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La acería Ilva en Italia, del desastre sanitario al terremoto social

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Tarento (Italia) (AFP)

Era un desastre sanitario y ecológico. Ahora también es un terremoto social. Al anunciar que renuncia a hacerse cargo de la acería de Tarento, en el sur de Italia, ArcelorMittal compromete el futuro industrial de una de las regiones más pobres del país.

De la acería más grande de Europa se pueden divisar aún a kilómetros de distancia sus altas chimeneas, que por años fueron identificadas con su nombre histórico, Ilva, las cuales fueron reactivadas el año pasado por la multinacional del acero ArcelorMittal.

En el popular barrio de Tamburi, que linda con la enorme planta de 15 millones de m2, por años estuvieron orgullosos de trabajar en Ilva, por donde pasaron varias generaciones.

"Hoy en día ya no lo estamos, hemos sufrido demasiado con la contaminación, con las personas que se enferman y ahora con eso de que Mittal se marcha", confiesa Fabio Cocco, un empleado de la fábrica que el magnate indo-británico Lakshmi Mittal quiere dejar.

"Para no marcharse pide la autorización para despedir a 5.000 personas. El enésimo chantaje que hemos padecido. Estoy cansado", lamenta Cocco, de 45 años.

Los sindicatos convocaron una huelga de 24 horas este viernes en todos las plantas italianas del grupo, incluida la de Taranto.

El primer ministro Giuseppe Conte, oriundo de esa región, visitó la acería este viernes donde fue recibido en medio de protestas y al grito de "¡Queremos vivir!".

La multinacional ArcelorMittal llegó a un acuerdo en 2018 para comprar Ilva, cuya sede de Tarento emplea a 10.700 empleados, de los cuales 8.200 sólo en la ciudad sureña.

Pero el otrora pulmón industrial del sur de la península registró el año pasado una tasa de desempleo del 16,7%, que se eleva al 56,2% entre los jóvenes, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Propiedad del Estado hasta 1995, cuando Ilva fue vendida a la familia Riva, que fue encargada de renovarla tras la gran crisis del acero de los años 1980.

Fue en esos años cuando aparecieron las primeras sospechas de la relación entre la contaminación y el alto número de casos de cáncer, a menudo en niños habitantes de los barrios aledaños.

"Se veía el polvo tóxico flotar en el aire del barrio, pero nunca imaginamos que el problema también era invisible, que había sustancias como la dioxina", explica a la AFP Cosimo Martinese, de 70 años, jubilado de Ilva.

En 2012, la justicia italiana, tras una extensa investigación, ordenó modernizar todas las instalaciones "calientes" (altos hornos, plantas del combustible sólido coque) con el fin de remediar los problemas relacionados con las emisiones de gases que generaba la fábrica.

"Pero desde 2012 no se ha hecho nada, no se han aplicado las nuevas técnicas para frenar los problemas de contaminación que aún persisten", lamenta Cosimo Martinese.

- Responsabilidad política -

Para Pasquale Maggi, de 41 años, también trabajador de Ilva, "los responsables de la actual situación son los políticos que han preferido mantener la planta de Ilva en funcionamiento, a pesar de los riesgos para la salud que corre la población", sostiene.

Maggi menciona los numerosos decretos-leyes adoptados por sucesivos gobiernos "para eludir los niveles de contaminación fijados y posponer la fecha límite exigida por las autoridades judiciales" para remediar.

En 2015, la compañía pasó a ser administrada en forma extraordinaria por el Estado hasta cuando decidió confiar su destino a ArcelorMittal a través de una licitación internacional.

Sin embargo, el gigante del acero anunció el lunes que retiraba su oferta de adquisición, lo que causó una ola de indignación en Italia.

Para justificar su decisión, la siderúrgica franco-india adujo que Roma incumplió su promesa de darle inmunidad a sus directivas frente a los juicios legales por su planta altamente contaminante.

"El objetivo de Mittal al comprar Ilva era el de hacerse con su cartera de clientes para reforzar su posición dominante en el mercado del acero y luego retirarse", sostiene Fabio Cocco.

Según los sindicatos, el argumento de la protección legal es un pretexto porque el Estado está dispuesto a dárselo. Lo que al parecer quiere la multinacional es bajar la producción anual de 5,6 millones de toneladas actuales a 4 millones. Y eso equivale a recortar 5.000 empleos.

La planta de Tarento, que pierde 2 millones de euros al día, "es estratégica pero está sobredimensionada debido a la baja demanda de acero, razón por la cual Mittal quiere reducir los efectivos y la producción, de manera que sea mas productiva", explicó Fulvio Colucci, autor del libro "Invisibles: Vivir y morir en el Ilva de Tarento".

Según la Asociación Italiana para el Desarrollo del Sur (Svimez), el cierre de la planta equivaldría a una caída del 0,2% del PIB, una pérdida de 3.500 millones de euros.

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