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Ecuador: lo que viene después de la eliminación del subsidio a la gasolina

Automovilistas hacen fila para obtener combustible en una estación de servicio en Quito, Ecuador, el 15 de octubre de 2019.
Automovilistas hacen fila para obtener combustible en una estación de servicio en Quito, Ecuador, el 15 de octubre de 2019. Ivan Alvarado / Reuters

Ecuador está ad portas de que se instale una comisión entre el Gobierno y los líderes indígenas para definir cómo reemplazará el derogado decreto que ahorraba US$1.400 millones anuales al Estado. Si no son los combustibles, ¿entonces qué?

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Luego de casi dos semanas de manifestaciones violentas en Ecuador, el país volvió al mismo punto en el comenzó todo, fiscalmente hablando: más de 3.300 millones de dólares en déficit del Gobierno (que ocurre cuando los gastos son mayores que los ingresos) y un compromiso con el Fondo Monetario Internacional de reducirlo al máximo.

Con la eliminación de los subsidios a los combustibles, el Gobierno de Lenín Moreno buscaba solucionar una buena parte del problema, con un ahorro estimado de 1.400 millones de dólares. Pero el estallido social que a lo largo de 11 días dejó al menos seis muertos y millonarias pérdidas, así como su consecuente derogatoria de la medida, lo dejaron con pocas opciones.

Las comunidades indígenas lograron que el Ejecutivo desistiera de la supresión de los subsidios que ordenó el Decreto 883 del 2 de octubre, a cambio de concertar un nuevo decreto que lo reemplace y lo mejore. Para lograrlo, las partes crearon una comisión de concertación con la mediación de Naciones Unidas para llegar a un consenso. Ahí está el reto.

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"El Gobierno tiene que reevaluar su posición para presentar una nueva iniciativa"

El objetivo la mesa de concertación prevista para instalarse este miércoles 16 de octubre es encontrar un punto de equilibro para reemplazar esos 1.400 millones de dólares con los que el Gobierno dejó de contar. La baraja de opciones es limitada: elevar impuestos, optimizar el gasto público o eliminar otros subsidios, son algunas de ellas.

A la comisión llegan dos contrincantes con expectativas opuestas: un Gobierno necesitado de recursos y un pueblo indígena que no está dispuesto a que le toquen sus bolsillos.

"Un decreto tiene que ser de consenso. El Gobierno tiene que analizar desde ese nivel, no escuchando a esos oligarcas que quieren simplemente sacar la sangre del pueblo. Si dice: sí, queremos bajarnos los sueldos a nivel nacional, bien", dijo a France 24 Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Apenas estamos asimilando los efectos de lo que ocurrió", dijo el economista"

Abelardo Pachano, economista

Pero si la eliminación de los subsidios a los combustibles generó tal descontento social, no menos puede esperarse cuando se introduzcan otras medidas, que hacen parte de un paquete económico presentado el 1 de octubre y que, según expertos, debería ser replanteado.

"Después de lo que ha sucedido en los últimos días, el Gobierno tiene que reevaluar su posición para presentar una nueva iniciativa, porque apenas estamos asimilando los efectos de lo que ocurrió", dijo el economista Abelardo Pachano.

Si no es subsidio a la gasolina, ¿entonces qué?

La primera promesa que hizo el presidente Lenín Moreno cuando anunció el nutrido paquete económico fue que no tocaría el IVA, que hoy está en 12%.

En cambio, advirtió que serán "los que más tienen" quienes deban hacer sacrificios. En ese sentido, anunció que las empresas con ingresos superiores a diez millones de dólares al año tendrán que pagar por tres años una contribución especial.

En diálogo con France 24, el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Patricio Alarcón, dijo que "aumentar impuestos y contribuciones inclusive a las empresas grandes no sería una buena idea porque lo que queremos es que esas compañías contraten más a las medianas y pequeñas. Y si meten nuevas tasas, nuevo bonos, esto no va a suceder".

Agregó que "Ecuador necesita reformas para promover el sector productivo porque tenemos los costos de contratación y desvinculación más altos de la región. Y eso tiene que venir con un sacrificio del Estado en el sentido de hacer una restructuración en cuanto a la calidad del gasto"

Según el Gobierno, parte del sacrificio vendrá del sector público

Los empleados estatales están en la mira: el presidente propuso renovar los contratos ocasionales con un 20% menos de remuneración y a aquellos con contrato fijo, les reducirá las vacaciones de 30 a 15 días. Los trabajadores de empresas públicas aportarán mensualmente un día de salario.

Además de una reforma laboral y pensional, el Gobierno también evalúa reducir impuestos para importar maquinaria y equipos industriales o agrícolas, así como bienes de tecnología como celulares, computadores o tabletas.

El Gobierno y los líderes indígenas tienen la expectativa de concretar cuanto antes un nuevo decreto que sustituya al 883, pero esa es apenas una de las más de diez ideas que tiene en mente el Ejecutivo, muchas de las cuales también se enfrentarán a la oposición social… y legislativa.

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