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Retiran cargos por complicidad con crímenes de lesa humanidad a Lafarge

Vista de la planta de cemento de Lafarge en Jalabiya, al norte de Siria.
Vista de la planta de cemento de Lafarge en Jalabiya, al norte de Siria. Delil Souleiman / AFP

Los tribunales franceses anularon la acusación contra el fabricante francés de cemento Lafarge por "complicidad en crímenes contra la humanidad". Sin embargo, el grupo sigue siendo investigado por "financiación del terrorismo".

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El Tribunal de Apelaciones de París anuló, este jueves 7 de noviembre, la acusación por "complicidad en crímenes contra la humanidad" que pesaba sobre la empresa francesa de cemento Lafarge, acusada de financiar a grupos terroristas en Siria para mantener la actividad de una de sus plantas, según informó una fuente judicial.

La sala de investigación del Tribunal de Apelaciones, por otro lado, confirmó las acusaciones contra la compañía cementera por "financiamiento del terrorismo", "violación de un embargo" y "poner en peligro la vida" de antiguos empleados de su planta de Jalabiya, en el norte de Siria.

Una acusación inédita contra una empresa

"La sala de investigación hizo la misma observación que nosotros, a saber, que no hay pruebas que justifiquen la acusación de Lafarge S.A. por este crimen", indicaron los abogados del grupo cementero, Christophe Ingrain y Rémi Lorrain.

"El tribunal reconoció que Lafarge nunca ha participado de ninguna manera en un crimen contra la humanidad" y "corrigió una decisión totalmente infundada" de los jueces de instrucción de las divisiones financiera y antiterrorista del tribunal de París, agregaron los letrados.

La acusación contra el grupo francés, que se fusionó en 2015 con la suiza Holcim, por "complicidad en crímenes contra la humanidad" había provocado fuertes reacciones en el mundo económico. Según la ONG Sherpa, esta fue un hecho sin precedentes a nivel mundial para una empresa.

Lafarge habría pagado cerca de trece millones a grupos armados en Siria

Se sospecha que la cementera francesa ha pagado entre 2011 y 2015, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), cerca de 13 millones de euros, en particular a grupos armados, entre los que se encuentra el autodenominado grupo Estado Islámico, para mantener la actividad de su planta de Jalabiya en el norte de Siria, mientras el país se sumergía en la guerra.

Ocho ex ejecutivos o gerentes, incluyendo al ex CEO de Lafarge, Bruno Lafont, fueron acusados de "financiar una empresa terrorista" y/o "poner en peligro la vida" de exempleados del sitio, en esta investigación judicial iniciada en junio de 2017 tras una denuncia de dos ONG y del Ministerio de Economía de Francia.

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