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Una semana frenética que sumió a Chile en una grave crisis social

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Santiago (AFP)

Hace una semana una protesta estudiantil contra el aumento del metro derivó en la mayor protesta social en Chile. Hoy los manifestantes se mantienen en la calle y exigen un pedazo más grande de la prosperidad que hizo de este país el más estable de América Latina.

Este estallido sin precedentes en el país, el más grave en casi 30 años desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), representa en estas horas un claro desafío para su reconocido modelo económico.

En estos siete días de manifestaciones, enfrentamientos, saqueos e incendios en Santiago y otras ciudades han dejado 19 muertos y denuncias de abusos de derechos humanos que motivaron el envío de una misión de la ONU para investigar.

Ante la multiplicación de denuncias sobre la acción de los militares que desde el sábado fueron desplegados en las calles, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el envío de "una misión de verificación para examinar" la situación en el país.

La muerte de un ciudadano peruano que había sido herido el martes durante un saqueo en el sur de la capital chilena, elevó a 19 el número de muertes desde que comenzó la ola de protestas, informó la Fiscalía chilena.

En tanto, la cifra de detenidos se redujo a 735, desde 979 del día anterior. Los disturbios, saqueos e incendios -registrados especialmente en zonas periféricas de Santiago- disminuyeron, pero siguen registrándose incidentes en varios puntos del territorio.

Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se mantuvieron en los puntos álgidos de las protestas, como la céntrica Plaza Italia de Santiago, pero las concentraciones también mostraron un rostro festivo con cientos de jóvenes bailando y haciendo sonar cacerolas durante un improvisado concierto de rock callejero.

"Esto no se va acabar nunca hasta que no tengamos una asamblea constituyente que nos permita tener una nueva constitución que no sea la de Pinochet", dijo a la AFP Matías Fuenes, empleado de 27 años en la protesta.

En los alrededores del palacio de La Moneda, sede de la presidencia, cientos de manifestantes se pararon al frente durante toda la jornada del jueves a desafiar al ejército y gritar o cantar consignas pidiendo la renuncia del presidente Sebastián Piñera. xxxxx

"Y va a caer, va caer, Piñera va a caer", entonaban un conocido cántico en Chile de la época de la dictadura.

- De la ONU a Chile -

Las protestas continúan mientras aumentan las denuncias de abuso de los agentes del Estado. Cinco de las 19 muertes ocurridas en el estallido social fueron a manos de las fuerzas del Estado.

Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contó, además, 584 heridos, 245 de ellos por armas de fuego.

Frente a los cuestionamientos, el ministro de Defensa, Alberto Espina, afirmó que los militares actuaban para proteger los derechos humanos de los chilenos, y no para violarlos.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, también fue invitado a Chile por el presidente Piñera.

El padre de la alta comisionada de la ONU fue detenido y torturado tras oponerse al golpe de Pinochet y murió en la cárcel en 1974, y ella también fue torturada antes de exiliarse.

- En la calle -

Un exiguo aumento de la tarifa del metro de Santiago fue el catalizador de las protestas, pero ahora han derivado en un movimiento mayor, heterogéneo y sin un liderazgo identificable, que pone sobre la mesa otras demandas, principalmente un aumento de las bajas pensiones del sistema privado, heredado de la dictadura.

"Esto ya es el reclamo de todo un país, nos cansamos", gritaba una manifestante en medio de un caceroleo en Santiago.

El anuncio de una batería de medidas sociales por parte del presidente Piñera el martes y su "perdón" por su gestión inicial de la crisis parecen no haber surtido efecto en la población.

El gobierno prometió mejorar las pensiones de los más pobres, aumentar impuestos para ciudadanos de mayores ingresos y disminuir las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos, además de congelar un alza del 9,2% en la electricidad.

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