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España: penas entre 9 y 13 años de cárcel para los líderes independentistas catalanes

Los 12 líderes independentistas en una fotografía del juicio que tuvo lugar, en Madrid, España, entre el 12 de febrero y 12 de junio de 2019.
Los 12 líderes independentistas en una fotografía del juicio que tuvo lugar, en Madrid, España, entre el 12 de febrero y 12 de junio de 2019. Emilio Naranjo / EFE

El Tribunal Supremo hizo pública la sentencia a los líderes independentistas encarcelados desde otoño de 2017. Las penas van de los 9 a los 13 años, en delitos que incluyen sedición, malversación y desobediencia.

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La sentencia más esperada en España ya es oficial, a dos días de que se cumplan dos años de las primeras entradas en prisión provisional después del referendo del 1 de octubre de 2017.

Finalmente, los líderes independentistas tendrán que enfrentar cargos por sedición, malversación y desobediencia, quedando descartada la rebelión.

Después de más de cuatro meses desde que finalizase el juicio, el fallo del tribunal fue unánime, en una sentencia de 493 páginas.

El exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras fue el más castigado, con 13 años de prisión; Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados a 12 años por sedición y malversación; por su parte, Carme Forcadell, Joaquim Forn y Josep Rull recibieron 11 años y medio, quedando absueltos por malversación; por último, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, los líderes sociales, recibieron una condena de 9 años.

Además, Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, quienes abandonaron el gobierno autonómico, fueron condenados por desobediencia y no entran a prisión.

Después de la sentencia, el juez instructor de la causa del "procés" en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió reactivar la euroorden de detención europea e internacional contra Carles Puigdemont.

¿Qué significan los cargos por sedición, malversación y desobediencia?

Sedición: se trata de uno de los delitos contra el orden público recogidos en el Código Penal con penas de hasta 15 años de cárcel para los casos más graves. El tribunal consideró que la celebración de un referendo ilegal, así como la resolución en el Parlament que contenía los preámbulos de una declaración de independencia fueron actos en los que además, se movilizó a la ciudadanía "en un alzamiento público y tumultuario" impidiendo la aplicación de leyes y obstaculizando el cumplimiento de las decisiones judiciales.

Malversación: según el Código Penal es un delido cometido por un funcionario o alto cargo público en el desempeño de sus funciones en el que hay una sustracción o uso indebido de recursos públicos. Son los cargos que recibieron Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordu Turull y Dolors Bassa, a quienes se condena por haber utilizado dinero público para conseguir la independencia. Del resto de condenados, quedaron absueltos, porque aunque el Gobierno de Cataluña asumió un acuerdo para asumir de forma solidaria los gastos promovidos por el referendo, no quedó probado que hubieran puesto la estructura de los departamentos que dirigían al servicio de su realización

Desobediencia: aunque el Tribunal considera que todos los procesados incurrieron en el delito de desobediencia civil para “arrogarse el monopolio de interpretar qué es lo legítimo”, quienes fueron condenados por este motivo fueron los tres miembros del consistorio catalán que no entrarán en la cárcel, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Para la sala, la desobediencia se establece porque no "cualquier persona que no comparta una decisión judicial está habilitado para impedir su cumplimiento y desoír a los poderes públicos legítimo".

9 políticos catalanes fueron condenados entre 9 y 13 años de cárcel por los sucesos de octubre de 2017.
9 políticos catalanes fueron condenados entre 9 y 13 años de cárcel por los sucesos de octubre de 2017. EFE

¿Por qué no se considera que hubo rebelión?

Según la sentencia del Supremo, en otoño de 2017, en Cataluña hubo "indiscutibles episodisos de violencia". Sin embargo, para el tribunal "la violencia tiene que ser una violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes".

Para la sala, los sucesos fueron insuficientes como para hacer efectiva la independencia y creen que el objetivo de los procesados era conseguir un mejor escenario de negociación.

Los magistrados evitan hablar de rebelión teniendo en cuenta que "bastó una decisión del Tribunal Constitucional" para evitar la aplicación de las leyes de ruptura del Parlament y, por otro lado, "con la mera exhibición de unas páginas del Boletín Oficial del Estado", en las que se anunciaba la aplicación del artículo 155, los procesados desistieron “incondicionalmente de la aventura que habían emprendido”.

Las defensas agotarán todas las vías de apelación

Los abogados de los acusados anunciaron que utilizarán tres vías para recurrir la sentencia:

-Incidente de nulidad en el Supremo: aunque la sentencia es firme y no se pueden presentar recursos ordinarios, las defensas plantearán un incidente de nulidad , ya que la ley orgánica permite la petición de la anulación de las sentencias, siempre y cuando se esté vulnerando un derecho fundamental. A lo largo del juicio las defensas alegaron que se había vulnerado la libertad de expresión, ideológica y de manifestación de los procesados.

-Recurso en el Tribunal Constitucional: En caso de no poder conseguir la nulidad de la causa, el siguiente paso es acudir al Tribuna Constitucional con un recurso de amparo. En este caso, la institución no revisará las pruebas, sino que comprobará si se han vulnerado derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Durante toda la causa los procesados ya utilizaron estos recursos contra la prisión preventiva, las suspensiones políticas o la denegación de permisos para acudir al Parlamento. Sin embargo, el Constitucional todavia no ha emitido sentencia.

-Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): Si, finalmente, no se consigue la nulidad ni en el Supremo ni en el Constitucional, las defensas acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Tendrán seis meses para llevar la demanda al TEDH y, además, podrán impugnar sus posibles derechos vulnerados, que según el Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyen la libertad de expresión y opinión; el derecho a un juicio justo; o ser juzgado por el juez que determina la ley. Además, podrían socilitar medidas cautelares para levantar la prisión hasta que no haya sentencia, resolución que solo se aplica en situaciones muy extremas.

¿Cuándo podrán salir de la cárcel?

Los líderes independentistas ya no están en condición de prisión preventiva, Además, el Tribunal Supremo descartó la petición de la fiscalía de obligar a cumplir, al menos, la mitad de la condena y deja en manos de la institución de prisiones la gestión de permisos.

Los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, serán los primeros que podrán obtener permisos en enero de 2020. Para conseguirlos se debe cumplir una cuarta parte de la condena, por lo que, por ejemplo, Oriol Junqueras, exvicepresidente del Gobierno de Cataluña, no podría conseguirlo hasta febrero de 2021.

Los presos también pueden solicitar un tercer grado, lo cual significa que podrían pasar el día fuera de la cárcel e ir a dormir de lunes a jueves.

Para conseguir el tercer grado no necesitan cumplir condena, sino un informe favorable de los técnicos, después de la Junta y por último validado por la Secretaría de Medidas Penales del gobierno catalán. La Fiscalía, sin embargo, podría recurrir la decisión a la Audiencia de Barcelona.

Cumplidos dos tercios o tres cuartas partes de la condena, los presos podrían conseguir la libertad condicional.

Con EFE y medios locales

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