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Diputados guatemaltecos denuncian a jueces por frenar investigación a misión de ONU

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Ciudad de Guatemala (AFP)

La directiva del Congreso de Guatemala denunció este viernes a cuatro jueces de la máxima instancia judicial por frenar una investigación legislativa sobre una misión de la ONU que cerró sus puertas en septiembre pasado, después de ser clave en la lucha contra la corrupción.

Los congresistas interpusieron la denuncia por abuso de autoridad, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato contra los magistrados Boenarge Mejía, Gloria Porras, Neftalí Aldana y José de Mata, de la Corte de Constitucionalidad (CC).

La demanda fue ingresada a la Corte Suprema de Justicia, inferior a la CC, que determinará si procede retirar los fueros a los magistrados, señaló el Legislativo en un comunicado.

El lunes pasado, la CC otorgó un amparo provisional que dejó sin efecto la investigación iniciada por cinco diputados sobre la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que llevó a juicio a dirigentes políticos y empresariales considerados intocables.

El amparo fue otorgado a un abogado particular y la organización Acción Ciudadana, capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional, quienes consideran que la investigación es ilegal.

La comisión legislativa fue impulsada por el partido del presidente Jimmy Morales y congresistas que fueron acusados de corrupción por la Cicig.

Al otorgar el amparo provisional "los magistrados impiden el libre ejercicio de funciones y atribuciones constitucionales de los diputados y limitan las facultades enmarcadas en la ley como fiscalización y legislación", señaló el comunicado.

Los diputados aseguran que la misión de la ONU incurrió en violación del principio de inocencia de los sindicados e injerencia en asuntos internos durante sus 12 años de funcionamiento.

El Congreso se había atribuido la posibilidad de denunciar y exigir la extradición de exfuncionarios de la Cicig, pese a que el acuerdo de creación de la misión estableció inmunidad para su ejercicio.

La Cicig inició sus funciones en 2007 para atacar a las mafias incrustadas en el aparato estatal guatemalteco.

En 2015 cuando provocó un terremoto político al revelar, junto a la fiscalía, un fraude en las aduanas que llevó a la renuncia del entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), señalado como cabecilla de las estafas.

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