del pueblo de Cataluña.

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En los días previos y posteriores al referendo, los trabajadores de La Caixa, el principal banco de Cataluña, cortaron la Avenida Diagonal, una de las principales vías de Barcelona, siguiendo el grito habitual de las marchas de la izquierda anticapitalista de 'els carrers seràn sempre nostres' (las calles serán siempre nuestras); el Barcelona FC jugó su partido de La Liga, a puerta cerrada, como medida de protesta contra la violencia durante el referendo; los agricultores tomaron con sus tractores el centro de Barcelona y, durante el 3 de octubre, se produjo un paro de país que desbordaba las calles de las principales ciudades catalanas con millones de personas manifestándose.

El independentismo estaba al ataque: el presidente de Cataluña Carles Puigdemont iba a declarar la independencia, mientras que el rey de España Felipe VI emitía comunicados de emergencia nacional en la televisión pública. ¿Qué sucedió en estos dos años y en qué situación se encuentra Cataluña?

Cronología de la derrota del desafío independentista

Una vez celebrado el referendo y el paro de país, los independentistas parecían haber alcanzado su tope desde que empezaron las movilizaciones secesionistas en 2012. En ese momento empezó un cambio de estrategia que pasó, de llevar la iniciativa frente al Gobierno español, a una táctica defensiva frente a la represión estatal.

Sánchez - Torra: una negociación imposible

El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez, líder del partido de centroizquierda, PSOE, ganaba la moción de censura que realizó a Mariano Rajoy, del partido de derechas, PP, y se convertía en presidente de España.

Lo consiguió gracias, entre otros, al apoyo de los partidos independentistas catalanes, por lo que en su discurso de investidura, se mostró propicio a tener un diálogo con políticos independentistas, después de que durante años esta posibilidad había descartada desde el consistorio de Rajoy.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2018 se produjo la primera negociación pública entre Cataluña y España. Pedro Sánchez se reunió con Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña, para buscar una solución a un conflicto que a punto estuvo de terminar con la independencia de la región.

El 20 de de diciembre de 2018 el presidente de España, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Cataluña, Quim Torra, después de tres años sin reuniones entre los máximos mandatarios.
El 20 de de diciembre de 2018 el presidente de España, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Cataluña, Quim Torra, después de tres años sin reuniones entre los máximos mandatarios. Andreu Dalmau / EFE

Era la primera reunión oficial, en tres años, entre el presidente español y su homólogo catalán. Sin embargo, todo se rompió el 8 de febrero, cuando fue anunciado que ambas partes habían acordado negociar con la presencia de un relator, que según la RAE es una "persona que en un congreso o asamblea hace relación de los asuntos tratados, así como de las deliberaciones y acuerdos correspondientes".

Este acuerdo causó un cisma político que aprovechó la oposición, liderada por la derecha del PP y Ciudadanos, para anunciar una manifestación que, en palabras de Pablo Casado, líder del PP, tenía como objetivo "protestar contra todos aquellos que querían romper España".

La presión pudo con el Gobierno de Sánchez que se retiró de la mesa de negociación culpando a las exigencias que había presentado el gobierno de Cataluña durante el encuentro bilateral.

A pesar de esas presiones, cabe destacar que, durante años, desde el Gobierno español se había utilizado la estrategia de la beligerancia en público, mientras que en privado no tenía ningún problema no solo de nombrar relatores, sino de ir un paso más allá y buscar mediadores con Cataluña.

Existen precedentes de estas reuniones secretas por parte del gobierno conservador de Mariano Rajoy, desde el año 2013 y que llegan hasta horas antes de la declaración de independencia. Entre los mediadores destacan figuras como el lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, empresarios y hasta personas vinculadas a la Iglesia.

La presión social de la poderosa derecha en España siempre marcó el discurso y acercó al Estado a una dura represión desde que sucediera el referendo. Esto queda demostrado con los 9 líderes políticos y sociales independentistas encarcelados; con los 7 políticos exiliados; y con la investigación de 700 alcaldes y cientos de activistas, funcionarios y políticos.

Llega la resolución del 'procés' y se espera una sentencia judicial ejemplar

El juicio por el 'procés' en el Tribunal Supremo fue presidido por el magistrado Manuel Marchena, que comenzó el 12 de febrero y terminó el 12 de junio, después de cuatro meses, 52 sesiones y la presencia de más de 600 testigos.

Entre los testimonios se destacan el expresidente del gobierno de España Mariano Rajoy; el responsable de la policía catalana, el mayor Josep Lluis Trapero; Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña e Iñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco.

