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La peor crisis de Evo Morales y la encrucijada de Bolivia

Un póster con la plantilla del presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que se lee “Fraude” ante las instalaciones de la estatal TV y Radio Patria Nueva de Bolivia después de que los manifestantes lo cerraron durante una protesta contra el Gobierno en La Paz, Bolivia, el 9 de noviembre de 2019.
Un póster con la plantilla del presidente de Bolivia, Evo Morales, en el que se lee “Fraude” ante las instalaciones de la estatal TV y Radio Patria Nueva de Bolivia después de que los manifestantes lo cerraron durante una protesta contra el Gobierno en La Paz, Bolivia, el 9 de noviembre de 2019. Manuel Claure / Reuters

El amotinamiento de la Policía ha sacudido el conflicto postelectoral y ha puesto al presidente en su peor momento desde que asumió el poder hace casi 14 años por la escalada de manifestaciones que denuncian el supuesto fraude de su reelección.

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El motín de los agentes antidisturbios de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) que custodiaban el ingreso a la plaza Murillo de La Paz, donde está el Palacio de Gobierno y el Parlamento, permitió que centenares de manifestantes rodearan el lugar e instalaran sus propias barricadas con el propósito de controlar los accesos a los edificios estatales.

Los policías dijeron en un comunicado que la institución se debe a la protección del pueblo y que se suman “al mandato resuelto en el cabildo de la ciudad de Santa Cruz”, la instancia que hace una semana resolvió pedir la renuncia de Morales al considerar que la elección del pasado 20 de octubre estuvo viciada por el supuesto fraude.

El amotinamiento se extendió en el país con policías que se pusieron del lado de los manifestantes, marcharon con ellos y corearon estribillos contra la reelección del mandatario.

Posteriormente, el jefe de las Fuerzas Armadas, general Williams Kaliman, dijo que los militares nunca se enfrentarán con el pueblo y que “los actuales problemas generados en el ámbito político” deben ser solucionados “antes de llegar a momentos irreversibles”.

Morales insistió en denunciar un golpe de Estado, pero al mismo tiempo convocó a dialogar a los jefes de los cuatro partidos que ganaron escaños en el futuro Parlamento.

El candidato y expresidente Carlos Mesa (2003-2005), su principal adversario en los comicios pasados, y el candidato Óscar Ortiz han rechazado ese llamado tras considerar que no hay nada que negociar con el mandatario porque, según argumentan, se cometió fraude en los comicios. En cambio, el candidato coreano boliviano Chi Hyun Chung aceptó asistir al diálogo.

Los escenarios políticos se complican cada vez más en Bolivia al haberse llegado al punto en que se cumplen 18 días del conflicto que ha estallado a partir de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de dar a Morales la victoria en primera vuelta en los comicios del 20 de octubre.

El cómputo del TSE dio como ganador al gobernante con un 47,08% de los votos, un 10,57% más que los 36,51%, conseguidos por el expresidente Carlos Mesa (2003-2005).

La Constitución establece que no hay balotaje si el ganador supera al segundo por una diferencia de 10%. En este caso el 0,57 % que le da el triunfo a Morales en primera vuelta es igual a 37.000 sufragios de un total de 6,4 millones de votos emitidos.

Una comisión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó una segunda vuelta por los cuestionamientos al proceso y actualmente un equipo de la misma entidad realiza una auditoría a todo el proceso que prevé concluir el próximo miércoles.

Las opciones políticas y legales para solucionar la convulsión social

Una de las opciones políticas que se ha planteado para solucionar el conflicto es la renuncia del mandatario solicitada por el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convertido en un protagonista del conflicto al haber logrado paralizar esa ciudad desde hace 17 días y conseguido incluso el apoyo de los empresarios.

El dirigente ha ratificado que su propósito es entregar el lunes a Morales una carta de dimisión redactada por él mismo para que la firme, aunque el gobernante ha descartado esa medida.

Analistas consideran que la renuncia es la opción menos probable de que ocurra porque restan 74 días para que Morales cumpla su tercer mandato el 22 de enero del 2020, tras haber ganado en 2014 unas elecciones con un respaldo del 61%.

Al mismo tiempo, una renuncia podría convertir el panorama todavía más complejo porque implicaría el llamado a nuevas elecciones, pero conllevaría una sucesión constitucional a la que tienen derecho el vicepresidente del país, Álvaro García Linera; la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, todos oficialistas.

En declaraciones a France 24, el expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) propuso hoy que una solución a la crisis es que en la eventualidad de que la OEA sugiera una segunda vuelta entre Morales y Mesa, el primero decline de esa participación para poder acabar su tercer mandato sin verse ante la posibilidad de renunciar inmediatamente a su cargo.

No obstante, uno de los factores del problema es la falta de credibilidad de los actuales vocales del TSE y cuyo reemplazo han planteado todas las fuerzas contrarias al mandatario.

Desde la oposición crítica, el analista Iván Arias dijo a France 24 que es muy difícil que Morales renuncie a su tercer mandato y considera “que lo que realmente está en juego es la anulación de las elecciones y en el peor de los casos, la segunda vuelta”.

Si hay un llamado a votar de nuevo, según Arias, hará falta un “gran pacto político” para acortar los plazos constitucionales del proceso electoral y elegir a nuevas autoridades electorales.

Sin ese acuerdo, Morales podría seguir de presidente después del 22 de enero del 2020, cuando debe fenecer su tercer mandato, advirtió.

El analista Carlos Borth dijo a France 24 que Morales y su Movimiento al Socialismo (MAS) apuestan a la auditoría de la OEA para evitar cuestionamientos a su triunfo, pero de la misma “puede salir la segunda vuelta” porque existe el antecedente del primer informe del organismo.

“El Tribunal Supremo Electoral es el punto muerto”, dijo Borth porque, a su juicio, “nadie va a aceptar que esa institución organice y supervise una segunda vuelta, ni nuevas elecciones”.

En ese sentido, este analista señaló que es necesario “un proceso de concertación política”.

La Asamblea Legislativa, controlada por el gubernamental MAS, es la entidad que debería designar a los vocales del TSE.

“Las interrogantes son grandes, pero la solución es un acuerdo político, no hay otra posibilidad”, finalizó Borth, confiado en que finalmente los 37 años de historia democrática continua de Bolivia, pese a todos los conflictos, mostrarán su fortaleza para encontrar una salida a la crisis.

Morales y García Linera gobiernan Bolivia desde el 22 de enero del 2006. Ambos están en su tercer mandato que ganaron tras ser habilitados como candidatos con un recurso judicial, pese a que la Constitución establece solo dos mandatos consecutivos.

La búsqueda de un cuarto mandato contradice además el referendo del 21 de febrero del 2016, en el que una mayoría de los bolivianos había vetado la repostulación del mandatario.

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