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Colombia: renuncia el ministro de Defensa tras la muerte de 8 menores por un bombardeo

El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, en una audiencia en el Senado donde se debatió una moción de censura en su contra el 5 de noviembre de 2019
El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, en una audiencia en el Senado donde se debatió una moción de censura en su contra el 5 de noviembre de 2019 Mauricio Dueñas Castañeda / EFE

El funcionario anunció su decisión después de un día de polémica al desvelarse que su ministerio había ocultado la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo militar contra un campamento de disidencias de la exguerilla de las FARC.

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Guillermo Botero pasó un día en la cuerda floja. El ministro de Defensa de Colombia presentó su renuncia este miércoles 6 de noviembre después de que amplios sectores de la oposición y la sociedad civil pidieran su retirada.

La decisión de Botero llegó al cabo de unas convulsas 24 horas, donde el escándalo por la masacre de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército colombiano se escampó por todas las capas de la sociedad colombiana. El ataque iba dirigido a un grupo de disidentes de las FARC en Caquetá, al sur del país.

Botero detalló en un comunicado que se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque, “para analizar la actual coyuntura política” y ambos acordaron “que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo”. También recordó algunos de sus logros en la reducción de los cultivos de coca y recordó que “el enemigo de Colombia es el narcotráfico”.

Por su parte, Duque agradeció la labor de Botero por “su compromiso, sacrificio y liderazgo en el sector” y anunció su reemplazo como ministro encargado: el General Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares colombianas.

Botero, acusado de esconder la muerte de al menos ocho menores

El escándalo estalló ayer en un debate en el Senado donde precisamente se quería aprobar el inicio de una moción de censura contra Botero por la reciente oleada de violencia en el conflictivo departamento colombiano del Cauca. El senador Roy Barreras, quien había sido negociador del acuerdo de paz por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos, cuestionó al ministro por esconder que, entre los muertos del bombardeo contra los disidentes, que se produjo en agosto, había siete menores de edad.

La Fiscalía colombiana confirmó la información en un comunicado y elevó el número de menores de edad a ocho. “Los análisis médico-legales aún no han concluido. Hasta ahora se han identificado 15 cuerpos (8 menores de edad y 7 adultos) y 2 más permanecen sin identificar”, anunció el organismo público.

Ante las acusaciones, Botero había afirmado que todas las operaciones militares que ocurren en Colombia cumplen con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y calificó la información como “tergiversada” y “especulativa”.

Por su parte, Navarro, quien a partir de ahora ejercerá como ministro encargado, afirmó que “no se tenía conocimiento de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad” del líder disidente contra quien iba dirigido el operativo, conocido como alias Gildardo Cucho”. También afirmó que son los grupos armados ilegales quienes cometen crímenes al reclutar a menores.

Los hechos reviven el conflicto en Colombia

En una entrevista con la agencia EFE, el investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), Víctor Barrera, recordó que hay un principio de distinción que establece la importancia de diferenciar a un combatiente y un civil recogido en el DIH. “Cabe preguntarse bajo qué información se autoriza un bombardeo en ese tipo de situaciones pudiendo tener otras alternativas de atacar al objetivo militar”, agregó.

Por otro lado, medios locales publicaron que varias entidades habían avisado al Ejército de la presencia de menores en la zona que iba a ser bombardeada. El personero de Puerto Rico, defensor público en uno de los municipios de la región, Herner Carreño, denunció en repetidas ocasiones haber dado la alerta a las fuerzas armadas y haber informado de la muerte de tres menores de edad en ese bombardeo.

El escándalo sacudió a Colombia de manera profunda al revivir el fantasma de los llamados “falsos positivos”, los asesinatos de civiles a manos de las fuerzas armadas hechos pasar como bajas de guerrilleros. En mayo, el New York Times publicó una investigación según la cual el Ejército manejaba una directriz para duplicar la cantidad de criminales y rebeldes muertos o capturados sin “exigir perfección”.

En abril se registró otro caso que recuerda a los años más oscuros del conflicto en el país: el Ejército asesinó a sangre fría a un exguerrillero de las FARC, Dimar Torres. Botero aseguró que el asesinato se había producido como consecuencia de un “forcejeo”, pero poco después se demostró que el asesinato fue un crimen planeado.

Así, cerca del tercer aniversario del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, las peores aristas del conflicto armado vuelven a relucir en las regiones periféricas de Colombia, donde aún se libra una guerra.

Con EFE y medios locales

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