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Colombia: Madres de Soacha acusan a los militares de mentir ante la JEP y exigen Justicia

Dos Madres de Soacha sonríen minutos antes de su intervención en la audiencia ante la JEP el 17 de octubre de 2019.
Dos Madres de Soacha sonríen minutos antes de su intervención en la audiencia ante la JEP el 17 de octubre de 2019. Cortesía C. Bejarano

Las conocen en Colombia como las Madres de Soacha, sus hijos fueron asesinados por el Ejército de su país y presentados como bajas en combate. Un grupo de ellas habló por primera vez ante el tribunal de paz. Acusaron a los militares de mentir.

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Minutos antes de la audiencia, el pasado 17 de octubre, las Madres de Soacha formaron un círculo frente a los tribunales, se agarraron de las manos y elevaron una plegaria. Llevan 11 años exigiendo Justicia y verdad por las ejecuciones extrajudiciales de sus hijos por parte de miembros del Ejército de Colombia.

En ese país conocen el caso como "falsos positivos", una serie de homicidios de civiles por parte de efectivos militares en el marco de una política de 'bodycounting': entre más bajas reportaban los militares, más beneficios recibían como permisos y recompensas económicas. Las víctimas, en su mayoría, provenían de zonas pobres y olvidadas. Como Soacha, un municipio al sur de Bogotá.

Así, campesinos, indígenas, afros y jóvenes de los barrios pobres de las ciudades fueron asesinados por militares y presentados como un "positivo" a sus superiores. Las cifras más conservadoras, las de la Fiscalía General de la Nación, cifran en 2.200 las víctimas entre 1988 y 2014. Pero las madres dicen que son cerca de 10.000.

Blanca Monroy admite que está nerviosa. Luego de meses de que el tribunal pactado en La Habana hubiera escuchado a los militares acusados de la monstruosa práctica, ahora es su turno de hablar. Su caso fue seleccionado por el modelo de Justicia transicional como uno de los macrocasos que espera investigar para encontrar Justicia y verdad en un país donde la impunidad a las violaciones de los derechos es penosamente alta.

"He llorado tantos días por mi hijo, pero hoy no quiero hacerlo", dice Blanca mientras frota las manos. Es una mujer de origen campesino que supera los 60 años. Madre de Julián Oviedo Monroy, ayudante de construcción, el mayor de sus hijos y que desapareció el 2 de marzo de 2008. "Desde que él murió se acabó la alegría en la casa", recuerda la madre.

El proceso de las Madres de Soacha vs. el Ejército de Colombia

El trabajo de la Justicia Especial para la Paz avanza en medio de críticas y amenazas desde los sectores opositores al proceso de paz, pero el caso de los "falsos positivos" está bajo la lupa de las organizaciones civiles.

Desde soldados rasos hasta oficiales, en total 2.211 efectivos, suscribieron actas de compromiso para contar la verdad a cambio de penas alternativas. Algunos de ellos ya habían sido condenados hasta 50 años de prisión por los "falsos positivos", pero si hablan pueden tener un castigo menos severo, incluso la libertad. Para los defensores de la JEP es la única forma de llegar a la verdad, que puede tocar los altos mandos militares y políticos, pero para algunas de las madres, desesperanzadas, puede convertirse en un mecanismo que le de rienda a la impunidad.

A nuestros hijos les robaron la vida, pero también su rostro y su nombre"

Luz Marina Bernal, madre de Fair Porras

El proceso recién comienza, pero según los magistrados el objetivo es llegar a los nombres de los verdaderos autores, "los altos mandos" para que esos crímenes no se vuelvan a repetir.

En la primera fase del proceso, los magistrados recibieron informes de los entes de investigación, escucharon a los militares acusados y recopilaron datos. Escuchar a las 13 madres que asistieron es parte de la fase de contraste de las versiones militares.

"No veo verdades, no veo sinceridad para que ellos (lo militares) pidan perdón"

Una a una de las madres se presentó frente al tribunal, contaron quién era su hijo, las circunstancias de cómo y cuándo desapareció y las fallas que ven en las versiones de los militares. Para la totalidad de las madres, la gran mayoría de los militares han mentido.

