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El acuerdo político para una nueva Constitución en Chile no aquieta las divisiones

Manifestantes se movilizan junto a una estatua en medio de una nube de gas lacrimógeno durante las protestas en Santiago, el 15 de noviembre de 2019.
Manifestantes se movilizan junto a una estatua en medio de una nube de gas lacrimógeno durante las protestas en Santiago, el 15 de noviembre de 2019. Jorge Silva / Reuters

El anuncio del pacto alcanzado en la madrugada del viernes 15 de noviembre no tuvo una acogida unánime. Miles de personas sostuvieron las protestas contra el Gobierno y los partidos políticos enfrentan quiebres internos.

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Las divisiones abiertas por el estallido social en Chile parecen lejos de cerrarse, a pesar del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y amplios sectores de la oposición política para la redacción de una nueva Constitución, en reemplazo de la Carta Magna de 1980, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Si bien esta propuesta se acerca a las demandas de las protestas que iniciaron hace casi un mes en rechazo a la desigualdad social, el proyecto aún deberá enfrentar resistencias tanto de sectores políticos como ciudadanos.
Por caso, el viernes 15 de noviembre, horas después del anuncio del pacto alcanzado esa madrugada, miles de personas repitieron las marchas en distintas ciudades del país. La más importante se registró en Santiago, donde los manifestantes protagonizaron una concentración en Plaza Italia.

Si bien la Mesa de Unidad Social –la plataforma que aglutina a más de 70 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales y ha sido la principal organizadora de las protestas- aún no se expresó públicamente al respecto, distintos sectores sociales expresaron sus reparos al proyecto.

Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP (que rechaza el sistema privado de pensiones del país, destacó que “cualquier paso en la dirección de acabar con la Constitución del dictador (Augusto Pinochet) es un avance”, pero anticipó que las movilizaciones continuarán porque la demanda ciudadana no se modifica.

Por su parte, la Mesa de Unidad Social de Antofagasta rechazó varios términos del acuerdo y reclamó que “no tenemos que ser ingenuos” ante la nueva propuesta.

Además, al margen de la reforma constitucional y las distintas demandas sociales, los manifestantes quieren permanecer en las calles para denunciar las presuntas violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad desde el inicio de las protestas masivas el 18 de octubre.

Hasta el momento, al menos 22 personas han muertos y más de 2.200 han resultado heridas, mientras que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) acumula 346 querellas presentadas contra agentes policiales o militares, 5 de ellas por homicidio calificado, 7 por homicidio frustrado y 245 por torturas. Además, según ese organismo, 217 personas presentan traumas oculares por los disparos de perdigones en el rostro.

El quórum de dos tercios para la aprobación de la nueva Constitución despierta cuestionamientos

Según el acuerdo alcanzado entre diez partidos políticos de distintas corrientes ideológicas, los ciudadanos podrán votar en un plebiscito –en abril de 2020- y deberán responder dos preguntas: si quieren una nueva Constitución y si, para ello, optan por una convención mixta constitucional conformada por una mitad de parlamentarios y otra mitad de ciudadanos elegidos o por una convención constitucional con personas electas –en octubre de 2020- para trabajar ‘ad honorem’ en la redacción de la nueva Carta Magna.

Uno de los puntos que ha generado controversia es el quórum de dos tercios en el Congreso, como mínimo, para la aprobación del texto. Para algunos sectores, esta medida le reservaría un derecho a veto al oficialismo, dado que, si un tercio del Legislativo rechaza las modificaciones, el documento no sería refrendado.

La adhesión de los partidos al pacto tampoco garantiza su respaldo a la iniciativa. La líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI, integrante de la coalición gobernante Chile Vamos), Jacqueline van Rysselberghe, anticipó en declaraciones a la radio local Duna que votará en contra de la reforma constitucional en el plebiscito porque “este cuerpo legal, más allá de las críticas que se puedan hacer, nos ha permitido crecer en los últimos 30 años”.

En tanto, la decisión del diputado Gabriel Boric de adherir al acuerdo generó una fractura en el partido Convergencia Social, que integra la coalición izquierdista Frente Amplio. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, y otros 72 militantes anunciaron su salida del espacio a través de una carta, en la que denunciaron que la decisión tomada por las “instancias superiores del partido” no responde a las “transformaciones democráticas que requiere el momento actual”.

Por su parte, los partidos Humanista (PH) y Ecologista Verde (PEV), que también integran el Frente Amplio, se retiraron de las negociaciones, mientras que el Partido Comunista (PC) denunció que fueron invitados a participar de las conversaciones cuando la decisión estaba tomada y anticipó que participará del proceso, pese a contar con muchas reservas sobre sus términos.

Los mercados tuvieron una respuesta positiva tras el anuncio de acuerdo

Más allá de las resistencias sociales y políticas, el anuncio del acuerdo para la nueva Constitución de Chile tuvo una repercusión positiva en la economía.

El viernes 16 de noviembre, la Bolsa de Santiago cerró con un alza del 8% tras varios días de pérdidas y el peso frenó su desplome y cerró en 772 unidades por dólar, después de haber superado los 800 el jueves 15 de noviembre.

Por su parte, el IPSA, principal índice bursátil chileno, registró su mayor subida desde 2008 y llegó hasta los 4.862 puntos, tras haber perdido un 12,5% desde el inicio de la crisis social.

Con EFE y medios locales
 

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