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Violación a los DD.HH. en Chile: las heridas del pasado abiertas

Un policía detiene a un manifestante durante una protesta antigubernalmental en Santiago, Chile, el 13 de noviembre de 2019.
Un policía detiene a un manifestante durante una protesta antigubernalmental en Santiago, Chile, el 13 de noviembre de 2019. Goran Tomasevic / Reuters

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, solo en Santiago se han recibido 2.300 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos durante las protestas, en medio del estallido social que se registra en Chile desde el 18 de octubre.

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“Ahora estamos constatando lesiones, está traumado… le pegaron con toallas mojadas, lo luxaron, está traumado”. Este es el testimonio que publicó en redes sociales la hermana de Nicolás Laur Santis, la primera persona que presentó una denuncia por torturas ante la Justicia, en medio de las manifestaciones sociales en Chile.

El caso de Laur llevó a las autoridades a realizar un operativo especial para descartar un centro de tortura en el interior de la estación del metro Baquedano, donde el joven y otros compañeros, aseguraron haber permanecido retenidos por variar horas mientras funcionarios policiales los sometían a golpes, insultos y amenazas de muerte.

Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señala que es preocupante lo que ocurre en medio de las protestas: “Las violaciones a los derechos humanos son graves y reiteradas y hay violaciones que se repiten muchas veces… estos hechos han sido constatados por los 182 miembros del organismo que trabajan repartidos por el país.
 

Avanzan las investigaciones contra militares y policías

Según informó la Fiscalía Nacional de Chile, ya se encuentran en curso las investigaciones contra 14 efectivos policiales por el delito de tortura, en hechos que ocurrieron dentro del estado de emergencia que duro 9 días.

Una de las denuncias que pericia el Ministerio Público ocurrió en la comuna de Ñuñoa, en el oriente de la capital chilena, donde 12 uniformados habrían atacado a algunos manifestantes que fueron golpeados mientras protestaban en medio del toque de queda. El segundo caso involucra a otros dos policías que, según testigos, propinaron una golpiza a un joven que ya estaba esposado.

Dentro de las 20 víctimas fatales reportadas hasta el momento en medio de las manifestaciones, cinco habrían perdido la vida a manos de las fuerzas del orden.

El INDH indicó que ya presentó ante las autoridades competentes las querellas correspondientes por estos casos, de los cuales 4 personas murieron por herida de bala y otra tras ser arrollada por un vehículo militar.

Las heridas del pasado resuenan en todo Chile

Son muchas las voces que dentro y fuera de Chile se han levantado para rechazar el accionar de las fuerzas armadas y policiales durante el estallido social que vive el país austral. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) han llegado a conclusiones como que “el Estado está usando la fuerza para dañar”.

En una entrevista concedida a ‘Televisión Nacional de Chile’, la investigadora de AI, Pilar San Martín, destacó que “se han podido visibilizar demasiadas lesiones graves que demuestran que las personas están siendo intencionalmente atacadas en las partes superiores del cuerpo”.

En conversación con France 24, Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile, indicó que el exceso de violencia por parte de los uniformados durante las jornadas de movilización obedece a una “doctrina que hay desde la dictadura militar, en las fuerzas armadas y del orden”. Sánchez además agregó que “lamentablemente aún hay militares vinculados a las Fuerzas Armadas que hicieron parte del régimen y que han actuado con ensañamiento contra su propio pueblo. Hay cientos de personas, menores de edad, que han resultado heridas, recordando la brutalidad con la que se actuó durante 17 años en Chile”.

La respuesta del Gobierno es ampliamente criticada  

Luego de pronunciar la frase “estamos en guerra contra un enemigo poderoso”, el presidente Sebastián Piñera ha respaldado la acción de las fuerzas de seguridad, en el centro de la polémica mientras pululan en las redes sociales videos amateur de evidentes excesos de algunos uniformados.

Pero fue el propio Piñera que pidió a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que enviara al territorio chileno una misión especial para constatar la situación en el país, solicitud que fue atendida inmediatamente. Sin embargo, sectores políticos y sociales como el Partido Socialista han calificado de “pasiva” la acción del Ejecutivo en esta materia.


La bancada de comunistas e independientes anunciaron que acusarán constitucionalmente a Piñera “por violaciones a los DD.HH.” y dijeron que pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante “los numerosos atropellos de las Fuerzas Armadas y Carabineros”.

En entrevista con este medio, Rafael Andaur, periodista y magister en comunicación política de la Universidad de Chile, asegura que, desde el Palacio de La Moneda, lo único que se ha hecho “es evadir la responsabilidad” que tiene el Gobierno en el exceso del uso de la fuerza por parte de los militares. “Hoy las policías en Chile están completamente a sus anchas, haciendo lo que realmente quieren. Es solo cuestión de estar en alguna de las protestas o en alguna de las situaciones que se han estado generando para ver el nivel de represión que están cometiendo, un ejemplo muy puntual es el uso de los balines”.

Otro síntoma de la difícil situación que se registra en la nación sudamericana es la cantidad de personas con heridas oculares severas, producto del impacto de perdigones de goma disparados por uniformados durante las protestas. Según informó el Colegio Médico y la Sociedad Oftalmológica de Chile, son más de 180 los casos de pérdida de visión, como consecuencia del uso de este tipo de elementos disuasivos, superando por lejos otros conflictos como el palestino-israelí que en 6 años registró 154 lesiones oculares.

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