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Congreso vs. Ejecutivo: ¿Qué tan cierto es que hay un golpe constitucional en Perú?

El ya exprimer ministro de Perú, Salvador del Solar, habla con el presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, luego de entregar una solicitud formal de voto de confianza en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019.
El ya exprimer ministro de Perú, Salvador del Solar, habla con el presidente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, luego de entregar una solicitud formal de voto de confianza en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019. Guadalupe Pardo / Reuters

La bancada fujimorista descartó debatir la moción de confianza y suspendió al presidente Vizcarra; en paralelo, el Gobierno disolvió el Congreso y convocó a legislativas. La actual crisis es una pugna que se juega en los márgenes de la legalidad.

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El domingo 29 de septiembre, antes de que Perú acaparara la palabra crisis, el presidente Martín Vizcarra había asegurado que, si el Congreso no debatía la cuestión de confianza de su Gobierno antes de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, la consideraría como negada.

La gran lucha de este lunes, con el Congreso versus el Ejecutivo, partió de ahí. Con el fujimorismo, representado por Fuerza Popular y otros grupos afines, descartando la moción como primer punto de debate, impidiendo la entrada del presidente del Consejo de Ministros e iniciando el voto para designar a los magistrados constitucionales, sin considerar al Gobierno.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se dirige a la nación, mientras anuncia que disolverá el Congreso, en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019.
El presidente de Perú, Martín Vizcarra, se dirige a la nación, mientras anuncia que disolverá el Congreso, en el palacio de gobierno en Lima, Perú, el 30 de septiembre de 2019. Presidencia de Perú / Reuters

Ante este escenario, Vizcarra aplicó su aviso y acudió al artículo 134 de la Constitución peruana, el cual le permite “disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”, así como poner en marcha “la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso (…) dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución”.

El primer revés se lo había llevado en 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (llamado PPK), al defender a la exministra de Educación Marilú Martens; mientras que la segunda negación del voto se ha cumplido con Vizcarra y su proyecto de ley, con el que aspiraba a cambiar la elección de los magistrados del Constitucional, creando un sistema más abierto y transparente. Lo que ha dado lugar a la disolución del Parlamento y a las próximas legislativas del 26 de enero de 2020.

A ojos del fujimorismo, un “golpe inconstitucional”

En el Congreso peruano domina una mayoría fujimorista que se apoya en su líder Keiko Fujimori, en prisión preventiva por presunto lavado de dinero. Así que, en bloque, no solo defendió seguir la resolución de los magistrados, sino que respondió a Vizcarra invalidando la disolución y aprobando una “suspensión temporal de su cargo”, con 86 votos de 130 diputados, pese a que solo aplica en casos de accidentes e inmovilizaciones graves. Ya de noche, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”; designación que se anuló horas después, con la renuncia del cargo por parte de la propia Aráoz.

“Es un golpe de Estado. Vizcarra no tenía derecho a impedir la elección del Constitucional”, ha llegado a denunciar Fernando Rospigliosi, exministro del Interior a cargo de Alejandro Toledo. Mientras que Milagros Salazar, congresista de Fuerza Popular, ha dicho a France 24 que “Vizcarra presentó una moción de confianza. Nosotros en el Parlamento discutimos esta moción, le dimos la aprobación y él simplemente interpretó que no se le había dado la cuestión de confianza, y él decide hacer la disolución del Congreso, y esto es inconstitucional”.

Este es uno de los argumentos contra el presidente Vizcarra. El hecho de que en el pleno nunca votaron en contra de la moción, algo que sostiene la Defensoría del Pueblo señalando que la interpretación de la ley hecha por el Gobierno "se aleja de la Constitución". Sin embargo, la oposición sí eligió a un primer magistrado del Tribunal Constitucional, lo que iría en contra del orden del día y de la advertencia del mandatario. Además de eso, el presidente recibió todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, así como el respaldo del diaro oficial de la nación, que ha blindado su poder y el control sobre los presupuestos.