Soraida Muñoz, madre de Jhon Soto, fue una de las primeras en hablar en la audicencia. Dijo a los magistrados que lo que han dicho los militares hasta ahora "ya lo habíamos oído en la Justicia ordinaria. No veo verdades, no veo sinceridad para que ellos (los militares) pidan perdón".

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Ana Celis Arango, hermana de otra víctima y con su mamá desde el exilio, dijo en su turno que "de todas las audiencias, solo me fui contenta en una porque un soldado señaló a sus superiores. De resto mentiras y contradicciones".

Tras el proceso, si la JEP considera que los militares no han contribuido a la verdad, pueden ser condenados hasta a 20 años de prisión. Luz Edilma Palacios, madre de Jader Palacios, pide la destitución de los militares que se acogieron a la JEP. Muchos siguen activos y en libertad.

La magistrada Catalina Díaz, que lideró la audiencia, dijo que los beneficios de libertad están condicionados a la verdad: "Es nuestro deber llegar a los grandes responsables, a quienes tuvieron altos grados de responsabilidad".

Las madres denuncian que los "falsos positivos" no fueron un asunto de "manzanas podridas" dentro del Ejército, sino que fue una política sistemática de seguridad que tiene su origen en la misma Presidencia de ese entonces.

Piden que investiguen además a los médicos forenses de los batallones, a los funcionarios judiciales del CTI que hicieron el levantamiento, a fiscales y jueces penales militares cómplices, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su jefe militar, Freddy Padilla de León, y su ministro de Defensa, el expresidente Juan Manuel Santos,.

Luz Marina Bernal, madre de Fair Porras, un joven de 28 años con discapacidad (tenía la mentalidad de un niño de 8 años tras un accidente) que tampoco se salvó de los asesinatos, dijo: "a nuestros hijos les robaron la vida, pero también su rostro y su nombre".

"Señores de la JEP, estamos en sus manos"

Blanca Monroy tomó un bus del servicio público para llegar ese día a la audiencia. Ya no vive en Soacha, sino en un barrio popular del sur de Bogotá, en una casa arrendada no muy lejos de la estación de policía.

Muchas de las madres han recibido amenazas o sus nombres han aparecido en panfletos, eso no es un tema menor en un país donde más de 500 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016.

"Esos militares que le quitaron la vida a mi hijo no se alcanzan a imaginar el daño que me hicieron a mi, a mi familia", dijo Monroy. Entre las madres son comunes los episodios de depresión, insomnio, ansiedad y enfermedades físicas. "Quiero saber quién dio la orden, quién mató a mi hijo", remarcó la mujer.

Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, lamenta la impunidad en el caso de su hijo, asesinado por la fuerza pública, pero espera que la JEP le abra el camino hacia la Justicia y la verdad.
Blanca Monroy, madre de Julián Oviedo Monroy, lamenta la impunidad en el caso de su hijo, asesinado por la fuerza pública, pero espera que la JEP le abra el camino hacia la Justicia y la verdad. Cortesía: C. Bejarano

Ya no parece nerviosa. Minutos antes de su testimonio contó a France 24 que en este proceso de búsqueda de Justicia ha tenido que convertirse en periodista para poder hacer entender su historia, en investigadora para que el proceso no muera y en defensora de derechos humanos, algo que antes del asesinato de Julián no sabía que existía.

"Durante 11 años no ha habido Justicia, solo dilataciones", dice. Es difícil imaginar cómo era la vida de Blanca antes de convertirse en una de las Madres de Soacha, pero alguien que no conozca su historia no podría imaginar que esa mujer humilde, que limpia casas en barrios de clase media, arrastra una lucha de tantos años.

Ese día ella prometió no llorar, no quebrarse y así lo hizo. Al final de los veinte minutos de su intervención, seguida por medios nacionales e internacionales, sentenció: "señores de la JEP, ustedes son nuestra tabla de salvación, todas nuestras esperanzas están con ustedes".

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