Está previsto que la sentencia se conozca entre el 10 y el 14 de octubre: días antes de que se cumplan dos años de prisión provisional para los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, aniversario que obligaría a prorrogar el encarcelamiento preventivo de los líderes sociales.

Desde los diferentes ámbitos de la política y la Justicia españolas y catalanas se espera una sentencia dura contra los 12 líderes independentistas que están siendo procesados por los siete magistrados que se encargan de la causa.

Diputados de las fuerzas soberanistas -JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP- protestan contra el juicio de los líderes independentistas.
Diputados de las fuerzas soberanistas -JxCat, ERC, Catalunya en Comú Podem y la CUP- protestan contra el juicio de los líderes independentistas. Andreu Dalmau / EFE

Una dureza que puede confirmarse a partir del hecho de que cuando el ex vicepresidente de Cataluña, Oriol Junqueras, solicitó asistir al Congreso de los Diputados para acatar la Constitución y recibir la condición de eurodiputado electo, el juez Marchena emitió el 16 de junio un auto que decía: "Este momento del proceso sitúa a la Sala en una posición privilegiada, hasta ahora inédita, para valorar la intensificación del 'fumus boni iuris' que ha venido sosteniendo las medidas cautelares acordadas por el Excmo. Sr. Magistrado instructor (Pablo Llarena) y ratificadas por la Sala de Recursos”.

'Fumus boni iuris' es un aforismo latino que se traduce como "apariencia de buen derecho", por lo que dio a entender que el juez ya presumía entonces la culpabilidad del político.

¿Ante un nuevo otoño caliente en Cataluña?

La previa de la sentencia llega, una vez más, en plena tensión entre el Estado y el independentismo. El pasado 23 de septiembre, dentro de la 'Operación Judas', en un operativo de 500 policías, la fiscalía mandó a detener a 9 personas (dos de ellas quedaron en libertad) vinculadas a un grupo terrorista al que nombró como Equipos de Respuesta Táctica (ERT).

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en su auto, considera que se trata de una rama extrema de los Comités de Defensa de la República (CDR), cuyos miembros pretenden la independencia de Cataluña, por todas las vías, incluso las violentas.

Además, según el juez García-Castellón los detenidos actuaron de enlace entre el expresidente Puigdemont y el presidente Torra para el intercambio de documentación secreta y sensible, mediante una reunión con la hermana de Puigdemont.

Sin embargo, Anna Puigdemont anunció que tenía pruebas de haber estado en el hospital el día en el que el juez estipulaba que se había producido el encuentro.

Desde el independentismo se cree que esta operación es un montaje policial por parte del Estado con el objetivo de acusar a Puigdemont con cargos de terrorismo y conseguir, de este modo, finalmente, su extradición. El conjunto del independentismo rechazó las acusaciones y negó que hubiera ninguna célula terrorista.

Por su parte, con el segundo aniversario del 1 de octubre y, a la espera de la sentencia, el movimiento independentista se prepara para grandes movilizaciones.

El sindicato independentista Intersindical CSC, anunció un preaviso de convocatoria de huelga general para el próximo 11 de octubre, como protesta a la esperada sentencia.

También se conoció que la Asamblea Nacional Catalana (ANC), de la que era líder Jordi Sánchez cuando fue encarcelado, planea colapsar la red viaria catalana cuando se conozcan las penas de prisión para los líderes catalanes.

La sentencia llega en el peor momento de los últimos años para las movilizaciones independentistas. El pasado 11 de septiembre, fiesta nacional de Cataluña, se manifestaron unas 600.000 personas. Un pinchazo respecto a los últimos 7 años, en los que siempre se superó el millón de asistentes.

El pasado 11 de septiembre más de 600.000 personas salieron durante la 'Diada', la fiesta nacional de Cataluña.
El pasado 11 de septiembre más de 600.000 personas salieron durante la 'Diada', la fiesta nacional de Cataluña. Alberto Estévez / EFE

Quizás el desencanto de la población con la política catalana por el incumplimiento de la implantación de la independencia o las discrepancias entre partidos están desanimando a una sociedad que, sin embargo, sigue mostrando músculo reivindicativo.

Habrá que ver si en las próximas semanas se mantiene el bajo estado de ánimo, o por el contrario, las movilizaciones son capaces de desbordar a los partidos políticos y al propio Estado, como ya pasó hace dos años, cuando la sociedad civil empujó a los partidos independentistas a celebrar un referendo cuyos responsables están a punto de conocer su sentencia.

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