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Es en este punto en el que se agudiza el choque entre ambos poderes, una pugna de acusaciones sobre quién tiene realmente la legitimidad (o carece de ella) sobre lo ocurrido el lunes; algo que se remonta a las elecciones de 2016 con la formación de una mayoría fujimorista en el Congreso. Y es que, si para unos la disolución va en contra de la Constitución, para otros como los congresistas Marco Arana y Justiniano Apaza, lo ejercido por Aráoz, el presidente del Congreso Pedro Olaechea y “los que resultasen responsables” es una “usurpación de funciones en la medida que un Congreso disuelto no tenía atribuciones para juramentar a una congresista como presidenta”.

“(Aráoz) no debió conspirar como lo hizo, durante todas estas semanas y meses, contra el propio presidente de la República. No debió conspirar y, en ese sentido, yo creo que hay que restablecer el estado de derecho. Es la democracia que está en juego y la lucha contra la corrupción”, expresó Apaza, en la línea de Arana quien, como miembro de la Comisión Permanente y ante la Fiscalía, dijo que “nos toca jugar el rol que está previsto en la Constitución (…) que se restablezca el estado de derecho y el equilibrio de poderes”.

¿Un Congreso convertido en tierra de disputa y un Constitucional como solución clave?

A pesar de la claridad del artículo 134 de la Constitución, la disputa legal se está protagonizando en el Congreso de la República, ahora convertido en una Comisión Permanente en funciones, que permite su continuidad legislativa (así lo hace también cuando los congresistas se van de vacaciones). Hasta 2020, esta se limitará a observar y a crear informes sobre los decretos ley que se produzcan, y que luego deberá hacer llegar al próximo Congreso.

Los congresistas opuestos a Vizcarra defendieron este martes 1 de octubre que no se les dejaba entrar en el edificio, pero como indica el periodista peruano Willie Vásquez, solo 20 congresistas de 130 (la mitad, diez, son fujimoristas) poseen esta designación en la Comisión, por lo que el resto debe cerrarse.

El propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, ha rechazado la actual Comisión, defendiendo que el Tribunal Constitucional debería ser el encargado de dirimir sobre la actual crisis. Bajo sus ojos, Vizcarra “ha capturado” al ente, sin mencionar que la bancada fujimorista tenía prisa por reelegir a los magistrados constitucionales y colocar a sus afines antes de que este miércoles 2 de octubre la Fiscalía vuelva a interrogar al exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata. De él, bajo acuerdo con el Gobierno, se espera que desvele nombres de congresistas corruptos y vinculados a la constructora, la gran bandera de Vizcarra y lo que motivó su intento de limpiar de anticorrupción el Tribunal Constitucional.

La policía vigila fuera del Congreso, después de que el Presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso en Lima, Perú, 1 de octubre de 2019.
La policía vigila fuera del Congreso, después de que el Presidente Martín Vizcarra cerró el Congreso en Lima, Perú, 1 de octubre de 2019. Guadalupe Pardo / Reuters

Si bien, la propuesta de convertir al Constitucional en árbitro de este choque no solo la ha hecho Olaechea, sino también la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esta ha afirmado que corresponde al Constitucional pronunciarse sobre la decisión del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones parlamentarias: “La Secretaría General de la OEA considera que compete al Tribunal Constitucional de Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas”.

Pero a la vez, aplaudió y apoyó al presidente por impulsar nuevas elecciones, “un paso constructivo (…) ya que es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas”.

Cada uno, así como el pueblo y la prensa, ha interpretado la Constitución a su favor. El peligro para muchos es que este asunto se llegue a comparar con el verdadero golpe de Estado de 1992, propiciado por Alberto Fujimori, con la salida de tanques militares y una censura tanto a medios como a políticos. Una imagen que dista mucho del pulso actual por la legalidad.

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