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Un decreto que exculpa a las FF.AA. despierta alarma por los derechos humanos en Bolivia

Un grupo de militares observa a una mujer que porta la bandera indígena Whipala durante las protestas en La Paz, Bolivia, el 15 de noviembre de 2019.
Un grupo de militares observa a una mujer que porta la bandera indígena Whipala durante las protestas en La Paz, Bolivia, el 15 de noviembre de 2019. Marco Bello / Reuters

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó una medida del Gobierno interino que exime de “responsabilidad penal” a militares que intervengan en operativos conjuntos con la policía. El Ejecutivo provisorio sostuvo que la norma “no es una licencia para matar”.

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La preocupación por la posible violación de los derechos humanos en Bolivia va en aumento. Justo antes de que al menos nueve cocaleros murieran cuando fuerzas de seguridad detuvieron una marcha en Sacaba el viernes 15 de noviembre, el Gobierno interino había aprobado un decreto que exculpa de “responsabilidad penal” a los oficiales de las Fuerzas Armadas que participen en operativos conjuntos con la policía para “el restablecimiento del orden y estabilidad pública”.

La medida salió a la luz pública el sábado 16 de noviembre y, rápidamente, recibió la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que alertó que “desconoce los estándares internacionales de DD. HH. y por su estilo estimula la represión violenta”.

“Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DD. HH.”, agregó el organismo.

Este cuestionamiento se sumó al que había expresado la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, que consideró que policías y militares hicieron un “uso innecesario o desproporcionado de la fuerza” en la disuasión de la marcha de cocaleros afines al expresidente Evo Morales en Sacaba, cuando estos intentaban avanzar hacia Cochabamba. Además, la expresidenta chilena advirtió que, en este contexto, la situación en Bolivia “puede salirse de control”.

La CIDH también confirmó que los episodios de Sacaba dejan, hasta el momento, 9 muertos y 122 heridos, mientras que al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas desde el inicio de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Entre las víctimas mortales, 3 fallecieron antes de la renuncia de Evo Morales y 20 en los días posteriores.

El Gobierno defendió el decreto y aclaró que “no es una licencia para matar”

Ante el revuelo generado por la difusión del decreto, el ministro interino de la Presidencia, Jerjes Justiniano, justificó la medida, aduciendo que solo “ratifica” una atribución contemplada en el Código Penal de que “si es en defensa propia, no hay penalidad”.

“De ninguna manera esto constituye una licencia para matar. Es un elemento disuasivo porque lo que pretende el Gobierno es sencillamente evitar la confrontación”, remarcó Justiniano.

Por su parte, la declarada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, se reunió el sábado 16 de noviembre con el enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Jean Arnault, quien expresó su deseo de contribuir a un “proceso acelerado de pacificación” en el país.

Este domingo 17 de noviembre, Arnault –un experimentado diplomático francés que supo supervisar el proceso de paz de Colombia- comenzará una serie de reuniones con diferentes actores políticos y sociales para avanzar en una salida a la crisis.

Evo Morales expresó su “miedo” a una guerra civil en Bolivia

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, el expresidente Evo Morales admitió tener “mucho miedo” de que se desate una guerra civil en Bolivia a raíz de las tensiones existentes e insistió en la necesidad de un “diálogo nacional” para evitar una escalada del conflicto.

“Hago un llamado a mi pueblo, del campo o de la ciudad; pobres, humildes o pudientes que ostentan el poder económico, a que no podemos estar enfrentados, peleando”, remarcó.

En ese sentido, Morales se mostró a favor de una mediación internacional con presencia de la ONU, la Unión Europea o la Iglesia católica.

Además, fue muy crítico con el papel de las Fuerzas Armadas y los policías “que conspiraron y se amotinaron” y “ahora están matando al pueblo”. “Para que no haya hechos de sangre, renunciamos. Pero ahora viene el golpe de estado y una dictadura con semejante matanza”, advirtió.

Por otro lado, el exmandatario aseguró que su renuncia del domingo 10 de noviembre -horas después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) presentara un informe señalando irregularidades en la victoria de Morales en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 20 de octubre y que el entonces presidente anunciara una repetición de los comicios- se dio “para evitar un baño de sangre, pero fue peor porque así es la derecha boliviana”.

Con EFE y AP

 

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