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Arte+France 24

España se seca: pozos ilegales de agua para satisfacer las demandas de fruta

El caso del pequeño Julen, que cayó en un pozo ilegal de 70 metros, dio la vuelta al mundo. Las imágenes del intento de rescate, sin éxito, alertaron sobre una triste realidad en España: aunque no hay cifras oficiales, organizaciones ecologistas aseguran que habría en el país más de un millón de los llamados "pozos luneros", cavados en secreto a la luz de la luna.
El caso del pequeño Julen, que cayó en un pozo ilegal de 70 metros, dio la vuelta al mundo. Las imágenes del intento de rescate, sin éxito, alertaron sobre una triste realidad en España: aunque no hay cifras oficiales, organizaciones ecologistas aseguran que habría en el país más de un millón de los llamados "pozos luneros", cavados en secreto a la luz de la luna. ARTE

Los ecologistas aseguran que hay más de un millón de pozos ilegales en España, sobre todo en Andalucía, una zona árida que, sin embargo, es la mayor exportadora de frutas de Europa.

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Muchas familias viven de la agricultura, por lo que la legislación no acaba de actuar contra unas perforaciones que suponen un riesgo para el medio ambiente y para las personas.

Era enero de 2019, cuando Julen, un niño de dos años, caía en un pozo ilegal en Andalucía, en el sur de España. El suceso conmocionó a la opinión internacional y, durante dos semanas, el rescate del niño se convirtió en una feria mediática. Por desgracia, Julen fue encontrado sin vida y la tragedia visibilizó la proliferación de los pozos ilegales de agua en el país más seco de Europa.

En la misma región, entre un paisaje árido, destaca el Parque Nacional de Doñana, un espacio natural que es también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Es la mayor reserva ecológica de Europa y en su territorio se pueden observar más de 300 aves distintas.

Situado entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, gracias a las marismas, el Parque de Doñana cuenta con una gran riqueza hídrica que, sin embargo, por culpa de la acción del hombre, está en proceso constante de reducción. Precisamente, a su alrededor, es posible encontrar, en tan solo 1 km² de extensión, 60 pozos ilegales, también conocidos como pozos "luneros", por ser excavados a la luz de la luna. Los colectivos ecologistas aseguran que en España habría más de un millón.

Andalucía es una de las comunidades con mayor proliferación de la actividad agraria de España, siendo una de las zonas más secas de la península ibérica y, al mismo tiempo, la principal distribuidora de fruta de Europa. Cerca de Doñana, por ejemplo, hay grandes extensiones de cultivo de fresas, que suponen un tercio de la producción total europea.

El agua, víctima de la dependencia de la agricultura en Andalucía

Existen empresas especializadas en España que se dedican a cavar profundos pozos para que los agricultores puedan conseguir agua para sus cultivos. Es una obra que tiene un precio alto y a la que se le deben sumar los costos de los análisis geológicos. Sin embargo, no siempre se consigue encontrar agua, por lo que la perforación se convierte en una inversión incierta para los campesinos que desean expandirse y obtener más agua. Debido al costo y a que la administración no suele conceder permisos para realizar los pozos, muchas veces se realizan de forma ilegal. "La necesidad del agricultor es regar. Y si no riega el producto se pierde. Y eso puede llevar a la ruina a su casa y su familia", así justifica Luis Montenegro, contratista para perforaciones, la excavación de pozos.

La dependencia de la actividad agrícola en Andalucía es tan grande que, incluso, cada vez se están realizando más cultivos de frutas tropicales, como el aguacate, cuyo consumo en Europa creció un 150 % en los últimos 10 años. De hecho, el aguacate necesita 270 litros de agua, por lo que España está distribuyendo agua en forma de fruta, con unos datos que cada año aumentan: en 2018 exportó 97.000 toneladas de aguacates.

Pero los productores de frutas tropicales de España quieren más: utilizan el agua que ahorran con el riego moderno para cosechar en nuevas superficies; del mismo modo están reclamando embalsar más ríos y perforar pozos a mayor altitud pero sienten que la burocracia les frena y les obliga a perforar pozos de forma ilegal: "Las instituciones están en contra de su pueblo. Nosotros no estamos quitando nada, al contrario, le damos vida al campo y le damos trabajo a la gente", explica Javier Braun, presidente de la Asociación de Productores Tropicales.

Nuevas formas de agricultura sostenible

Los ecologistas lamentan como las autoridades hacen la vista gorda. Felipe Fuentelsaz es un agrónomo de la región que pertenece a la Asociación WWF. En los últimos 15 años ha estado luchando por preservar Doñana, denunciando pozos ilegales a través de imágenes satelitales. Sin embargo, explica que las denuncias quedan en nada. De hecho, es habitual encontrar fincas a la vista pública regadas a través de pozos ilegales, que están reportadas y ante las que nadie actúa. "Desde hace 30 años la superficie evoluciona sin control local. Los ayuntamientos han permitido que se produzca esta burbuja, sin permiso de la agricultura intensiva", cuenta Fuentelsaz.

Por otro lado, el agrónomo también colabora en proyectos que aseguran alternativas sostenibles, como la finca de cítricos de Luis Bolaños, que distribuye naranjas certificadas de uso sostenible a una cadena alemana de supermercados. En su finca está utilizando nuevas tecnologías que le permiten aprovechar mejor el agua, ahorrando su consumo hasta un 20% y, además, fertilizar los cultivos sin necesidad de contaminar el acuífero.

Desde que Bolaños apostó por la agricultura sostenible, se redujo la carga tóxica de la finca e incluso volvieron a aparecer aves. Ante este método, el agricultor explica cómo, al principio, otros agricultores le trataban de loco y, ahora, todos quieren conocer su apuesta basada en el respeto por el campo: "Debemos concienciarnos de que el ahorro de agua no debe ser para aumentar la superficie de riego, el ahorro se debe guardar para la época de sequías o para los caudales ecológicos de los ríos".

Un problema de difícil resolución, muchas frustraciones y no pocos peligros

A principios de 2019, la Unión Europea llevó a España ante la Justicia por la constante desprotección del Parque Natural de Doñana. Para la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, que elaboró el Plan Hidrológico aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2014, los campesinos saben de sobra dónde pueden excavar y dónde no, porque también participaron en la concepción del plan.

Sin embargo, desde la institución se sienten frustrados porque la política local se apoya la proliferación de pozos, ya que la agricultura es el sustento de muchas familias; y también porque los propios agricultores les están acosando por impedirles sustraer agua de forma ilegal. De hecho, los inspectores de la confederación deben ir acompañados de la policía cuando salen a buscar pozos.

Desde el caso de Julen, lejos de frenar la proliferación de pozos, estos han seguido aumentando. Una problemática que no solo pone en riesgo al medioambiente, sino que supone una amenaza para las personas. Los pozos muchas veces quedan destapados y en sus diámetros hay espacio para la caída de animales y humanos. Sin embargo, la dependencia de la actividad agrícola, de la que viven muchas familias, frena una legislación aprobada por la presión de los ecologistas, que denuncian que los acuíferos están siendo más explotados por la actividad ilegal que por el consumo regulado.

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